En el primer debate del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2027, una de las decisiones aprobadas en las comisiones económicas del Congreso fue un recorte de $170.000 millones de recursos destinados para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En las comisiones Tercera del Senado y Cuarta de la Cámara de Representantes se aprobó una disminución presupuestal para el tribunal que consta de $140.000 millones en el rubro de inversión y $30.000 millones en gastos de funcionamiento.
Tras esa decisión, en caso de mantenerse así hasta superar las plenarias, la JEP partirá el año próximo con unos recursos de $721.803 millones. Respecto a los fondos que se les recortó, $100.000 millones serán reasignados a la justicia ordinaria a través del Consejo Superior de la Judicatura.
Dicha aprobación fue celebrada por senadores de la bancada del gobierno como Carlos Meisel y Enrique Gómez, quienes manifestaron que el recorte obedece a un ejercicio de racionalización del gasto público, al cual la JEP debe aportar su cuota de sacrificio ante la coyuntura fiscal del país.
Lea también: ¿Cuáles son las propuestas en el Congreso para cambiar la JEP? Van de recortarle plata a “dar garantías a militares”
De igual manera, varios congresistas ya habían señalado desde tiempo atrás al tribunal de ser un “fortín burocrático” y habían hecho cuestionamientos sobre sus gastos, siendo una de ellas la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, que acusó a la JEP de sumar $209.904 millones en supuestos gastos excesivos repartidos en ítems como la defensa jurídica para excombatientes de las Farc, el contrato de arrendamiento de su sede principal y operadores logísticos para la realización de eventos.
Pero sin duda, el principal vocero de la idea de un recorte al tribunal ha sido el presidente De la Espriella, quien públicamente ha celebrado las proposiciones para reducir el presupuesto del tribunal, justificando que es “responsabilidad fiscal”.
Regístrate al newsletter