El pasado 14 de mayo, el presidente Gustavo Petro oficializó en Pekín la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés). Este paso, esperado desde hace varios meses, abre una nueva página en la política exterior colombiana y genera importantes interrogantes sobre el futuro de nuestras relaciones internacionales.
La Iniciativa de la Franja y la Ruta fue lanzada en 2013 por el presidente chino Xi Jinping, con el objetivo de recrear y ampliar, en términos modernos, las legendarias rutas comerciales de la antigua Ruta de la Seda. Esta iniciativa se plantea como un marco amplio de cooperación global basado en infraestructura, comercio, intercambio cultural y tecnológico, y contempla inversiones masivas en países adherentes, especialmente en vías férreas, puertos, telecomunicaciones y energías renovables.
Para China, la Franja y la Ruta es una plataforma clave de su estrategia internacional, mediante la cual busca expandir su influencia económica y política global, asegurando rutas comerciales que permitan movilizar productos y recursos estratégicos de manera más eficiente. Desde su creación, la BRI ha generado apoyos entusiastas, pero también críticas y controversias, especialmente debido a preocupaciones sobre endeudamiento excesivo en países vulnerables y posibles dependencias políticas.
Actualmente, más de 150 países han suscrito acuerdos de cooperación bajo la iniciativa, entre ellos casi todos los países de América Latina. El más reciente en adherirse fue Argentina en el 2022, que pese a la llegada del presidente Javier Milei, cercano a Donald Trump y representante de la derecha radical, no se ha retirado del acuerdo. Esto es revelador, pues desmiente en buena medida las especulaciones de que Estados Unidos impondría sanciones severas solo por la adhesión de Colombia a la BRI.
Dicho esto, también es cierto que el acercamiento a China debe manejarse con equilibrio y responsabilidad, evitando involucrarse en áreas delicadas que puedan generar tensiones con Estados Unidos, socio estratégico e histórico de Colombia. De hecho, la reciente declaración oficial del Departamento de Estado, a través del Bureau of Western Hemisphere Affairs, fue contundente: Estados Unidos se opondrá enérgicamente a que instituciones financieras como el BID financien proyectos de empresas estatales chinas en Colombia y otros países de la región vinculados a la Franja y la Ruta. Según el comunicado, estos proyectos representan un riesgo para la seguridad regional y no deben ser subsidiados con recursos provenientes de contribuyentes estadounidenses. Este pronunciamiento confirma que, aunque no haya sanciones automáticas, sí existen líneas rojas claras que no deben cruzarse si se quiere preservar la cooperación estratégica con Washington.
En mi tiempo como embajador en China, tuve la oportunidad de conocer los documentos firmados por varios de nuestros vecinos como Chile y Perú, los cuales eran notablemente similares al que ahora está firmando Colombia. En ese momento, empezamos a analizar la conveniencia de participar en esta iniciativa, pero las urgencias derivadas de la pandemia desviaron inevitablemente nuestra atención hacia temas prioritarios relacionados con la salud pública y la adquisición de vacunas, y finalmente no se concretó.
En el caso específico de Colombia, la adhesión a esta iniciativa no implica la firma inmediata de tratados comerciales ni la aceptación automática de préstamos o inversiones chinas. El acuerdo firmado por Petro es, esencialmente, un memorando de entendimiento no vinculante (o, como finalmente se está llamando, un “Plan de Cooperación para la Cooperación”, una expresión poco clara que refleja, según se ha conocido, las disputas internas entre la Presidencia y la Cancillería para definir tanto su título como su contenido). Este documento señala áreas prioritarias para la cooperación futura, como infraestructura vial y digital, transferencia tecnológica, reindustrialización en sectores estratégicos como agroindustria, salud, movilidad eléctrica, y cooperación en materia ambiental y energética. Cada uno de estos proyectos potenciales deberá ser posteriormente negociado y aprobado explícitamente por ambos gobiernos, respetando las normativas, presupuestos y prioridades nacionales.
Llama la atención el manejo poco institucional del proceso. La reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, órgano consultivo clave para una decisión de esta naturaleza, fue convocada inicialmente y luego cancelada sin mayor explicación. Esta omisión alimentó sospechas, acentuó la falta de transparencia en torno al acuerdo, y dejó por fuera un espacio fundamental para el análisis plural sobre las implicaciones de este paso diplomático.
Sin embargo, conociendo la reconocida (in)capacidad del gobierno Petro para diseñar y ejecutar proyectos estratégicos, no parece realista esperar avances significativos en lo que resta de su mandato. De hecho, en una declaración reciente, el propio presidente reconoció tácitamente esta limitación al señalar que corresponderá al próximo gobierno gestionar e implementar los compromisos específicos derivados de esta adhesión. De nada sirve promover el acercamiento a través de esta iniciativa de empresas chinas de sectores como el de transporte o nuevas energías, en los cuales ese país ha logrado grandes avances, si el país no ha estructurado nuevos proyectos para que participen en franca lid en concursos o licitaciones; y al contrario ha obstaculizado mediante trámites engorrosos como las consultas previas y regulaciones ambientales, la ejecución de los proyectos en marcha.
El presidente Petro, al explicar sus expectativas de la adhesión, expresó además que uno de sus objetivos inmediatos es reducir o eliminar el déficit comercial que mantiene Colombia con China. Este objetivo revela un desconocimiento tanto del alcance del documento como de los problemas estructurales de nuestra economía. Actualmente, Colombia tiene poca oferta exportable capaz de generar volúmenes atractivos para China, mientras que los productos importados desde allí son esenciales en múltiples áreas del consumo diario.
Una oportunidad concreta para equilibrar la balanza comercial en el mediano y largo plazo sería ampliar la exportación de productos minero-energéticos, especialmente nuevos productos como el cobre. Este mineral es fundamental para el desarrollo de las nuevas tecnologías asociadas a las energías renovables y los vehículos eléctricos, sectores en los que China es el mayor consumidor mundial. Países como Chile y Perú, que tienen superávit comercial con China, lo han logrado en gran medida gracias a sus exportaciones masivas de cobre. Colombia debería considerar seriamente esta posibilidad estratégica. Sin embargo, es evidente que este gobierno, con su política abiertamente contraria a la exploración y explotación de recursos naturales como el cobre y otros minerales estratégicos, no avanzará en esa dirección. Por el contrario, ha venido bloqueando alternativas de búsqueda y desarrollo de estos recursos, desaprovechando así una valiosa oportunidad de diversificar nuestra canasta exportadora y fortalecer nuestra relación comercial con China.
Por otro lado, es importante señalar que para China el beneficio de este acuerdo es inmediato. La simple adhesión de Colombia a la BRI ya representa una victoria estratégica en términos de prestigio internacional y expansión de su esfera de influencia. No necesitan ejecutar rápidamente los proyectos específicos para mostrar resultados positivos, pues cada nuevo país adherido fortalece simbólicamente la iniciativa china.
En contraste, los beneficios para Colombia son potenciales y no inmediatos. Para materializarlos, se requiere una ejecución eficiente, transparente y estratégica de proyectos bien diseñados, algo poco probable bajo la actual administración. Por ello, será tarea del próximo gobierno determinar cómo transformar las intenciones del memorando en proyectos reales que contribuyan al desarrollo nacional.
Finalmente, a manera de conclusión, es importante destacar tres aspectos clave:
Primero, el proceso mismo fue mal manejado. Una decisión de política exterior de esta magnitud, que involucraba un acercamiento a una de las principales potencias del mundo, merecía un tratamiento mucho más transparente, ponderado y consultado. De haberse hecho con claridad, compartiendo con antelación el contenido del documento, explicando sus alcances reales y permitiendo una discusión amplia en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y en otros escenarios, habría generado menos polémica y seguramente más apoyo político y social.
Segundo, este acuerdo no debe verse ni como una amenaza ni como una oportunidad inmediata. Es apenas una puerta que se abre, pero los beneficios dependerán exclusivamente de la forma como se implemente. Requiere planificación, liderazgo técnico, y sobre todo una diplomacia profesional y pragmática. Nada de eso parece estar hoy garantizado. En cambio, un gobierno futuro, que encare este reto con madurez y sin prejuicios ideológicos, podría convertirlo en una plataforma efectiva para avanzar en los grandes retos del desarrollo colombiano. Para ello, será fundamental involucrar de manera decidida al sector privado, como actor clave en la identificación de oportunidades, estructuración de proyectos y atracción de inversión productiva en sectores estratégicos.
Tercero, sorprende que no parece haberse dado una negociación seria en la que Colombia buscara sacar desde el inicio resultados concretos. Si se sabía que este paso podía generar molestias con Estados Unidos —como en efecto ha sucedido—, lo mínimo habría sido aprovechar políticamente ese costo para obtener compromisos tangibles. Por el contrario, el gobierno parece haber procedido con improvisación y división interna, sin explicar con claridad el por qué ni el para qué de vincularse a la iniciativa. En lugar de plantear un rumbo estratégico, se percibe una actitud más orientada a vender humo que a diseñar una política exterior coherente y eficaz. Pero, como ya hemos dicho, sería mucho esperar de este gobierno.
Colombia tiene ante sí una nueva herramienta. No es ni mágica ni peligrosa por sí sola. Como casi todo en política pública, su impacto dependerá del cómo, del cuándo y del con quién se la utilice.
*Exembajador de Colombia en China (2019-2022)
