El dato de inflación que revelará esta tarde el Dane avivará el debate desatado por el presidente Gustavo Petro contra el Banco de la República, por la reciente decisión del Emisor de subir su tasa de interés a 11,25% como mecanismo para contener la tendencia ascendente del costo de vida.
Durante la última semana, en la red social X, Petro ha descalificado el ajuste: “Con la última aberrante decisión de la mayoría duquista de la junta del Banco de la República vamos hacia otra emergencia económica”.
El martes, en alocución televisada, Petro reiteró el llamado al Banco de la República a que baje las tasas de interés y anunció una serie de medidas que aplicará para mitigar el supuesto impacto generado sobre la economía por la decisión del Emisor de aumentar la tasa de intervención.
El mandatario enumeró subsidios a los fertilizantes para reducir el costo de producción agropecuaria, crédito con tasas compensadas para el sector agropecuario y atención en las zonas de emergencia, con alivios financieros, así como préstamos a tasas mínimas para reactivar la producción, a través del Banco Agrario y Finagro.
Del paquete también hacen parte una idea ventilada semanas atrás, que tiene que ver con prohibir la exportación de carne de res, la radicación en el Congreso de un nuevo proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria con mensaje de urgencia, y la declaratoria de una nueva emergencia económica, la quinta de su mandato.
“Quiero advertir: si no funcionan y nos llevan a una crisis económica, por la decisión del Banco de la República, que es lo que quiere, porque no es una medida racional, pues vamos a otra emergencia económica”, aseveró.
Los precios de la carne
La expectativa de los analistas económicos es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos doce meses haya subido del 5,29% observado en febrero a 5,5% en marzo, impulsado en buena parte por la variación de precios de los alimentos.
En esa carrera alcista está la carne de res, alimento que reapareció el martes en la “caja de herramientas” con la que Petro intenta rebatirle a la junta del Banco de la República que se equivoca al aumentar la tasa de política monetaria.
Para el mandatario, esta restricción será clave en la lucha para reducir la inflación. En la alocución, Petro aseguró que el país no cuenta con suficientes excedentes de producción, por lo que vender carne al exterior estaría presionando al alza los precios en el mercado local. A febrero de este año el IPC anualizado de la carne de res fue de 12,04%, según cifras del Dane.
“La exportación de carne no puede seguir. En el país no contamos con excedentes. Con las exportaciones, lo que sucede es que sube el precio de la carne y esto eleva la tasa de inflación de los alimentos”, afirmó el presidente.
Lo que no queda claro es cuál es el interés del mandatario por rebajar el precio de la carne de res, cuando al inicio de este mes le tocó aumentar el precio de la gasolina luego de dos reducciones de $500 cada una, previo a las elecciones de marzo.
Tampoco se entiende la preocupación presidencial por los costos de la proteína, cuando otros productos de la canasta familiar como la yuca, café o los plátanos observan inflaciones superiores al 35%.
Descartan prohibición total
Pese al empeño presidencial por reducir el costo de este alimento para los hogares colombianos, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aclaró que la medida propuesta por el presidente no implica una prohibición general.
“No podemos simplemente prohibir la exportación de carne porque hay unos contratos, pero sí necesitamos garantizar el hato ganadero y el abastecimiento interno”, afirmó la funcionaria a Blu Radio.
Según explicó, el Gobierno detectó un aumento en la exportación de ganado en pie, especialmente machos entre uno y dos años, lo que podría afectar la reposición del hato ganadero en el país. También se identificó la salida de vientres, animales clave para la reproducción.
“La medida va dirigida a que no se permita la salida de esos animales de 1 a 2 años ni de vientres, porque son los que garantizan el crecimiento sostenido del hato ganadero”, señaló la ministra.
La propuesta, continuó, se encuentra en evaluación por parte del Ministerio de Comercio, que estudia la desagregación de partidas arancelarias para aplicar restricciones específicas sin afectar compromisos comerciales ya establecidos.
Más cuestionamientos
Desde el sector agropecuario han surgido críticas frente a la propuesta del presidente. El exministro de Agricultura, Andrés Valencia, señaló que Colombia alcanzó en 2025 una producción formal superior a 800.000 toneladas de carne, posiblemente la más alta en su historia.
En ese contexto, indicó que las exportaciones representan menos del 4% de la producción nacional, lo que, a su juicio, limita su impacto en la formación de precios internos.
Además, recordó que los avances sanitarios logrados entre 2019 y 2020, que permitieron recuperar el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación, fueron clave para reabrir mercados internacionales como China, Rusia, Chile y Medio Oriente.
Valencia también destacó que las exportaciones actuales están 42% por debajo del pico de 2021, cuando superaron las 52.000 toneladas, lo que refuerza la idea de que no son determinantes en el comportamiento de los precios.
Para el centro de estudios económicos Anif, la medida de limitar la exportación de carne no solo carecería del beneficio esperado, sino que generaría costos reales.
Para los productores, implicaría perder acceso a mercados que han tomado años consolidar, erosionando la confianza de socios comerciales. En el caso del departamento de Córdoba, cuya producción está orientada predominantemente al exterior, sería el más perjudicado.
“En efecto, la menor rentabilidad del sector desincentivaría la inversión futura, derivando paradójicamente en una menor competitividad, lo cual es un efecto contrario al que persigue el Gobierno”, anotaron los analistas de Anif.
Inventario ganadero
Desde la óptica del exviceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, las exportaciones de carne bovina tienen una incidencia marginal en el mercado interno.
Explicó que Colombia cuenta con un inventario de 29,4 millones de reses, de las cuales cerca de 10 millones son machos mayores de un año. En 2025, dijo, se exportaron aproximadamente 304.000 animales, lo que equivale al 1,4% del total del inventario y al 3,2% de los machos en edad productiva.
Estos porcentajes, según Botero, no son representativos para influir en el precio final al consumidor.
Asimismo, señaló que la tasa de extracción (porcentaje del total de animales de un país se vende, se sacrifica o se exporta en un periodo determinado) en Colombia es de 14%, muy por debajo de economías de larga tradición exportadora como Brasil y Uruguay (25%) o Argentina (26%), lo que indicaría que el país tiene capacidad suficiente para abastecer tanto el mercado interno como el externo.
¿Qué presiona los precios?
Los analistas coinciden en que el aumento en el precio de la carne responde a múltiples factores distintos a las exportaciones.
Entre ellos, destacan una mayor demanda impulsada por el incremento del salario mínimo, condiciones climáticas adversas a comienzos de año y costos operativos elevados en la cadena productiva.
También influyen problemas estructurales como la baja productividad, la extensa cadena de intermediación, el abigeato y el carneo, así como los altos costos logísticos.
Óscar Cubillos, director de la Oficina de Estudios Económicos de Fedegán, indicó que restringir las exportaciones tendría un efecto limitado sobre los precios.
Según comentó, el alza reciente responde principalmente a un mayor consumo interno impulsado por el incremento del ingreso de los hogares, especialmente por el aumento del salario mínimo.
“Prohibir exportaciones no va a servir mucho, porque lo que está generando el alza de precios es el mayor consumo de carne de res. Cuando hay más ingreso, la gente consume más, sube el precio de la carne y eso impacta el valor del ganado”, sostuvo.
Cubillos también advirtió que una restricción podría generar distorsiones en el mercado, como el aumento de la informalidad o el contrabando, particularmente en zonas de frontera. “Si se restringe lo formal, se estimula lo informal”, enfatizó.
Experiencias internacionales
Uno de los ejemplos citados por Botero y Cubillos, como reflejo de lo que podría ocurrir en Colombia si se adopta la medida, es el caso de Argentina. Bajo la presidencia de Alberto Fernández, en 2021 se restringieron las exportaciones de carne. Según los analistas, la decisión tuvo efectos negativos: los precios no bajaron y el sector ganadero enfrentó una fuerte crisis.
Cubillos recordó que en ese momento el país adoptó la restricción tras un aumento cercano al 20% en los precios de la carne; sin embargo, posteriormente estos terminaron subiendo alrededor de 70%, lo que evidenciaría que este tipo de medidas no logra el efecto esperado.
Además, estudios de Fedegán han encontrado que no existe una correlación directa entre el volumen de exportaciones y el precio interno de la carne, ya que en algunos periodos las exportaciones han disminuido mientras los precios continúan al alza.
Para los analistas, la carne colombiana es competitiva a nivel internacional y, tras Paraguay, es una de las más económicas en la región, incluso frente a países con niveles de ingreso similares.
Nueva reforma tributaria
Atada a la intención de frenar la exportación de carne de res, Petro anunció que radicará ante el Congreso un nuevo proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria con mensaje de urgencia.
La iniciativa, dijo, recogerá las medidas planteadas en la emergencia económica, actualmente suspendida por la Corte Constitucional.
“Alistémonos a presentar, ministro del Interior (Armando Benedetti) (...) el proyecto de ley de financiamiento del Estado de nuevo porque el Presupuesto sigue desequilibrado y no se han tomado las medidas para equilibrarlos”, expresó el mandatario.
En esta ocasión, el presidente fue enfático en señalar que, si el Congreso no respalda la ley de financiamiento, el Gobierno podría recurrir nuevamente a la declaratoria de una nueva emergencia económica.
“Como está reunido el Congreso y puede debatirlo, lo que era la emergencia económica, hoy suspendida, pasará a ser un proyecto de ley inmediato, con mensaje de urgencia y firmado por mí. Ojalá podamos presentarlo, para que entre en discusión nuevamente, por tercera vez, en las comisiones. Y si este Congreso no lo aprueba, lo hará el siguiente; y, si es necesario, decretaremos una nueva emergencia económica”, aseguró.
Y es que esta sería la tercera ocasión en la que el Gobierno Petro presenta una reforma tributaria. La primera fue aprobada en 2022, mientras que la segunda —con la que buscaba recaudar $16,3 billones para completar el presupuesto de 2026— fue rechazada por el Congreso.
La presentación de una nueva ley de financiamiento ante el Congreso en las próximas semanas, le permitiría al Gobierno Nacional obtener recursos que le permitan financiar un plan para mitigar los impactos inflacionarios de choques en los precios.
Según detalló el mandatario, el plan tendría al menos tres medidas: subsidios a los fertilizantes para reducir el costo de la producción agropecuaria, créditos con tasas compensadas para el sector agropecuario y las zonas de emergencia a través del Banco Agrario y créditos con tasas compensadas para las pequeñas y medianas industrias a través de Bancoldex.
Posible contenido de la reforma
En caso de que el proyecto de ley de financiamiento se concrete, es posible que se revivan gravámenes como impuestos a los licores, sobretasas al sector financiero y ajustes en el impuesto al patrimonio.
Un análisis del diario La República, sugiere que frente a los gravámenes a bebidas alcohólicas se aplicaría un alza (de 5% a 19%) para licores, vinos, aperitivos y similares, un componente específico de $750 por grado de alcohol y ad valorem de 30% sobre el precio de venta.
La sobretasa en el impuesto de renta alcanzaría 15% y elevaría la tarifa total a 50%. En cuanto al ajuste al patrimonio, el gobierno ha propuesto en el pasado una tarifa progresiva entre 0,5% y 5% para patrimonios líquidos desde $2.094 millones.
Otros de los gravámenes que entrarían en consideración en una nueva ley de financiamiento está la eliminación en la exención del IVA a importaciones de bajo monto, ‘minimis’, de hasta US$200 y reducir el límite a US$50.
En cuanto a los impuestos que harían más gravosa las actividades extractivas, los decretos contemplaban impuesto de 1% a la primera venta o exportación de petróleo y carbón; una contribución parafiscal de 2,5% sobre la base gravable, es decir, la utilidad antes de impuestos de 2025, destinada al fondo empresarial de la Superservicios y la creación de un aporte en especie correspondiente a 12% de la energía vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista.
División en la junta del Emisor
Según las minutas de la reunión del Banco de la República del 31 de marzo, el grupo de codirectores que votó por incrementar la tasa de interés de política en 100 puntos básicos recordó que en la sesión de enero había previsto que la decisión adoptada en ese momento no era suficiente para contrarrestar el aumento en las expectativas de inflación y mantener la postura contractiva de la política monetaria.
A su vez, expresaron su preocupación por la trayectoria fiscal contemplada en la actualización del Plan Financiero 2026, en particular por las estimaciones de gasto primario, que divergen de manera importante de las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y apuntan a trayectorias inconsistentes con el ancla fiscal.
Los miembros de la junta que votaron por una reducción de 50 puntos básicos de la tasa de interés de política destacaron que la inflación observada ha mostrado una reducción importante frente a los picos alcanzados en años anteriores y que esta responde más a choques de oferta y a la indexación a la inflación pasada que a excesos de demanda.
El miembro que votó por mantener la tasa estable señaló que los cambios estructurales de la economía posteriores a la pandemia aún se encuentran en curso y que la mayor incertidumbre y los aumentos de la tasa de interés desincentivan la inversión.
El Banco de la República advirtió que la versión de las minutas no fue aprobada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, por lo cual el texto está sujeto a modificaciones.
Defensa del Emisor
Mientras desde la Presidencia la crítica al Emisor es constante, Anif defendió la actuación de la junta directiva.
“La decisión de marzo respeta el mandato constitucional del artículo 373, que encomienda al Banco velar por la capacidad adquisitiva de la moneda. Aunque las tasas más altas encarecen el crédito y pueden enfriar de manera transitoria la actividad económica, los beneficios superan los costos”, anotó el centro de estudios que preside José Ignacio López.
Para Anif, el aumento de tasas es una inversión en credibilidad cuyo retorno es una economía con inflación más baja, lo que genera un entorno que propicia la inversión y un mercado laboral más dinámico en el mediano y largo plazo.
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