Tan solo han pasado 47 días desde que empezó a regir el aumento del salario mínimo del 23,7% decretado por el Gobierno Nacional y, si bien fue suspendido provisionalmente, los estragos derivados del mismo se han hecho sentir con fuerza. Es un hecho: el alza no solo impactó la nómina de las empresas.
En sectores intensivos en mano de obra como vigilancia y aseo, el ajuste se tradujo en una presión inmediata sobre los contratos con clientes, que en muchos casos no estaban preparados para asumir ese incremento y esto ha derivado en recortes de personal en lugares como centros comerciales, unidades residenciales, hoteles y demás.
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EL COLOMBIANO conoció el testimonio de varios trabajadores que manifestaron verse afectados por esta situación; algunos de ellos entraron en los recortes de personal que implementaron en sus puestos de trabajo, quedándose sin empleo.
Carlos Yepes, de 32 años, llevaba tres años como vigilante para una famosa empresa que le prestaba los servicios de vigilancia a un centro empresarial del Valle de Aburrá. Trabajaba en turno fijo nocturno, lo que le permitía estudiar en el día una tecnología en logística.
A comienzos de año, tras la renegociación del contrato con la copropiedad, la empresa redujo un puesto de vigilancia y reorganizó los turnos. Carlos fue trasladado a un esquema rotativo que incluía jornadas diurnas.
“Me dijeron que era eso o nada. Con el turno nuevo ya no podía ir a clase. Intenté cuadrar horarios, pero no me dieron opción”, cuenta. Sin posibilidad de sostener estudio y trabajo al mismo tiempo, decidió renunciar.
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Y es que para hacerse a una idea del panorama, Raquel Garavito, presidenta de Fedeseguridad, le contó a este medio que el impacto en el sector de la vigilancia es directo porque más del 80% de la estructura de costos corresponde al personal operativo.
Actualmente hay cerca de 400.000 vigilantes formales en Colombia, vinculados a más de 955 empresas supervisadas por la Superintendencia de Vigilancia. La tarifa mínima del servicio está regulada por el Estado y se ajusta automáticamente cuando sube el salario mínimo.
Pero este año el impacto fue mayor. Un puesto de vigilancia 24 horas con arma —que implica tres turnos— costaba en 2025 alrededor de $15,3 millones mensuales. Hoy está cerca de $18,8 millones. El aumento no solo obedece al salario mínimo, sino también a los cambios introducidos por la reforma laboral: reducción de jornada de 48 a 42 horas, ampliación del recargo nocturno y mayores pagos por dominicales y festivos. En la práctica, el incremento total en costos para el sector se acerca al 31%.
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Aunque no se habla de despidos masivos, sí se están viendo ajustes operativos. Algunas copropiedades y empresas están migrando de esquemas 24/7 a coberturas parciales, reorganizando turnos o explorando soluciones tecnológicas. Sin embargo, el gremio insiste en que la tecnología es complementaria y no sustituye al vigilante en entornos críticos.
También advierten un riesgo mayor: la contratación de esquemas informales o empresas sin licencia, lo que puede derivar en sanciones de entre 20 y 40 salarios mínimos.
Aseo: “nos dicen sáquenme 10 personas y le pago lo mismo”
Marta Rodríguez, de 28 años, trabajaba en una empresa de aseo asignada a un centro comercial en Medellín. El contrato no fue reajustado en el porcentaje completo del salario mínimo y la administración pidió reducir personal para mantener el mismo valor mensual.
“Éramos siete en el turno. Sacaron a dos y nos dijeron que tocaba repartir las zonas. A la semana siguiente me llamaron y me dijeron que mi puesto quedaba suspendido porque la asamblea iba a revisar el contrato en marzo”, relata.
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El panorama es igual de complejo en el sector de aseo, donde operan en promedio 450.000 trabajadores —400.000 mujeres y 50.000 hombres, según datos de Fenaseo—, en su mayoría cabeza de familia y devengando salario mínimo.
María del Pilar Rodríguez, directora ejecutiva de Fenaseo, explica que las empresas presupuestaron en noviembre un incremento cercano al 12%. El ajuste del 23,7% desbordó completamente esas proyecciones.
El problema es de flujo de caja inmediato: en enero ya debían pagar nómina con el nuevo salario, pero muchos clientes —centros comerciales, clínicas, empresas privadas— aún no habían ajustado sus contratos.
La negociación está siendo dura. “¿Quién acepta un aumento del 23% en un contrato?”, argumenta la dirigente gremial. En muchos casos, la respuesta de los contratantes ha sido mantener el mismo presupuesto pero reducir personal.
Es decir, si un contrato era de $200 millones y el ajuste implicaba subirlo a $220 millones, la solución propuesta ha sido eliminar entre 4 y 10 puestos de trabajo para mantener el valor original. “Las personas que permanecen les toca hacer un esfuerzo adicional debido a esta coyuntura para cubrir las funciones de quienes salen”, cuenta la líder gremial.
Entre los escenarios donde se presentan estas situaciones están los centros comerciales y compañías privadas, de acuerdo con lo dicho por los gremios. Además, las decisiones suelen aplazarse hasta las asambleas de marzo, dejando meses de transición con reducción de personal.
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Crece la informalidad
El efecto también se está sintiendo fuera del sector empresarial. En hogares, por ejemplo, familias que antes contrataban servicio de aseo cuatro o cinco días a la semana ahora lo reducen a uno. Otros optan por contratar directamente a personas por valores inferiores, sin seguridad social ni prestaciones.
La lógica que le han reportado a los gremios es que las personas optan por pagar $40.000 en efectivo, puesto que les resulta más barato que contratar un servicio formal que puede costar entre $80.000 y $100.000 por jornada.
El resultado es una mayor informalidad y precarización laboral. Además, se está generando otra tensión: mientras el salario mínimo subió de manera obligatoria, muchos salarios administrativos, que estaban apenas por encima, no se ajustaron en la misma proporción. Esto ha provocado inconformidad y, en algunos casos, salidas de personal para equilibrar presupuestos.
El llamado de los gremios
Desde vigilancia piden fortalecer la inspección para frenar la informalidad y la competencia desleal.
Desde aseo apelan a la “sensatez” de los contratantes para no recortar lo que consideran una masa crítica esencial. Un centro comercial mal vigilado o una clínica con menos personal de limpieza no solo afecta el empleo, sino la seguridad y la salud pública.
El escenario podría cambiar tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto del aumento del 23,7% en el salario mínimo. Sin embargo, los recortes y ajustes ya empezaron a sentirse, y ahora la incertidumbre recae sobre qué pasará con las empresas y los trabajadores en los próximos meses.
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¿Cuántos empleos afectados?
En vigilancia, algunas estimaciones basadas en metodologías del Banco de la República ubican un posible rango de afectación entre 10% y 15%, aunque el impacto depende del tipo de servicio, la región y la capacidad presupuestal del contratante.
En aseo, los gremios hablan de reducciones cercanas al 20% en algunos contratos específicos donde no se aceptó el ajuste tarifario. Ambos sectores coinciden en un punto: no están en contra del aumento del salario mínimo, pero advierten que cuando el ajuste supera las proyecciones presupuestales, la presión se traslada al empleo.
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