Colombia está a pocas semanas de dar un giro en su legislación laboral. El Gobierno Nacional ultima un decreto que regulará el trabajo en plataformas de reparto como Rappi y DiDi Food, una de las apuestas más relevantes de la reforma laboral.
La iniciativa será presentada en la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, como un caso de adaptación normativa a los empleos del siglo XXI, así lo reveló El Espectador.
Aunque la reforma ya lleva cerca de un año en vigencia, este capítulo, uno de los más polémicos, aún no se había implementado.
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Aportes a salud y pensión: cómo se repartirán los costos
El corazón del decreto está en la seguridad social. La nueva regla plantea un esquema mixto; por un lado, las plataformas asumirán el 60% de los aportes a salud y pensión, mientras que los repartidores independientes pagarán el 40% restante.
En cuanto a riesgos laborales, el cambio es más evidente ya que el cubrimiento será asumido en un 100% por la empresa.
Este modelo rompe con el esquema anterior, en el que los repartidores debían cubrir por completo sus cotizaciones o, en muchos casos, quedaban por fuera del sistema debido a ingresos inestables.
Dos tipos de trabajadores: autónomos y subordinados
El decreto introduce una clasificación que busca zanjar uno de los debates más intensos del sector. En ese orden, habrá dos categorías:
-Autónomos: mantendrán flexibilidad, sin subordinación directa, pero con acceso al sistema de seguridad social bajo el nuevo esquema.
-Subordinados: tendrán contrato laboral formal, deberán cumplir horarios, acatar instrucciones y recibirán al menos un salario mínimo, con todos los derechos laborales.
En la práctica, sin embargo, el mercado seguirá dominado por independientes. Según datos de Alianza Inn, el 99,9% de los repartidores opera hoy bajo esquemas de autonomía.
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Plataforma tecnológica: la apuesta del MinTIC para formalizar
El nuevo modelo se soportará en una plataforma digital desarrollada con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic).
Este sistema tendrá varias funciones clave como el registro de los repartidores activos, así como calcular el ingreso base de cotización.
En esta plataforma también se podrán canalizar los aportes de empresas y trabajadores. Por lo tanto, la base de cotización se calculará sobre el 40% del total de ingresos mensuales del repartidor, reconociendo la naturaleza variable del trabajo en plataformas.
El contexto explica la urgencia de la medida por el Ministerio del Trabajo. Según el Dane, la informalidad laboral en Colombia alcanza el 55%.
En el caso de las apps, el universo es más amplio, por ejemplo, en 2024 se registraron más de 600.000 cuentas activas de repartidores.
Sin embargo, la cifra no equivale a personas únicas, debido al fenómeno del “multiapping”, donde un mismo trabajador opera en varias plataformas.
Además, muchos ingresos están por debajo del salario mínimo, lo que históricamente ha dejado a estos trabajadores por fuera del sistema de protección social.
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¿Quién paga el ajuste? Empresas podrían trasladar costos
Uno de los puntos sensibles es el impacto económico. Las plataformas deberán asumir una parte significativa de los aportes, lo que implica mayores costos operativos.
Según el gremio, cada empresa decidirá si absorbe ese costo o lo traslada al usuario final mediante tarifas más altas, en función de la competencia. Aun así, desde el sector hay señales de disposición a avanzar en la formalización.
El Gobierno busca escalar el modelo, teniendo en cuenta que la idea es que esta plataforma también incluya a otros grupos con alta informalidad como trabajadores domésticos, agricultores y personas que laboran en la economía popular.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también destacó el fortalecimiento de las “bases de protección social”, integradas con los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), donde el Estado complementa aportes.
Lo anterior lo mencionó porque 440.000 repartidores de plataformas están por formalizarse; al igual que 60.000 madres comunitarias y cerca de 500.000 trabajadoras domésticas. A esto se suman 410.000 aprendices del Sena que ya han sido formalizados recientemente.
En el sector rural, donde la informalidad alcanza el 83%, también se proyecta implementar el sistema.
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