Por mayoría, el Emisor llevaría su tasa de política monetaria de 10,25% a 11,25%.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró intempestivamente de la reunión de la junta directiva del Banco de la República, en la que se debía tomar una decisión sobre mantener, bajar o aumentar la tasa de interés de política monetaria.
El funcionario señaló que cuatro miembros de la junta propusieron elevar ese porcentaje de 10,25% a 11,25%, con lo que estarían frenando el crecimiento económico, y sostuvo que su planteamiento obedece a intereses particulares por lo que pidió un debate que revise el funcionamiento de ese órgano directivo.
Luego del mediodía y antes de que el Emisor anunciara su decisión, Ávila explicó las causas de su retiro de la sesión.
La controversia comenzó tras la circulación de una comunicación enviada a medios de comunicación por parte del secretario de la junta directiva del Banco de la República, en la que se hacía referencia a un proyecto de decreto del Gobierno sobre el traslado de recursos de los fondos de pensiones y cesantías.
Según el Ministerio de Hacienda, la carta fue firmada a nombre de toda la junta directiva sin haber sido previamente discutida ni autorizada por sus miembros. El ministro reclamó que el documento comprometió institucionalmente al órgano colegiado y al propio Gobierno sin que existiera una decisión formal al respecto.
Desde la cartera económica se calificó el hecho como un uso indebido de la representación institucional, al considerar que el secretario no estaba facultado para emitir un pronunciamiento en nombre de la junta sin su aprobación expresa.
El segundo foco de tensión se dio en torno a la política monetaria. El Gobierno manifestó su oposición a la propuesta de cuatro miembros de la junta directiva de incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de referencia, luego de que en enero ya se hubiera aprobado un aumento de la misma magnitud.
El ministro de Hacienda consideró que un nuevo incremento de esta escala sería desproporcionado y podría afectar de forma “sensible, grave y significativa” la recuperación económica que, según sus análisis, comienza a consolidarse en el país.
En particular, el Ejecutivo argumentó que la economía enfrenta un contexto internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas como la guerra en Irán, el encarecimiento global de los combustibles y los efectos de la ola invernal, factores que ya están presionando la actividad productiva y los costos internos.
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El equipo económico defendió que el repunte de la inflación no obedece a un exceso de demanda interna, sino a choques de oferta, principalmente de origen internacional, como el aumento del precio del petróleo y los combustibles.
Bajo ese diagnóstico, el Gobierno considera que endurecer la política monetaria tendría efectos limitados sobre la inflación, al tiempo que elevaría los costos de producción y el crédito, afectando a empresas y consumidores sin atacar la causa principal del problema.
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Por ello, calificó como “inocuas” las medidas que buscan controlar la inflación exclusivamente a través de aumentos en la tasa de interés, al considerar que no corrigen las presiones externas sobre los precios.
El Gobierno también cuestionó el proceso mediante el cual el Banco de la República consulta encuestas de analistas y centros de pensamiento para orientar sus decisiones de política monetaria. Según el Ministerio, estos ejercicios incluyen principalmente a entidades financieras y actores del mercado de capitales, cuyos intereses estarían ligados a la rentabilidad de la deuda pública.
En ese sentido, se planteó la existencia de un conflicto entre lo que el Ejecutivo denomina una “economía rentista” y la “economía real o productiva”. El Gobierno sostuvo que cuatro miembros de la junta directiva se habrían alineado con los intereses del sector financiero, favoreciendo decisiones que benefician a inversionistas en detrimento de la producción y el empleo.
El ministro insistió en que la independencia del Banco de la República frente al Gobierno es un principio constitucional que debe preservarse, pero advirtió que esta autonomía no puede traducirse en una desconexión con las necesidades de la sociedad y de los sectores productivos.
Ante el desacuerdo, el Gobierno propuso abrir un debate público amplio sobre la orientación de la política económica y el funcionamiento de la junta directiva del banco central. La intención es que participen diferentes corrientes de pensamiento económico y no solo analistas vinculados al sistema financiero.
El Ministerio considera que las metas de inflación y las decisiones de tasas de interés deben ser más flexibles y adaptarse a la realidad económica y social del país, especialmente en momentos de desaceleración o recuperación incipiente.
Como consecuencia de estas diferencias, el Ministerio de Hacienda anunció su decisión de retirarse de la sesión de la Junta Directiva del Banco de la República convocada para ese día. La cartera económica señaló que establecerá una “distancia significativa” frente al Emisor hasta que, a su juicio, exista una mayor coherencia entre la política monetaria y la situación económica y social del país.
El Gobierno afirmó que no continuará respaldando decisiones que, en su opinión, responden a los intereses de un grupo reducido de inversionistas y no al conjunto de la sociedad colombiana. Asimismo, reiteró su compromiso con una política económica orientada a la redistribución, al fortalecimiento de los sectores productivos y al sostenimiento del crecimiento económico.
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