Esta semana estuvo llena de debate por el pulso entre el Gobierno y los fondos privados de pensiones. Aunque la mirada ha estado puesta en el decreto que obliga a estos últimos a trasladarle $25 billones a Colpensiones en un lapso de 15 a 30 días, a fuego lento también se cocinan los efectos del Decreto 0369 de 2026, una normativa que redefine las reglas del juego para los próximos cinco años.
La medida establece una restricción clara: los fondos privados solo podrán destinar hasta el 30% de los recursos de sus afiliados a mercados internacionales. Esto obliga a que el 70% restante se canalice de forma obligatoria hacia inversiones dentro del territorio nacional. En términos prácticos, implica una repatriación masiva de capitales que asciende a cerca de $125 billones en un horizonte de tan solo cinco años.
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La gran pregunta que genera una tensión evidente entre el Ejecutivo y el sector privado no es solo si ese proyecto es legal. El debate de fondo es si el país cuenta con la capacidad técnica, la seguridad jurídica y los proyectos suficientes para absorber semejante cantidad de dinero sin poner en riesgo la rentabilidad y la seguridad de los futuros jubilados. De eso habló EL COLOMBIANO con los ‘duros’ del sector.
Asofondos: plata hay, proyectos no
Andrés Velasco, presidente de Asofondos –gremio de los fondos privados–, señala que la baja inversión en el país no se debe a una falta de voluntad de las administradoras. Por el contrario, afirma que el problema es una ausencia real de proyectos que cumplan con los estándares técnicos y de riesgo necesarios para recibir el ahorro de los trabajadores.
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Según él, el año pasado quedaron sobre la mesa cerca de $11 billones que los fondos estaban dispuestos a invertir localmente. Ese dinero no pudo ejecutarse porque los proyectos presentados carecían de licencias ambientales, tenían fallas en su estructuración técnica o las contrapartes se retiraban ante la creciente incertidumbre regulatoria en el país.
Velasco argumenta que, en la coyuntura actual, el desorden fiscal ha llevado a que el Gobierno Nacional pague tasas del 14% por la deuda pública (TES). Esto genera un efecto de “desplazamiento” muy peligroso: la inversión en títulos de deuda estatal resulta mucho más atractiva y segura que cualquier proyecto de infraestructura que hoy enfrente riesgos de parálisis o cambios en las reglas de juego.
Porvenir y la lección del fondo de infraestructura de 2018
Desde la presidencia de Porvenir, Miguel Largacha refuerza esta visión técnica con un ejemplo histórico que sirve como una advertencia sobre la capacidad de absorción del mercado colombiano. El ejecutivo recuerda que en el 2018 se hizo un esfuerzo “monumental” para crear el fondo de infraestructura más grande del país, con una capacidad de US$1.000 millones.
En esa iniciativa se unieron las cuatro administradoras locales, la Financiera de Desarrollo Nacional y uno de los fondos de pensiones más grandes del mundo: el CDPQ de Canadá. A pesar de contar con el capital, los socios expertos y la voluntad política de ese momento, el fondo simplemente no operó. La razón fue la misma que se esgrime hoy: no se encontraron proyectos viables en los cuales inyectar los recursos.
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Para Largacha, es fundamental que el país entienda que los proyectos de desarrollo no aparecen por decreto. La labor de las AFP, dice, es buscar retornos consistentes en el largo plazo, y dado que Colombia representa menos del 1% de la economía global, la diversificación internacional no es un “capricho”, sino un blindaje necesario contra los riesgos específicos de una economía emergente y volátil como la local.
Protección alerta el riesgo de poner los huevos en una sola canasta
Juan David Correa, presidente de Protección, subraya que la responsabilidad de las administradoras es integral. Su deber es velar por los $525 billones propiedad de millones de colombianos. El éxito del sistema pensional en las últimas tres décadas –explica– se ha basado precisamente en la diversificación geográfica y de activos.
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Al limitar la inversión externa al 30%, se forzaría al sistema a concentrar el riesgo en un solo país. Correa señala que históricamente los mercados internacionales han ofrecido rendimientos que superan a los locales, especialmente en periodos de devaluación del peso colombiano. Al repatriar los $125 billones, se podría estar condenando al ahorro a una rentabilidad menor a la que tendría en mercados globales.
Para el líder de Protección, la conversación nacional no debería centrarse en cómo prohibir que el dinero salga, sino en cómo crear un entorno de seguridad jurídica que haga que el capital quiera quedarse.
Según los líderes de Porvenir y Protección, la industria está lista para participar en puertos, vías y energía, pero requiere proyectos donde el riesgo esté bien calculado y no haya dudas sobre la recuperación de la inversión.
Colfondos advierte sobre presiones en el tipo de cambio
Ricardo Guerra, presidente de Colfondos, describe una perspectiva adicional sobre los efectos macroeconómicos de esta medida. Asegura que, obligar a invertir el 70% del ahorro nacional en Colombia generará una presión enorme sobre el tipo de cambio. Traer recursos de tal magnitud del exterior implica una oferta masiva de dólares que podría apreciar el peso de forma artificial, afectando a otros sectores como los exportadores.
Guerra también señala que la concentración del ahorro reduce la competitividad del sistema pensional. Menciona que en economías desarrolladas, como la de Inglaterra, se han rechazado propuestas similares de inversiones forzosas. El consenso en esos mercados es que distraer los recursos de su objetivo original —el bienestar del jubilado— para usarlos como herramienta de política pública es una estrategia de alto riesgo.
Para Colfondos, las administradoras deben tener la libertad de elegir los activos más rentables, sin importar si son locales o foráneos.
El reto del costo del capital
Frente a estas advertencias, el superintendente financiero, César Ferrari, muestra una postura que reconoce las dificultades, pero insiste en la necesidad de un cambio estructural. Ferrari ha alertado que uno de los mayores obstáculos para el crecimiento de Colombia es el altísimo costo del capital, una situación que limita la aparición de nuevos proyectos productivos viables.
Según el superintendente, Colombia tiene un rezago importante en inversión, con niveles cercanos al 16% del PIB, una cifra muy lejana al 40% que registran las potencias asiáticas. Ferrari sostiene que este problema nace de una combinación de bajos niveles de ahorro interno y elevadas tasas de interés, lo que obliga a que los proyectos exijan rentabilidades tan altas que muy pocos logran ejecutarse.
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Destaca que el ahorro de largo plazo de los fondos de pensiones es, precisamente, el motor que podría reducir ese costo del capital y financiar la transformación productiva. Sin embargo, admite que el mercado de capitales local es “poco profundo”.
¿Cuál es la visión del Gobierno?
El presidente Gustavo Petro ha defendido su decreto enfrentándose incluso a los informes técnicos de la Contraloría General de la República. El mandatario asegura que el ahorro de los trabajadores jamás debió salir del país de forma masiva y califica como un “suicidio” económico no repatriar esos recursos en las actuales circunstancias globales.
Petro rechaza los temores de los fondos y asegura que la inversión debe centrarse en elevar la productividad real del trabajo. En su cuenta de X y en diversos foros, ha propuesto que estos recursos se dirijan a proyectos de fibra óptica, infraestructura de alta capacidad de computación, ferrocarriles eléctricos modernos y sistemas de agua potable en las regiones más olvidadas.
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El jefe de Estado ha sido enfático en aclarar que este dinero no se utilizará para pagar la deuda pública, algo que los mercados temen constantemente. Según Petro, al reducir los giros que el Gobierno central hace a Colpensiones gracias a la reforma, se liberará espacio fiscal, permitiendo que el ahorro de los trabajadores se concentre en activos de largo plazo que sustenten el crecimiento del PIB por encima del promedio histórico.
La polémica de los $25 billones
La desconfianza del sector privado no nace solo del decreto que repatría los $125 billones; se alimenta de una “cascada” de normativas recientes. Quizás la más polémica ha sido la expedición del Decreto 0415 de 2026, que ordena el traslado forzoso de $25 billones desde los fondos hacia Colpensiones en un plazo récord de 15 a 30 días.
Este movimiento es calificado por Asofondos como “abiertamente ilegal”. El gremio argumenta que el decreto obliga a entregar recursos de afiliados que aún no se han pensionado y que, por ley, deberían permanecer invertidos y administrados por las AFP hasta que se consolide el derecho a la jubilación. La preocupación central es el uso que Colpensiones y el Gobierno le darán a ese capital inmediato.
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Mientras que Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, ha restado importancia a la cifra calificándola como “un pelo de un gato” frente al total de activos, centros como Anif y Fedesarrollo advierten sobre un riesgo mayor. Existe el temor de que esos $25 billones terminen financiando el gasto corriente del Estado o cubriendo mesadas de los jubilados actuales, en lugar de ser ahorrados para las próximas décadas.
El impacto en el mercado de deuda pública
Un detalle técnico que preocupa a los analistas es que el 70% de esos $25 billones ya está invertido en títulos de deuda pública (TES). Si el Gobierno obligara a las AFP a liquidar esos papeles para entregar el efectivo a Colpensiones en 20 días, el mercado de deuda de Colombia sufriría un colapso. Los precios de los bonos caerían de forma estrepitosa, elevando las tasas de interés y encareciendo el crédito para todos los ciudadanos.
Para evitar este “destrozo” del mercado, el Gobierno ha planteado un modelo de traslado de títulos en lugar de efectivo. Sin embargo, los presidentes de los fondos insisten en que este traslado forzoso rompe las reglas de juego y vulnera la confianza de los inversionistas internacionales en Colombia. La batalla jurídica ya está en marcha ante las altas cortes, que tendrán la última palabra sobre la legalidad de esta medida.
Este escenario de choque institucional se produce en un momento de gran volatilidad para el ahorro de los colombianos. Según un sondeo sobre primer trimestre del año hecho por este medio a los presidentes de las AFP, la gestión del ahorro ha sido un desafío constante entre conflictos internacionales, como la guerra en Medio Oriente, y factores internos como la inflación y el aumento histórico del salario mínimo.
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Un primer trimestre de contrastes
Miguel Largacha destacó que, a pesar de todo, enero de 2024 fue un mes histórico en rendimientos, generando más de $10 billones para los afiliados en tan solo 30 días. No obstante, marzo trajo cifras negativas debido a la caída de los mercados globales por el conflicto entre Irán e Israel. Aun con estos altibajos, el sistema ha logrado entregar retornos superiores al 10% en el acumulado de los últimos 12 meses.
Ricardo Guerra, de Colfondos, coincidió en que la volatilidad externa ha sido compensada en gran medida por inversiones estratégicas en sectores como la inteligencia artificial y el mercado de valores de Estados Unidos.
El consenso entre los líderes de los fondos es que Colombia necesita inversión, pero esta no puede imponerse por la fuerza sobre el ahorro de los trabajadores. La industria advierte que, si el Gobierno no logra estructurar un “banco de proyectos” serio y que ofrezca garantías reales, los $125 billones repatriados podrían terminar perdiendo valor, afectando el monto final de las pensiones de millones de personas.
Urgencia fiscal y ahorro individual
El sector pensional atraviesa así un momento de alta tensión. Mientras el presidente Petro ve en los ahorros de fondos de pensiones una fuente de financiación en medio de época electoral, los fondos ven señales confusas y una reforma pensional que se construye a punta de decretos, mientras paradójicamente la Corte Constitucional decide el futuro de la verdadera reforma.
Para los empresarios consultados por EL COLOMBIANO, si la repatriación de los $125 billones se traduce en puentes, puertos y conectividad real, el país podría dar un salto cualitativo. Pero si, como temen los expertos, ese capital termina atrapado en un mercado sin proyectos o financiando el gasto del día a día, el sistema pensional enfrentará una crisis de sostenibilidad que ninguna reforma enfrentaría.
La palabra final la tendrán las cortes y el mercado, que hoy evalúa si Colombia sigue siendo un destino seguro para el ahorro o si la incertidumbre regulatoria terminará por ahuyentar el capital.
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