No es un secreto el giro a la derecha –en algunos casos extrema– que está dando Latinoamérica. Tras años de hegemonía progresista, una nueva ola de gobiernos está asumiendo las riendas de la región con la promesa de sanear las finanzas, achicar el aparato estatal y devolverle la confianza al sector privado.
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Pero, el tránsito a la realidad de las calles está resultando ser un camino difícil: las promesas promercado avanzan entre el optimismo de los inversionistas y el estallido de movilizaciones populares.
Esta mutación de liderazgos responde, según Alejandro Torres, profesor de la Universidad Eafit e investigador de Valor Público, a la incapacidad crónica de la clase política tradicional para resolver las demandas económicas y sociales de la población.
Torres advierte que este escenario ha agudizado las brechas, llevando a discursos polarizados en ambos extremos del espectro político, donde curiosamente todos se presentan como los protectores definitivos de los ciudadanos.
Para el analista financiero Mateo Castaño, pese al giro a la derecha en la región, los problemas de fondo son sumamente diferentes entre sí. Mientras algunos mandatarios se topan con desórdenes macroeconómicos que exigen reformas fiscales, otros gestionan países con instituciones estables pero con economías cuyo crecimiento se estancó.
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Lo cierto es que el discurso del tamaño del Estado y el control del gasto público se ha vuelto dominante porque, como explica el investigador económico Luis Fernando Ramírez, las finanzas regionales se han deteriorado gravemente debido a que los egresos producto de políticas de gasto público crecieron muy por encima de los ingresos corrientes, agrandando los déficits fiscales. Con un margen casi nulo para crear nuevos impuestos por los ya elevados niveles de tributación, la reducción del gasto es hoy el principal caballo de batalla de esta nueva ola de derecha.
El giro a la derecha en la economía de Argentina y Ecuador
El ejemplo más radical de esta doctrina se vive en Argentina bajo la administración de Javier Milei, quien ajusta más de dos años al frente de la Casa Rosada bajo un clima de optimismo en los mercados pero rodeado de protestas sociales. Tras asumir el cargo en diciembre de 2023, el mandatario libertario aplicó un plan de estabilización destinado a sepultar dos décadas de “populismo” de izquierda.
Su estrategia se estructuró sobre dos pilares: el control de la inflación por vía monetaria y el equilibrio fiscal estricto. Inicialmente, el peso sufrió una devaluación drástica que lo llevó de 400 a 800 unidades por dólar, encareciendo los alimentos y combustibles. Luego, el gobierno fijó una devaluación administrada del 2% mensual y, en junio de 2024, congeló la base monetaria, la cual se había expandido un 66,8% hasta ese mes.
Para febrero, la tasa cambiaria se redujo al 1% mensual, pero la fuerte apreciación de la moneda obligó a activar una tercera fase en abril, donde un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional permitió un esquema de flotación entre límites, interviniendo indirectamente a través del mercado de futuros.
Sin embargo, el analista Fernando Ramírez advierte sobre el costo político de estas decisiones, señalando que las medidas que afectan la estabilidad laboral pública o los subsidios enfrentan un rechazo automático a corto plazo.
Por ejemplo, aunque con Milei Argentina registró en 2024 su primer superávit presupuestario en más de una década, este se logró recortando jubilaciones, congelando la inversión en infraestructura y posponiendo pagos a proveedores. Esto constituye un superávit cíclico pero no estructural.
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La respuesta en las calles ha sido masiva, con marchas universitarias y sindicales en rechazo a estas medidas y otras como la flexibilización laboral y el recorte educativo.
Mientras Argentina lidia con pasivos financieros, Ecuador ha optado por un rediseño institucional bajo el mandato de Daniel Noboa, quien cumplió dos años de gestión en noviembre. Aunque la economía ecuatoriana salió de la recesión de 2024 (cuando el PIB cayó un 2%) y creció 3,7% en 2025 gracias al comercio y los servicios, la brecha social se resiste a ceder.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, a junio de 2025 la pobreza se ubicó en el 24,0%, una reducción de apenas 1,5 puntos que no es estadísticamente significativa, mientras que la pobreza extrema alcanzó el 10,4%. La fractura territorial es evidente: la pobreza rural golpea al 41,7% de la población, frente al 15,7% del área urbana.
Además, para financiar su agenda de seguridad nacional en medio de un conflicto armado interno, Noboa elevó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, recaudando US$1.319 millones adicionales entre abril de 2024 y marzo de 2025. El golpe más duro ocurrió el 13 de septiembre de 2025, cuando eliminó el subsidio al diésel automotor, un gasto que le costaba al Estado US$1.100 millones anuales.
El galón saltó de 1,80 a 2,80 dólares, desatando la movilización inmediata de comunidades indígenas agrupadas en la Conaie y gremios de transportistas que denunciaron la precarización laboral y el alza de la canasta básica.
Justo esta semana, Noboa llevó la reducción del Estado a un nuevo punto, tras reducir los ministerios de 14 a 10, disolviendo carteras como Vivienda, Cultura, Ambiente y la de la Mujer, para absorberlas en estructuras mayores. Esto contrasta con las casi 40 entidades de alto nivel que operaban en el cierre de la era de Rafael Correa en 2017.
¿Cómo ha sido el giro a la derecha en Chile y Ecuador?
Entre tanto, los modelos de José Antonio Kast en Chile y Rodrigo Paz Pereira en Bolivia muestran el duro costo del desmonte de los subsidios estatales y el encarecimiento de la energía.
En Chile, bajo la administración conservadora de Kast, el enfoque económico se ha concentrado en sanear la caja pública y reactivar la producción golpeada por desastres naturales. En marzo pasado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó un Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional para inyectar 400.000 millones de pesos adicionales al Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, buscando recuperar las regiones de Ñuble, Biobío y Valparaíso.
Para reactivar el mercado inmobiliario, que arrastra un stock de 100.000 viviendas nuevas sin comprador frente a un déficit habitacional cuantitativo de 500.000 unidades, el gobierno eliminó por 12 meses el IVA a la venta de inmuebles nuevos y suprimió las contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores de 65 años.
En el plano empresarial, el gobierno chileno busca dar certezas reduciendo la tasa impositiva corporativa para medianas y grandes empresas del 27% al 23%, buscando equipararse con los promedios de la Ocde. Asimismo, Quiroz lanzó un subsidio macroeconómico al empleo formal, diseñado para devolver a los empleadores una parte de las cotizaciones laborales.
El analista Castaño recuerda que Kast es un conservador y no un libertario como Milei; de hecho, mientras el argentino eliminó múltiples ministerios en su primer mes, el mandatario chileno optó por mantener intacta la estructura institucional vigente, concentrándose en acelerar los ritmos de una economía que lleva cerca de diez años creciendo a paso lento.
No obstante, el rigor fiscal de la administración de Kast chocó con la realidad internacional. En marzo, la estrechez fiscal interna y el alza del crudo por el conflicto en Irán obligaron al gobierno a decretar un incremento histórico en los combustibles: la gasolina subió 370 pesos por litro y el diésel aumentó 580 pesos por litro.
El impacto fue inmediato. Las calles se inundaron de manifestantes estudiantiles y sindicatos que no solo repudiaron el encarecimiento del transporte, sino también los recortes de cientos de millones de dólares en salud y educación pública, desafiando normativas restrictivas como la ley de Escuelas Protegidas.
En esto punto, los analistas coinciden en que priorizar el ajuste fiscal mediante el precio de la energía genera riesgos altísimos de estallido social y erosiona el bienestar social básico.
Esta situación es idéntica a la que estalló en Bolivia, donde el presidente Paz Pereira declaró la emergencia económica, energética, financiera y social tras recibir un Estado que describió como vaciado por la corrupción de casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo.
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Con las reservas internacionales en mínimos y una escasez total de dólares, Paz Pereira tomó la decisión radical de eliminar por completo los subsidios a los combustibles, afirmando que solo servían para camuflar el saqueo fiscal de la nación.
El plan busca una formalización del aparato productivo, argumentando que en la actualidad apenas el 8,5% de la economía de ese país opera dentro de la formalidad, mientras que un porcentaje mayoritario se mantiene sin declarar ni pagar impuestos.
No obstante, esta estrategia metió a Bolivia en un violento escenario de disturbios civiles que se extienden por más de un mes. Organizaciones indígenas, sindicatos mineros y movimientos campesinos mantienen bloqueos nacionales exigiendo la dimisión del mandatario.
¿Colombia está en camino a dar este giro?
Las experiencias de Argentina, Ecuador, Chile y Bolivia –entre otros– han servido como espejo para los debates políticos en Colombia, donde propuestas de centroderecha como las lideradas por el candidato Abelardo de la Espriella muestran un programa económico radicalmente opuesto al modelo actual.
La plataforma de De la Espriella se concentra en recuperar la confianza del sector privado para impulsar el crecimiento anual del PIB por encima del 7%, quebrando la barrera del 3%. Para lograrlo, planea un ajuste fiscal drástico mediante un plan de choque que generaría un ahorro estructural anual del 3,1% del PIB, equivalente a un recorte de $31,8 billones, optimizando el aparato estatal a través de la eliminación de nóminas paralelas y la fusión de agencias administrativas redundantes.
En el frente impositivo y laboral, el candidato propone modernizar la Dian utilizando inteligencia artificial para reducir de forma drástica la evasión fiscal, al tiempo que simplificaría la estructura tributaria para incentivar la inversión privada.
En el ámbito del empleo, se plantea la desregulación y la creación de programas técnicos de ciclo corto enfocados en tecnologías de la cuarta revolución industrial y bilingüismo.
Uno de los puntos más llamativos es que plantea defender a Ecopetrol como un activo estratégico, recuperando la exploración y producción de petróleo y gas mediante seguridad jurídica, acelerando proyectos costa afuera y evaluando el desarrollo de fracking.
El profesor Torres explica que, mientras los discursos de izquierda suelen tildar la extracción de hidrocarburos como una explotación extranjera de los recursos locales, una visión realista demuestra que los países en desarrollo poseen una riqueza enterrada que “no pueden darse el lujo de abandonar”, ya que paradójicamente esos mismos recursos constituyen la base financiera para costear la transición energética.
Luis Fernando Ramírez coincide y añade que la reactivación mineroenergética impulsaría a las regiones colombianas que hoy padecen las consecuencias de las políticas antipetróleo. Respecto al fracking, los analistas coinciden en que en Colombia la discusión técnica fue totalmente desvirtuada y convertida en una prohibición ideológica, a diferencia de otros países de la región que ya explotan estas técnicas para robustecer sus finanzas, como Argentina.
En medio de este giro a la derecha en la región, el profesor Ramírez dice que en los discursos de esta nueva ola hace falta claridad sobre cómo se gestionará la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para elevar la productividad empresarial.
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