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Perentoria la orden presidencial: “Ningún gobernador, ni alcalde, pueden adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas”. Al de Nariño le cayó el baldado de agua. Como decía un viejo y cansado rector universitario para romper los diálogos monótonos de sus decanos: “Ya pasó la deliberación, ahora viene la obediencia”.
El Gobierno ha venido adelantando una lucha a fondo contra toda clase de estructuras criminales que asfixian a Colombia. Son muchas las violencias, hoy agravadas por el uso de drones: violencia urbana, violencia rural, violencia generada por el narcotráfico, por la minería ilegal, por el contrabando. Violencias heredadas de los capos del terrorismo cocalero cuando volaron con dinamita vidas humanas y edificios de las grandes ciudades. Podríamos asegurar que Colombia tiene un récord mundial en las diversas modalidades en que se ramifica la demencial violencia.
Erradicarla no es empresa fácil. Tiene raíces muy profundas. Gobiernos que fueron laxos, unos por ingenuos, y otros porque creyeron que aplicando de forma abusiva “Estatutos de seguridad” encontraban la panacea. No supieron evaluar la capacidad terrorista de la subversión y hasta dónde era capaz de poner en jaque al Estado. Fue una violencia acunada en las pugnas entre liberales y conservadores con sus guerras y guerritas, que arrancan desde el decimonónico, que se fueron perfeccionando para vigorizar su capacidad letal y su accionar criminal. Algunos más cándidos –o interesados en la anarquía– creyeron que con diálogos que no conducían a ninguna parte podían convencer a los delincuentes de que con la urbanidad de Carreño se podría sustituir –y hasta archivar– el código penal. El mal tomó fuerza, y la violencia se intensificó en el Gobierno pasado hasta llegar a unos niveles insoportables que ya la sociedad colombiana está hastiada de soportar.
Desmontar toda esta herencia de terrorismo no será fácil tarea. Hay 29.000 alzados en armas. Son muchos los ejércitos irregulares que copan la mayor parte de la geografía nacional. Existen regiones enteras en donde imponen sus reglas, dictan sus disposiciones y manejan la vida y los bienes de los asociados. Nada se mueve en determinados territorios sin su permiso porque están sometidos a su jurisdicción. Son Estados irregulares, configurados caprichosamente dentro del Estado constitucional colombiano.
La presencia de la institucionalidad en todo el territorio nacional es hoy una ficción. El ciudadano no goza de protección para reclamar sus derechos cuando son conculcados, porque se encuentra con poderes fácticos e intimidatorios exorbitantes. Abundan funcionarios amenazados para dictar sentencias en justicia. Muchas investigaciones caen en la red de la prescripción, en la más absoluta impunidad.
Es dura la misión que tiene el presidente por delante. Heredó una nación desbaratada en el orden público, debilitada por el sismo y con problemas fiscales, financieros, de endeudamiento externo, en salud, educación, obras públicas, energía. Reconstruir el país va a demorar. Hay que asimilar la gravedad de los desafíos para comprender y no caer en la desesperación. Pero trabajar, como lo viene haciendo el Tigre, y paralelamente vigilar para que se cumpla lo prometido.
