Chile volvió a encabezar la región. El más reciente Índice de Prosperidad 2025-2026, elaborado por HelloSafe, lo posiciona como el país con mejores resultados en América Latina, seguido por Uruguay y Panamá.
El estudio no se limita al tamaño de la economía, construye su medición a partir de seis variables clave: PIB per cápita, Renta Nacional Bruta por habitante, tasa de ahorro, Índice de Desarrollo Humano, coeficiente de Gini y niveles de pobreza.
Las variables son ponderadas para evaluar no solo ingresos, sino también calidad de vida y distribución de la riqueza.
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El estudio evaluó a 186 países y parte de una idea sencilla: la riqueza no se mide únicamente por lo que produce un país, sino por cómo viven sus ciudadanos.
Con ese enfoque, el ranking deja ver diferencias claras entre los países latinoamericanos, tanto en la parte alta como en la baja de la tabla.
¿Cómo le fue a Colombia en el Índice de Prosperidad 2025-2026?
Para Colombia, el resultado es una señal para revisar dónde están las tareas pendientes. Más allá de las posiciones, el listado abre una conversación de fondo sobre qué significa realmente prosperar en la región.
Colombia ocupó la posición 16 en América Latina con 25,87 puntos. Frente al líder hay una gran diferencia. Chile ocupó la primera posición con 43,19 puntos; Uruguay fue segundo con 42,48 puntos; y Panamá quedó tercero con 40,36 puntos.
El país quedó por debajo también de Argentina, que ocupó la cuarta posición con 38,18 puntos, y de República Dominicana, quinta con 37,39 puntos. A su vez, Colombia se ubicó ligeramente por encima de Bolivia, que ocupó la posición 17 con 25,32 puntos, y de Venezuela, que fue 18 con 25,28 puntos.
Colombia, el octavo peor país del Índice de Prosperidad en Latinoamérica
Para Clara Inés Pardo Martínez, profesora titular de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, el rezago colombiano se explica por debilidades estructurales evidentes.
Según la académica “la seguridad territorial es incompleta; la presencia estatal en las regiones periféricas es desigual; la alta informalidad laboral (55-58 %) afecta la productividad, la recaudación y la protección social; existen brechas en la calidad educativa; la justicia es lenta y se percibe impunidad; la infraestructura logística es insuficiente; la sofisticación productiva es baja; y las exportaciones continúan concentradas principalmente en commodities”, puntualizó.
Alejandro Espitia, politólogo y docente de la Universidad Javeriana, advierte que el problema no es solo de tamaño económico, sino que “lo relevante es cuánto produce un país medido por persona para poder hacer una comparación más justa sobre el nivel de prosperidad”.
Agregó que el reto inmediato es preservar la estabilidad institucional y “lograr tener una institucionalidad fuerte. Adicionalmente que el Banco de la República conserve su independencia real y la justicia la conserve”.
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¿Cómo está Latinoamérica en prosperidad económica?
La región muestra contrastes marcados. Chile lideró con 43,19 puntos, mientras que Haití cerró la clasificación regional en la posición 23. La diferencia entre ambos supera los 25 puntos.
Detrás de Chile se ubicaron Uruguay con 42,48 puntos y Panamá con 40,36 puntos. Más adelante aparecen México, que ocupó la posición 9 con 33,22 puntos; Perú, que fue 10 con 32,53 puntos; y Brasil, que ocupó la posición 13 con 29,57 puntos.
Para Pardo, la explicación de esta brecha es histórica y estructural, ya que “revela tres herencias históricas: Instituciones extractivas vs. inclusivas. Trampas de informalidad y baja productividad. Violencia y fragilidad del Estado. No es solo ‘pobreza’: es un problema de arquitectura institucional acumulada durante décadas”.
Espitia enfatiza que “no es un problema de qué tan pareja es la distribución del ingreso sino de qué tal nos va en los indicadores relevantes que miden la prosperidad”.
Países con mayor producción por habitante, estabilidad institucional y servicios públicos sólidos tienden a posicionarse mejor, incluso si enfrentan desafíos distributivos.
Pardo también señala que los líderes regionales se encuentran ante una serie de desafíos estructurales y coyunturales que podrían comprometer los avances alcanzados.
Advierte sobre “riesgos que tienen el potencial de generar retrocesos significativos, tales como la persistencia de altos niveles de desigualdad, el envejecimiento demográfico de la población, la exposición a choques externos y la posible fatiga institucional derivada de un entorno político cada vez más polarizado o de un incremento en el descontento social”.
Según Pardo, la combinación de estas amenazas exige una gestión estratégica y sostenida que permita fortalecer las capacidades institucionales y sociales frente a escenarios complejos y en constante transformación.
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