La Procuraduría General de la Nación salió al ruedo en defensa de la reforma pensional del gobierno Petro.
En un documento dirigido a la Corte Constitucional, el procurador Gregorio Eljach solicitó declarar exequible la Ley 2381 de 2024, argumentando que no se cometieron irregularidades graves durante el trámite legislativo que afecten la validez de la norma.
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Esto se da en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la senadora Paloma Valencia y otros congresistas, quienes cuestionan el cuarto debate realizado en la Cámara de Representantes.
Según Eljach, aunque se presentó una posible irregularidad en la sesión del 14 de junio de 2024, esta no bloqueó la voluntad del Congreso ni vulneró los requisitos formales exigidos por la Constitución.
