El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la emergencia económica que decretó en diciembre de 2025 y ratificó su intención de presentar una nueva ley de financiamiento o reforma tributaria.
Durante un discurso en el Malecón de Quibdó, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado, el mandatario se refirió al fallo judicial y a la disponibilidad de recursos para financiar la reparación a las víctimas, señalando que el país requeriría cerca de $480 billones para cumplir con estas obligaciones.
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En su intervención, el presidente cuestionó los tiempos del proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado y puso en duda la decisión de la Corte, al insistir en la necesidad de abrir el debate público sobre el alcance de las sentencias.
“¿Se puede construir la paz si le decimos a las víctimas de la violencia contemporánea que nos vamos a demorar un siglo en indemnizarlas?”, afirmó, y advirtió que incluso con un ritmo de cinco millones de indemnizaciones por año, el proceso se extendería durante varias décadas.
Asimismo, sentenció que “nos quieren ahorcar porque somos un Gobierno diferente”.
Petro defiende nueva emergencia económica y cuestiona decisiones de Corte y Congreso
Posteriormente, a través de su cuenta en X, el presidente Petro se refirió al pronunciamiento del magistrado Carlos Camargo, quien señaló que siete de los ocho eventos invocados por el Ejecutivo no acreditaban el carácter sobreviniente que debe tener una emergencia económica.
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Frente a ello, el mandatario afirmó que el hecho extraordinario de diciembre pasado estuvo relacionado con el encarecimiento de la deuda que, según dijo, tendría que asumir el pueblo colombiano frente al sistema financiero.
“El hecho extraordinario en diciembre del año pasado tenía que ver con el encarecimiento de la deuda que tendría que pagar el pueblo colombiano a los dueños del sistema financiero”, aseguró.
Agregó que la decisión de la Corte Constitucional de no aprobar la emergencia terminó materializando un escenario previsto, al señalar que “se encareció la deuda en billones de pesos” y que el país enfrentó además una crisis climática que, a su juicio, justificaba una nueva declaratoria.
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El jefe de Estado también indicó que las consecuencias se evidencian en cuatro actos de desfinanciación del Gobierno —dos atribuibles a la Corte y dos al Congreso—, lo que, según dijo, ha elevado la deuda del 7% al 13% y representa una “pérdida de riqueza nacional” que beneficia al sistema financiero.
Asimismo, explicó que la suspensión de la medida obligó al Ejecutivo a presentar una nueva emergencia económica por la crisis climática y defendió el uso de estados de excepción al considerar que el trámite legislativo no permite responder con la rapidez necesaria.
“El Congreso, durante dos oportunidades, tuvo la oportunidad a tiempo de resolver el desbalance fiscal que el mismo Congreso aprobó en ley. No lo hizo”, manifestó.
Y afirmó que su Gobierno no permitirá que “ni un solo pobre, trabajador o trabajadora del campo o la ciudad, ningún joven con ganas de estudiar, pague la crisis”, responsabilizando nuevamente a actores del sistema financiero.
Advertencia sobre nueva emergencia económica y reformas tributarias
El presidente también reiteró que radicará ante el Congreso un nuevo proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria con mensaje de urgencia.
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La iniciativa, dijo, recogerá las medidas planteadas en la emergencia económica que tumbó la Corte.
De no aprobarse, el presidente dejó abierta la posibilidad de acudir nuevamente a una declaratoria de emergencia económica.
Cabe recordar que esta sería la tercera vez en la que el Gobierno Petro presenta una reforma tributaria. La primera fue aprobada en 2022, mientras que la segunda —con la que buscaba recaudar $16,3 billones para completar el presupuesto de 2026— fue rechazada por el Congreso.
Las razones de la Corte para tumbar la emergencia económica de diciembre de 2025
Entre los principales argumentos de la Corte Constitucional para declarar inexequible el decreto de emergencia económica se encuentra el uso excesivo de las facultades del Gobierno.
Según la Corte, siete de los ocho hechos invocados por la Presidencia no acreditaron el carácter sobreviniente, extraordinario e imprevisible, ya que corresponden a situaciones estructurales, persistentes y previsibles que debían atenderse mediante mecanismos ordinarios de política pública, fiscal y presupuestal, sin recurrir a poderes excepcionales que evadieran el control del Congreso.
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El alto tribunal también advirtió que la permanencia del decreto podía generar efectos irreversibles, lo que justificó una intervención excepcional para suspenderlo y posteriormente anularlo.
La decisión fue adoptada con seis votos a favor y dos en contra. Presentaron salvamentos parciales de voto los magistrados Héctor Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade, mientras que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar no participó en la decisión.
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