En la madrugada de este 20 de octubre, mientras el país dormía, el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 por $634,9 billones, tras una jornada de negociaciones entre el Gobierno y las bancadas. El acuerdo evitó que se tuviera que expedir por decreto, pero dejó interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, el costo de la deuda y el ajuste fiscal que aún debe enfrentar el país.
El proyecto fue presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en representación del presidente, Abelardo de la Espriella. Para conseguir los votos necesarios, el Gobierno aceptó modificaciones en la distribución de los recursos, entre ellas un traslado de partidas del servicio de la deuda hacia la inversión pública.
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Así se aprobó el Presupuesto General de 2027
El Senado fue el primero en dar su aval, alrededor de las 11:00 p. m. del 19 de octubre. La plenaria aprobó el proyecto con 57 votos a favor y uno en contra, además de avalar traslados presupuestales, entre ellos una adición de $3 billones para el sector salud.
La Cámara reanudó la sesión a las 8:00 p. m., tras extenderse el debate por una ponencia alternativa del Pacto Histórico que proponía un presupuesto de cerca de $598 billones.
Finalmente, se acogió el mismo texto aprobado por el Senado y dio su aval alrededor de las 3:43 a. m. del 20 de octubre. Como ambas corporaciones aprobaron el mismo articulado, no fue necesario adelantar una conciliación.
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La aprobación también evitó el escenario conocido como ‘dictadura fiscal’, expresión utilizada para referirse a la posibilidad de que el Gobierno expidiera el presupuesto por decreto, si el Congreso no lo aprobaba dentro del plazo, que culminaba ayer. Ahora, el proyecto pasará a sanción presidencial.
Durante las negociaciones, las bancadas presionaron para conseguir recursos para sus regiones, en un contexto de cercanía de las elecciones regionales. El Gobierno terminó cediendo en algunas partidas para asegurar las mayorías.
“Este presupuesto no es un cheque en blanco. Vamos a vigilar que cada peso se invierta en donde tiene que ser”, afirmó el presidente del Senado, Honorio Henríquez.
Así se distribuirá el Presupuesto 2027 por sectores
La nueva distribución priorizó recursos para financiar la salud, mantener los subsidios de energía y gas y cubrir obligaciones pensionales.
El servicio de la deuda concentra el 22,7% del presupuesto, pese a ser el rubro con mayor recorte. Le siguen Educación (14,6%), Salud (12,8%), Defensa y Policía (11,8%) y Trabajo (10,5%).
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Entre las principales variaciones, Hacienda recibió el mayor incremento, al pasar de $43,5 billones a $47,7 billones. Minas y Energía obtuvo $3 billones adicionales, para un total de $10,5 billones, mientras que la Fiscalía recibió un refuerzo de $100.000 millones y alcanzó cerca de $7,83 billones.
Otras entidades mantuvieron las partidas aprobadas en el primer debate, por ejemplo, Inclusión Social y Reconciliación, con $25,2 billones; Transporte, con $21,7 billones; la Rama Judicial, con $11,5 billones; y Vivienda, Ciudad y Territorio, con $7,4 billones.
La salud contará con $5 billones adicionales para atender las dificultades de financiación del sistema, $2 billones contemplados previamente y otros $3 billones incorporados en la nueva distribución.
El sector Trabajo tendrá $66,9 billones, incluidos $6,5 billones para obligaciones pensionales. También financiará programas de protección social, formación laboral, productividad y emprendimiento, entre ellos los del Sena.
Para las universidades públicas se anunciaron $100.000 millones adicionales, en medio de una brecha de financiación cercana a $700.000 millones para el funcionamiento de las universidades.
En materia de combustibles, se incorporaron $9,6 billones para cubrir obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), una partida que no estaba explícitamente contemplada en la propuesta inicial.
Además, los recursos adicionales de Minas y Energía respaldarán los subsidios de electricidad y gas, el suministro de gas por redes, el gas licuado de petróleo (GLP) y el transporte de combustibles líquidos en las zonas de frontera.
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Recorte al servicio de la deuda y más inversión pública: la polémica
Uno de los cambios más relevantes del presupuesto fue la redistribución de los recursos destinados al servicio de la deuda y a la inversión pública. Aunque las plenarias no podían modificar el monto total de $634,9 billones, previamente aprobado por las comisiones económicas, sí tenían la facultad de trasladar recursos entre sectores.
En ese contexto, la partida para la deuda se redujo de cerca de $155 billones a $144 billones. En contraste, la inversión pública pasó de $86,9 billones a $94,8 billones, tras un incremento de $7,9 billones. Del monto total, alrededor de $69 billones se destinarían a las regiones.
“Las regiones son protagonistas, es una de las banderas del gobierno de Abelardo de la Espriella y aquí hemos aprobado $94,6 billones de pesos de inversión pública, de los cuales $69 billones son para destinarlos a las regiones”, destacó el presidente del Senado.
La medida busca liberar recursos para financiar proyectos de inversión, pero abrió el debate sobre los efectos de recortar las partidas destinadas a las obligaciones financieras del Estado.
El servicio de la deuda cubre los intereses y la amortización del capital de los préstamos del Gobierno. Por ello, reducir esta partida no elimina las obligaciones, sino que aplaza parte de los pagos a los próximos años.
Por eso, el economista Diego Montañez-Herrera advirtió sobre el peso de los intereses de la deuda en las finanzas públicas, pues se destinarían $94,4 billones a este rubro, una cifra similar al presupuesto total de inversión.
“Que del presupuesto de todos los colombianos se tenga que destinar tanto en solo intereses de la deuda, ya equivale casi al mismo monto de inversión, y que uno de cada tres pesos del recaudo se vaya a intereses”, resaltó.
La Contraloría General de la República también había alertado sobre esta presión fiscal. Según el organismo, los $94,4 billones que se destinarían solo al pago de intereses equivaldrían al 14% del presupuesto, al 33,7% del recaudo tributario estimado para 2027 y al 4,4% del producto interno bruto (PIB) proyectado para ese año.
Desde el Congreso también surgieron críticas al traslado de recursos. Por ejemplo, el senador del Pacto Histórico y segundo vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, cuestionó la decisión de reducir la partida para el servicio de la deuda con el fin de financiar otros gastos.
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“El ‘presupuesto de la verdad’ era solo un eslogan. Bajaron el pago de la deuda para gastarlos en otras cosas. La deuda no baja: se aplaza, y saldrá más cara. Esto viola la Constitución y es una aberración para el orden fiscal del país. Por eso lo vamos a demandar”, afirmó.
Incluso, la senadora Jennifer Pedraza, cuestionó que no hubo un monto fijo para atender el terremoto con el Fondo Milagro. “La plata para esta tarea dependerá de las sobras del presupuesto”.
Renegociar la deuda de Colombia: costos y riesgos para las finanzas públicas
Para José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, modificar el calendario de las obligaciones financieras puede ofrecerle al Gobierno margen de maniobra para atender otros rubros, como la emergencia ocasionada por el terremoto.
Sin embargo, dijo, trasladar los pagos hacia el futuro puede implicar un mayor costo para las finanzas públicas.
Entre tanto, Luis Fernando Ramírez, docente e investigador económico, explicó que renegociar los vencimientos puede implicar tasas de interés más altas.
En este escenario, el analista anotó que los fondos de pensiones son actores relevantes, pues figuran entre los principales tenedores de deuda pública. Si aceptan modificar los vencimientos bajo nuevas condiciones, el Estado podría aliviar sus necesidades inmediatas de caja, aunque tendría que asumir un costo financiero adicional por la renegociación.
De hecho, Ramírez advirtió que aplazar los pagos normalmente implica reconocer una prima o una tasa de interés más alta.
Esta posibilidad genera preocupación en un momento en el que financiar al Estado colombiano es cada vez más costoso. Durante octubre, la tasa de los títulos de deuda pública (TES) a 10 años superó el 13%, una señal de las elevadas tasas que enfrenta el Gobierno para conseguir recursos en el mercado.
José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público, advirtió que trasladar recursos del servicio de la deuda a otros gastos puede presionar el déficit primario (la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno) y agravar el desfinanciamiento del presupuesto.
Aunque reconoció la necesidad de atender la emergencia del terremoto, propuso buscar alternativas como una reforma tributaria y recortes específicos del gasto, en lugar de aplazar compromisos con los acreedores.
Ajuste fiscal 2027: déficit primario, regla fiscal y deuda neta
El Gobierno anunció un plan de austeridad por $17,4 billones y una ley de ajuste fiscal que buscaría reducir el déficit primario de 2027 en 2,2 puntos del PIB, equivalentes a cerca de $45 billones. Este indicador mide la diferencia entre los ingresos y los gastos estatales antes del pago de intereses de la deuda.
Según Anif, la actualización del Plan Financiero evidenció un deterioro de las cuentas públicas, el déficit primario pasó de 0,5% a 4,5% del PIB. El Gobierno atribuye parte del cambio a la exclusión de $30,2 billones en ingresos tributarios y al reconocimiento de obligaciones en salud, pensiones y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
Las necesidades de financiación del Gobierno Nacional Central casi se duplicaron, al pasar de $130 billones a $266 billones. De acuerdo con Anif, el deterioro del balance primario explica cerca del 80% del aumento. En consecuencia, la deuda neta subiría de 58,9% del PIB estimado para 2026 a 66,2% en 2027, frente a un límite de 71% establecido por la regla fiscal.
Si se concreta el ajuste fiscal anunciado, el déficit total bajaría de 9,4% a 7,2% del PIB en 2027. Hacienda estima que las medidas permitirían alcanzar un superávit primario al final del Gobierno y estabilizar la deuda en 64,8% del PIB.
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Sin embargo, Anif advierte que cumplir la regla fiscal requeriría un periodo de transición más prolongado. Su presidente, José Ignacio López, señaló que el reto será aprobar una reforma que reduzca de forma permanente el gasto, flexibilice el presupuesto y aumente los ingresos sin frenar el crecimiento económico. De lo contrario, advirtió, el país podría acercarse a una crisis fiscal.
Observatorio Fiscal: transparencia y seguimiento a los recursos del presupuesto
En medio de las dudas sobre el ajuste fiscal, el Observatorio Fiscal advirtió que la aprobación del presupuesto no resuelve todos los interrogantes sobre las finanzas de 2027. Pidió conocer el contenido de la ley de ajuste, cómo se distribuirán los recortes y qué mecanismos permitirán vigilar su ejecución. Solicitó explicar el aumento de cerca de $60 billones frente a la propuesta inicial y precisar el destino de varias partidas.
Como avance en transparencia, destacó que el MinHacienda deberá publicar informes trimestrales sobre los recursos administrados por fuera del presupuesto ordinario, incluidos fondos especiales, patrimonios autónomos y fiducias públicas. Esta obligación facilitaría el seguimiento y la trazabilidad de esos recursos.
También reclamó claridad sobre el manejo de los fondos destinados a atender la emergencia por el terremoto. Sobre el FEPC, resaltó que los $9,6 billones para cubrir sus obligaciones se financiarían directamente con el presupuesto, en lugar de recurrir a nueva deuda.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué pasa con la deuda de Colombia si el Gobierno recorta el pago de deuda en el Presupuesto 2027?
- Reducir la partida del servicio de la deuda no elimina las obligaciones: aplaza parte de los pagos a los próximos años. En el Presupuesto 2027, esa partida bajó de cerca de $155 billones a $144 billones, y el dinero se trasladó a inversión pública. Según el economista Luis Fernando Ramírez, renegociar los vencimientos puede implicar tasas de interés más altas o el pago de una prima, y los fondos de pensiones, uno de los principales tenedores de deuda pública, serían actores clave en esa negociación. El exdirector de Crédito Público José Roberto Acosta advirtió que esto puede presionar el déficit primario.
- ¿Cuánto se pagará en intereses de la deuda en 2027 y qué porcentaje del presupuesto y del recaudo representa?
- Se destinarían $94,4 billones solo al pago de intereses, una cifra similar al presupuesto total de inversión ($94,8 billones). Según la Contraloría General de la República, esto equivale al 14% del presupuesto, al 33,7% del recaudo tributario estimado para 2027 y al 4,4% del PIB proyectado para ese año. El servicio de la deuda, que incluye intereses y amortización de capital, concentra el 22,7% del presupuesto y sigue siendo el rubro más grande.
- ¿Qué sigue ahora para el Presupuesto 2027 y qué hará el Gobierno para corregir el déficit?
- El proyecto pasa a sanción presidencial; la noticia no indica una fecha para ese trámite. Como los dos órganos aprobaron el mismo texto, no hubo conciliación. Además, el Gobierno anunció un plan de austeridad por $17,4 billones y una ley de ajuste fiscal que buscaría reducir el déficit primario de 2027 en 2,2 puntos del PIB (cerca de $45 billones). Si se concreta, el déficit total bajaría de 9,4% a 7,2% del PIB. El senador Alejandro Ocampo anunció que demandará el traslado de recursos de la deuda por considerar que viola la Constitución, aunque la noticia no detalla ante qué instancia ni en qué plazo. El Observatorio Fiscal pidió conocer el contenido de la ley de ajuste y cómo se distribuirán los recortes, datos que aún no se han publicado.
