El debate sobre el futuro de los pagos digitales en Colombia sigue encendido.
El Ministerio de Hacienda detalla un decreto que pretende unificar la retención en la fuente del 1,5% aplicada a pagos con tarjetas y pagos electrónicos de bajo valor —como los realizados a través de billeteras digitales y códigos QR—, lo que podría convertirse en un golpe para la agenda de inclusión financiera y digitalización de pagos.
En teoría, la medida busca “igualar el tratamiento tributario” entre diferentes medios de pago.
Pero en la práctica, advierten los expertos, termina castigando la innovación y premiando el uso del efectivo, justo cuando Colombia intenta acelerar la adopción de herramientas digitales como Bre-B, la plataforma de pagos inmediatos del Banco de la República.
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La informalidad: el obstáculo estructural de la inclusión financiera
El problema de fondo es más profundo: seis de cada diez trabajadores colombianos son informales.
Esto significa millones de personas fuera del sistema financiero formal, sin historial crediticio ni acceso a servicios bancarios, lo que perpetúa su dependencia del efectivo y del financiamiento informal.
Para el centro de estudios ANIF, en su reciente comentario económico, la alta informalidad “limita la digitalización de pagos al mantener a gran parte de la población fuera del sistema financiero formal”.
Es decir, mientras el país busca avanzar hacia una economía más moderna y trazable, las políticas fiscales podrían estar tirando en sentido contrario.
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El decreto de MinHacienda que pone freno a la innovación
El nuevo decreto pretende que todas las transacciones —con tarjetas o medios digitales— paguen la misma retención del 1,5% sobre la venta de bienes o servicios.
Esto incluye plataformas como Nequi, Daviplata o Bre-B, incluso para operaciones de bajo monto.
El problema, advierte ANIF, es que estas plataformas son precisamente la puerta de entrada al sistema financiero para millones de personas que nunca habían tenido una cuenta o acceso a medios electrónicos.
Imponerles una retención podría desincentivar su uso, empujando nuevamente a los pequeños comerciantes hacia el efectivo, alerta José Ignacio López, presidente de ANIF.
“La medida representa un traspié para la reciente implementación de Bre-B. En lugar de equilibrar las condiciones, introduce obstáculos que pueden ralentizar su adopción y perpetuar la preferencia por el efectivo”, señala el centro de estudios.
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Los cálculos de ANIF: más recaudo a corto plazo, menos formalización a futuro
Según un estudio conjunto entre ANIF y Colombia Fintech, eliminar la retención, en lugar de aumentarla, podría fortalecer la formalización y generar beneficios fiscales sostenibles.
El análisis estima que, si se eliminaran las retenciones, habría una reducción transitoria del recaudo nacional en $5.621 millones hasta 2026, pero a partir de 2028 el efecto neto sería positivo, con un balance acumulado favorable de $223.469 millones a 2034.
“Es una decisión equivocada —advierte ANIF—. El Gobierno prefiere sacrificar los avances en inclusión financiera para atender necesidades fiscales inmediatas”.
Para Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, en entrevista con EL COLOMBIANO, el decreto va en contra de la interoperabilidad que se buscaba con Bre-B.
“Bre-B se creó para eliminar fricciones en las transacciones digitales. Si ahora le ponen una retención del 1,5%, se desincentiva su uso y se favorece al efectivo, que no paga ningún impuesto”, afirmó.
Santos recordó que, según el Banco de la República, el 80% de las transacciones en Colombia se hacen en efectivo, frente a solo un 14 % con transferencias electrónicas y un 6% con tarjetas.
“Para un micronegocio, cada retención es un golpe al flujo de caja. Significa que por cada pago que recibe, deja de percibir el 1,5%. Eso los empuja de nuevo a la informalidad”, añadió.
El dirigente gremial también citó el ejemplo de Brasil, donde el solo anuncio de fiscalización a la plataforma Pix redujo las transacciones 15,3% en dos semanas.
“En lugar de castigar los pagos digitales, el país debería eliminarlos y fortalecer la confianza en la interoperabilidad”, concluyó Santos.
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Asomicrofinanzas: “Cada peso cuenta para los pequeños negocios”
La advertencia también llegó desde Asomicrofinanzas, gremio que agrupa a las entidades de microcrédito del país.
“Las medidas tributarias de este tipo podrían convertirse en una nueva barrera para la inclusión financiera y la formalización de las microempresas”, señaló el gremio en un comunicado.
De acuerdo con la organización, los medios digitales son la principal puerta de acceso al crédito y al ahorro formal para miles de emprendedores. Por eso, imponer costos adicionales puede hacer que muchos abandonen el ecosistema digital.
Asomicrofinanzas destacó que Bre-B, impulsado por el Banco de la República, es una herramienta clave para reducir el uso del efectivo, fomentar el ahorro y fortalecer la base financiera de las familias.
El Observatorio Fiscal: “Una mala idea que va contra la inclusión”
Desde la academia, la alerta también es clara. Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, fue contundente. “Colombia es de los pocos países que le pone impuestos a las transacciones financieras. Eso va en contra de la bancarización, porque la gente siente que tener cuenta es pagar más impuestos”.
Salazar advirtió que lanzar una retención simultáneamente con la puesta en marcha de Bre-B “socava el esfuerzo y los recursos invertidos en crear una plataforma pública gratuita e interoperable”.
“Es una muy mala idea. Se corre el riesgo de haber perdido la plata invertida en el desarrollo de esa infraestructura”, dijo.
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Todos los expertos coinciden en que la retención del 1,5% es un retroceso para la inclusión financiera y la digitalización de pagos. Si el objetivo del Gobierno es reducir el uso del efectivo, la medida envía el mensaje contrario.
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