Colombia cerrará el 2026 con 4.200 megavatios (MW) de capacidad instalada en energías renovables, en su mayoría solar. De ese total, 2.876 MW corresponden a proyectos de mediana y gran escala que ya están en operación comercial o en fase de pruebas, mientras que el resto proviene de esquemas de autogeneración y generación distribuida.
Esta capacidad equivale al consumo eléctrico de Bogotá y su área metropolitana, lo que beneficiaría a cerca de 10,2 millones de colombianos. En términos ambientales, representaría la reducción de 1,24 millones de toneladas de CO2 al año, similar a retirar de circulación más de 265.000 vehículos.
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El rezago frente a la meta de 6 gigavatios de energías limpias
No obstante, esta cifra apenas alcanza cerca del 70% de la meta que se trazó el Gobierno del presidente Gustavo Petro: incorporar al menos 6 gigavatios (GW) de energías limpias —solar, eólica y pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH)— al sistema eléctrico entre agosto de 2022 y agosto de 2026.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Alexandra Hernández, presidenta de la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER Colombia), detalló el estado de los proyectos, explicó las principales razones de los retrasos, especialmente en trámites y licencias, y advirtió sobre los desafíos que enfrenta el país, como el acceso a las redes de transmisión y distribución y la necesidad de contar con reglas claras que permitan el cierre financiero de las iniciativas.
¿Cuál es el panorama para las energías renovables en 2026?
“Terminaremos este año con 4.200 MW de energías renovables en operación. De esos, 2.876 corresponden a proyectos medianos y grandes, tanto en operación comercial como en pruebas, y un poco más de 1.300 MW son recursos distribuidos; es decir, minigranjas solares con capacidades inferiores a 1 MW y proyectos de autogeneración a gran y pequeña escala.
Esta es una noticia importante para el país, porque equivale a imaginar una ciudad como Bogotá y sus alrededores funcionando durante varios días únicamente con fuentes renovables no convencionales.
El trabajo coordinado entre todos los actores del sector permitiría incorporar entre 6.000 y 9.000 megavatios adicionales en los próximos cinco años. Esto representa un ahorro potencial de hasta $7 billones en tarifas para todos los colombianos”.
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El Gobierno Petro se trazó la meta lograr, antes de agosto de 2026, la incorporación de al menos 6 GW de capacidad instalada a partir de energías limpias (solar y eólica) al sistema eléctrico... ¿o sea que esa meta no se cumplirá?
“Actualmente tenemos registrados 16 proyectos de gran escala en construcción. No identificamos más de 4.200 MW al cierre de 2026, incluyendo los que hoy están en ejecución y que se espera entren en operación ese mismo año para entregar energía al mercado”.
¿Se puede decir que vamos a mitad de camino?
“Definitivamente, vamos a la mitad del camino. De acuerdo con las cifras oficiales del Gobierno, hacia 2027-2028 el país deberá incorporar al menos 6.000 MW adicionales para evitar un déficit estructural de energía. Si cerramos 2026 con 4.200 MW, necesitamos aumentar al menos 50% la capacidad instalada para evitar ese déficit y atender el crecimiento del consumo eléctrico.
El reto sigue vigente. Por eso estamos convencidos de que el trabajo articulado entre todos los actores es fundamental. Tenemos cerca de 1.000 MW en proyectos que se están preparando para iniciar construcción a finales de este año o el próximo. Aunque todavía no entrarían en operación, muestran que existen iniciativas en etapas tempranas de desarrollo.
¿Cuántos proyectos presentan retrasos y cuáles son las principales razones?
“En este momento tenemos un portafolio de 106 proyectos en etapas tempranas de desarrollo. De ellos, 44 están elaborando estudios técnicos y 54 ya están tramitando o cuentan con permisos ambientales.
No todos están retrasados. Sin embargo, los 54 proyectos que han avanzado en trámites sí han enfrentado demoras significativas. En algunos casos, los tiempos superan ampliamente los plazos normativos.
Cuando los trámites se realizan ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), generalmente se cumplen los tiempos. Pero a nivel de autoridades ambientales regionales existe un gran desafío: hay permisos que pueden tardar hasta 2.000 días. El promedio es de 500 días, cuando la normativa establece plazos de entre 30 días hábiles y hasta seis meses como máximo.
Además de los permisos ambientales, existen otros trámites como conexiones al sistema de transmisión, cruces de vías, licencias de construcción ante alcaldías, entre otros. Son procesos técnicamente manejables, pero involucran múltiples autoridades y suelen demorar más de lo previsto.
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¿Qué se necesita en Colombia para destrabar los parques eólicos en La Guajira?
“Actualmente hay algunos proyectos pequeños entregando energía en etapa de pruebas técnicas, aunque aún no están en operación comercial plena.
Los grandes proyectos eólicos, especialmente en La Guajira, enfrentan mayores desafíos. Algunos de los más avanzados, como los desarrollados por AES y Ecopetrol en la Alta Guajira, podrían estar más cerca de iniciar construcción, en la medida en que avancen también obras clave como la línea Colectora.
Sin embargo, otros proyectos en la región —que suman más de 2.000 MW— enfrentan incertidumbre sobre su entrada en operación. Mucho dependerá del trabajo articulado con comunidades, autoridades nacionales y regionales, y de que los proyectos más avanzados demuestren viabilidad técnica y social”.
El Gobierno ha propuesto cambiar subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3 por paneles solares. ¿Desde el gremio qué tan factible lo ven?
“Tiene sentido en la medida en que permite a los hogares gestionar su propia energía y reduce pérdidas asociadas al transporte en redes. Cuando la generación se acerca al punto de consumo, disminuyen las pérdidas y eso puede impactar positivamente las tarifas.
Sin embargo, esto debe tener una planeación adecuada y una visión empresarial que garantice sostenibilidad en el mediano y largo plazo. No necesariamente deben ser grandes empresas; pueden ser pequeñas o medianas iniciativas, incluso esquemas comunitarios o distritos energéticos, siempre que exista una estructura que asegure viabilidad técnica y financiera”.
¿Colombia sigue siendo atractiva para invertir en energías renovables?
“Sí. Las energías renovables son competitivas en tarifas, tienen tiempos de construcción relativamente rápidos y el país cuenta con abundantes recursos naturales.
No obstante, existen desafíos: agilizar el acceso a conexiones al sistema de transmisión y distribución, acelerar la puesta en marcha de proyectos y contar con normas claras que brinden seguridad jurídica para lograr el cierre financiero. Sin estas condiciones, los proyectos pueden estancarse.
La oportunidad es enorme. Además, realizamos una encuesta con el Centro Nacional de Consultores a más de 2.500 colombianos, y el 96% considera que las energías renovables deben crecer en el futuro, que son señal de progreso, competitividad y desarrollo regional.
Colombia necesita una energía competitiva y limpia para crecer y cerrar brechas sociales. La oportunidad está. Depende de todos trabajar articuladamente para que los proyectos entren en operación y las normas permitan su viabilidad financiera y técnica”.
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Preguntas frecuentes sobre el tema:
- ¿Cuál es la meta de energías renovables del Gobierno Petro?
- El Gobierno se propuso incorporar 6 gigavatios (GW) de energías limpias para agosto de 2026. Según SER Colombia, el país cerrará ese año con 4,2 GW, alcanzando aproximadamente el 70% del objetivo.
- ¿Por qué hay retrasos en los proyectos de energía solar y eólica?
- Las principales razones son las demoras en licencias ambientales regionales (que pueden tardar hasta 2.000 días), dificultades en la conexión a redes de transmisión y la incertidumbre en la seguridad jurídica para inversores.
- ¿Cómo afecta el retraso de las renovables a mi factura de luz?
- La incorporación de energías limpias podría generar un ahorro de hasta $7 billones en tarifas para los colombianos. Los retrasos obligan a depender de fuentes más costosas, frenando la reducción de precios en los hogares.
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