Las empresas transportadoras de gas natural Promigas, TGI —filial del Grupo Energía Bogotá—, Promioriente, Transmetano y Transoccidente rechazaron de manera categórica la información divulgada por el Gobierno Nacional sobre presuntos cobros indebidos en las tarifas de transporte de gas natural.
En un comunicado conjunto, las compañías respondieron al anuncio realizado el pasado 4 de marzo por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en el que se mencionó la posibilidad de devolver recursos a los usuarios finales por un supuesto traslado de sobrecostos relacionados con la tasa de descuento aplicada en el transporte de gas.
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Según las empresas, la información difundida por el Ministerio no corresponde a la realidad de la aplicación regulatoria en el sector.
Empresas dicen que no hay razones para ordenar devoluciones a los usuarios
Las transportadoras afirmaron que han aplicado de manera “estricta, transparente y rigurosa” la regulación expedida por la Creg, incluyendo la metodología tarifaria vigente para el transporte de gas natural.
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De acuerdo con las compañías, la tasa de descuento utilizada en el cálculo tarifario ha sido aplicada correctamente, conforme a lo establecido por la regulación vigente.
En ese sentido, reiteraron que no han generado ni trasladado sobrecostos a los usuarios del servicio de gas natural, por lo que, a su juicio, no existirían razones para ordenar devoluciones a los usuarios.
Laudo arbitral respaldó la aplicación de la tasa de descuento
Las empresas también citaron un laudo arbitral emitido el 11 de febrero de 2026, que resolvió un conflicto entre Transmetano y Empresas Públicas de Medellín (EPM) relacionado con la tasa de descuento aplicable a la actividad de transporte de gas.
Según las transportadoras, la decisión arbitral concluyó que Transmetano actuó conforme a la regulación vigente, lo que implicaría que la tasa de descuento utilizada en el transporte de gas fue aplicada correctamente.
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Empresas aún no han sido notificadas de orden de devolución
Otro de los puntos destacados por las compañías es que hasta el momento no han sido notificadas oficialmente de ninguna decisión administrativa que ordene la devolución de recursos a los usuarios en los términos mencionados por el Gobierno.
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Las transportadoras señalaron que una vez conozcan formalmente los actos administrativos correspondientes, procederán a analizar su contenido y alcance con el rigor técnico y jurídico necesario.
Asimismo, indicaron que, de ser necesario, acudirán a las instancias judiciales competentes con el fin de garantizar el respeto del ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica y las competencias institucionales establecidas en la legislación colombiana.
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