Un cambio de fondo en las reglas laborales está a punto de entrar en vigor en Colombia y ya empieza a mover las cuentas de las empresas. A menos de 3 meses de que se complete la reducción de la jornada laboral a 42 horas, prevista en la Ley 2101 de 2021, el ajuste no solo redefine la organización del trabajo, sino que también eleva los costos operativos en un momento de alta presión económica.
Las consecuencias, según advierte la firma Crowe Co Colombia, pueden ser significativas: hasta el 30% de las pequeñas y medianas empresas del país podrían desaparecer ante el aumento de los costos laborales. El cambio normativo se materializa el 15 de julio de 2026, cuando la jornada máxima pasará definitivamente de 48 a 42 horas semanales.
Un día después, el 16 de julio, dejará de ser obligatorio el Día de la Familia. La medida, que no implica reducción salarial, busca mejorar la calidad de vida y la productividad, permitiendo reorganizar horarios en esquemas de cinco o seis días.
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Más costos en menos horas: el núcleo del problema
Pero el ajuste no llega solo. Desde el 1 de julio de 2026, el recargo por trabajo en días de descanso obligatorio subirá al 90%, lo que, sumado a la menor jornada, cambia de forma directa la estructura de costos de las empresas y su operación diaria.
El punto crítico está en el salario, aunque el mínimo subió 23,7% para este año, la reducción de horas no permite disminuir ni el ingreso mensual ni el valor de la hora ordinaria. En la práctica, esto encarece automáticamente cada hora trabajada. “Se paga lo mismo por menos horas”, explicó Juan Carlos Arbeláez, socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co Colombia, al describir lo que denomina un “efecto tijera”.
El impacto no se queda ahí. El aumento en recargos, horas extra y turnos amplifica la presión, especialmente en sectores que operan de forma continua o en horarios extendidos, como comercio, restaurantes, bares, hoteles, vigilancia y transporte. Estas actividades dependen en gran medida de jornadas nocturnas, dominicales y festivas para sostener ingresos y cobertura.
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Señales en empleo y sostenibilidad empresarial
El entorno macroeconómico agrava el panorama. Con una tasa de interés del Banco de la República en 11,25%, una inflación anual de 5,56% a marzo y un interés bancario corriente de 17,84% efectivo anual en abril, el acceso al crédito se encarece y reduce la capacidad empresarial para absorber nuevos costos. “Este entorno limita el margen de maniobra de las compañías”, advierte el análisis.
Las primeras reacciones ya se están viendo. Un sondeo de Fenalco revela que el 40% de las empresas ha reducido operaciones nocturnas, dominicales o festivas, y otro 27% planea hacerlo. Además, el 51% de los empresarios reconoce estar poco o nada preparado para asumir el nuevo paquete de costos laborales. En paralelo, el 71% anticipa una reducción de empleo durante el año, lo que muestra que el impacto ya se traduce en decisiones concretas.
El efecto también alcanza a los trabajadores. Aunque la reforma busca mejorar la calidad de vida sin tocar el salario base, podría afectar los ingresos variables si las empresas recortan horas extra o turnos. “Parte del impacto puede sentirse en quienes completan su salario con recargos”, advirtió Arbeláez.
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Este escenario se da en un mercado laboral aún frágil, con una tasa de desempleo de 9,2% y una informalidad de 55,3%. Además, el costo por hora seguiría en aumento: según Anif, pasará de $7.736 en el primer semestre de 2025 a $10.422 en el segundo semestre de 2026, un incremento acumulado de 34,7%.
La vulnerabilidad es mayor en micro y pequeñas empresas. En negocios de uno a cinco empleados, el 63% de la nómina gana salario mínimo; en los de seis a diez trabajadores, el 58,2%. Esto hace que cualquier aumento en el costo por hora impacte de forma directa su estructura financiera.
A esto se suma que el costo total mensual por trabajador asciende a $2.864.324 al incluir prestaciones, seguridad social y parafiscales, lo que reduce la capacidad de ajuste ante cambios regulatorios.
En conjunto, el cruce entre mayores costos, condiciones financieras restrictivas y menor flexibilidad operativa pone en riesgo la sostenibilidad de una parte clave del tejido empresarial. Teniendo en cuenta que las mipymes representan cerca del 98% de las empresas del país y generan alrededor del 80% del empleo, el impacto trasciende lo empresarial y alcanza a toda la economía.
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A este panorama se suma la incertidumbre sobre el salario mínimo de 2026, cuyo aumento del 23,7% está suspendido por el Consejo de Estado, mientras el presidente Gustavo Petro ha advertido que, si continúan subiendo las tasas de interés, podría considerar nuevos ajustes.
Precisamente, las tasas siguen al alza. En marzo, el Banco de la República las ubicó en 11,25% tras un incremento de 100 puntos básicos. Sin embargo, las expectativas del mercado apuntan más arriba: la más reciente encuesta de Fedesarrollo proyecta 11,75% para abril y 12% tanto para julio como para diciembre.
Ese ajuste ya empieza a sentirse en el crecimiento económico. Según el mismo centro de estudios, la proyección para 2026 bajó a 2,4%, desde el 2,5% estimado en marzo y el 2,8% de meses anteriores. La tendencia, aunque gradual, confirma un enfriamiento que se suma al nuevo escenario laboral que enfrentan las empresas.
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