Tras conocerse el operativo contra la reconocida marca Lili Pink, este martes la Fiscalía General de la Nación confirmó por medio de un comunicado que presuntamente ese conglomerado empresarial habría facilitado el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando al país.
De acuerdo con la investigación, la estructura estaría conformada por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que simulaban operaciones de comercio exterior. A través de este esquema ingresaban mercancías como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad.
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Las maniobras incluían la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y estrategias para evadir controles aduaneros, lo que dificultaba la trazabilidad de los recursos y permitía su incorporación al sistema económico formal.
Presunto lavada de activos por $730.000 millones
Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, documentó un presunto lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos.
Además, el expediente da cuenta de un enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos. A esto se suman aprehensiones y decomisos realizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian), valorados en más de 54.000 millones de pesos.
Las autoridades también estiman que el posible contrabando asociado a esta red superaría los 75.000 millones de pesos.
¿Qué bienes fueron ocupados por la Fiscalía?
En el marco de la operación, un fiscal impuso medidas cautelares sobre un amplio portafolio de activos vinculados a la presunta organización.
En total fueron ocupados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, bienes que serán objeto de avalúo mientras avanza el proceso judicial. Aunque la marca le aseguró a EL COLOMBIANO que cuenta con 550 locales que podrían ser objeto de extinción de dominio.
Las diligencias se realizaron en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, lo que evidencia el alcance nacional de la red.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
La Fiscalía también obtuvo órdenes de captura ante un juez de control de garantías de Bogotá, con fines de imputación y medida de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de ejecución.
Entre tanto, los bienes afectados continuarán operando y desarrollando su objeto social mientras se surte el trámite de extinción del derecho de dominio ante los jueces especializados.
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