Colombia lleva días discutiendo si Colombia está creando empleo formal o destruyéndolo. Mientras unos defienden las cifras del Dane y otros las de la Pila; Juliana Morad, directora del Departamento Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, propone frenar la discusión y hacer una pregunta distinta: ¿qué está midiendo cada fuente realmente?
Para Morad, el problema de fondo, más allá de si alguien mienta o no, es que el Dane y la Pila (la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) no miden lo mismo. Y mientras el país no entienda esa diferencia, seguirá discutiendo a ciegas.
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Dos formas distintas de llamar “formal” a un trabajador
Según explica Morad, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) clasifica la formalidad con criterios distintos según el tipo de trabajador. Por ejemplo, el asalariado es formal si cotiza a salud y pensión por su vínculo laboral. El independiente es formal si su negocio está registrado y lleva contabilidad, sin importar si cotiza o no a pensión; y el empleado público es formal siempre, por definición.
En otras palabras, al asalariado el Dane lo mide por su nivel de protección social. Al independiente lo mide por la naturaleza de su empresa, no por si paga seguridad social.
La Pila, en cambio, cuenta y registra quién paga, de verdad, sus aportes a salud, pensión y riesgos laborales. Por eso, dice Morad, es normal que ambas fuentes muestren niveles distintos, la Geih observa a todo el mercado laboral, incluidos millones de independientes a los que ningún registro alcanza, y puede contar como formal a alguien que no cotiza un peso a pensión. La Pila solo ve a quien efectivamente paga.
La cifra que no logra explicarse
Lo que preocupa a la directora del Departamento Laboral de la Javeriana no es esa brecha esperable, sino otra que no encuentra explicación sencilla. Según la Geih, las personas que cotizan a salud y pensión al mismo tiempo pasaron de 8,52 millones en 2022 a 10,18 millones en 2026, es decir, 1,66 millones más. Los registros de aportes, sin embargo, muestran lo contrario, se estancan o caen.
A esto se suma otro dato que, según Morad, no encaja, en 2025 la economía colombiana creció apenas 2,6%, pero el desempleo cayó de 11,6% a 8% en el mismo periodo.
Una economía que crece tan poco difícilmente puede generar un salto de empleo de esa magnitud. No se trata de cifras “un poco distintas”, van en direcciones opuestas, y para Morad esa brecha no puede quedar sin explicación.
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De ese número dependen decisiones muy concretas para los hogares del país como cuántas personas llegarán a la vejez sin pensión, cómo se financia el sistema de salud, qué tan amplia es realmente la base que sostiene el sistema de protección social; si las reformas laborales y pensionales protegen gente de verdad, o solo lo hacen en el papel.
“Si medimos mal, diseñamos política sobre una ilusión”, advierte Morad.
El estándar internacional que sigue el Dane
Existe una razón de fondo para que el Dane mida la formalidad como lo hace, se trata el estándar de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que mira la informalidad en dos planos.
El primero es la empresa, que es informal si no está registrada. El segundo es el puesto de trabajo, que es informal si no tiene protección social ni legal.
El Dane aplica ese marco porque, tras el ingreso de Colombia a la Ocde en 2015, debe seguir lineamientos y estándares internacionales que permiten comparar a Colombia con otros países.
La propuesta de la Javeriana: un solo criterio para todos
Frente a ese estándar, Morad propone algo distinto a propósito: dejar de medir la formalidad por la naturaleza de la empresa o por la declaración de la persona, y medirla únicamente por lo que de verdad protege al trabajador.
Es decir, por la afiliación y cotización efectiva a seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales, en los términos que exige la ley, sin importar si existe o no un contrato.
En ese orden, como lo propone Morad, se trata de un solo criterio, parejo para todos los trabajadores, anclado al sistema de seguridad social colombiano.
La propuesta tiene un costo explícito, ya que el país perdería comparabilidad internacional, porque dejaría de seguir el estándar de la OIT. Pero, según Morad, ganaría algo más útil para la toma de decisiones internas, la respuesta a una sola pregunta, cuántos trabajadores están realmente protegidos y dónde debe actuar el Estado. “Una medición para decidir, no para comparar”, señala.
El origen de la polémica: el estudio de la Universidad de Antioquia
La discusión se desató el domingo 14 de junio, cuando se conoció un estudio de la Universidad de Antioquia (UdeA) que encontró incongruencias entre los datos del Dane y los de la Pila. Mientras el Dane reportó la creación de 814.000 empleos formales en el último año, el estudio sostiene que la Pila evidencia la pérdida de 170.000 puestos de trabajo en ese mismo periodo.
El informe de la UdeA también resalta que, según los registros de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), las afiliaciones habrían caído 1,35% hasta febrero de 2026, mientras los datos del Dane muestran una desaceleración de la informalidad hasta un rango de 55%, después de haber estado por encima de 56,5%.
Piedad Urdinola, directora del Dane, explicó que ambas fuentes no son comparables directamente. Señaló que la encuesta recoge lo que las personas declaran sobre su situación laboral, mientras que la Pila refleja los aportes efectivamente liquidados al sistema de seguridad social, por lo que es normal que los resultados no coincidan.
Urdinola detalló además que el Dane construye, a partir de la propia Pila, un producto llamado Registro Estadístico de Relaciones Laborales (Relab). Allí, según explicó, es clave tener en cuenta que no todos los que cotizan en la Pila están ocupados: en esa planilla también aparecen estudiantes, pensionados, rentistas, beneficiarios de programas especiales y voluntarios. Por eso, dijo, la información debe depurarse para identificar con precisión los puestos de trabajo reales.
La directora insistió en que las diferencias entre la Geih y la Pila responden a diferencias conceptuales, metodológicas y de cobertura, no a inconsistencias en los datos.
Gremios como la Andi han expresado dudas sobre la consistencia de las cifras. Urdinola respondió que la entidad mantiene una invitación abierta para que cualquier persona de la academia o técnico del sector privado se sume al diálogo, y que los técnicos de la Andi ya conocen las explicaciones del Dane, aunque reconoció que el presidente del gremio, Bruce Mac Master, quizás aún no había sostenido esa conversación directamente.
Sobre el profesor de la UdeA, Edwin Esteban Torres, autor del estudio que originó la polémica, Urdinola indicó que el Dane le respondió mediante un comunicado en mayo y que, hasta el momento, no ha recibido respuesta de su parte.
Consultada sobre si la Geih sigue siendo la principal referencia para el diseño de política pública laboral, Urdinola respondió que eso depende del propósito de cada análisis, y que tanto la Geih como el Relab cumplen los estándares de calidad exigidos para la producción estadística oficial. Su recomendación fue consultar directamente las metodologías publicadas por el Dane para elegir la fuente más adecuada según el tipo de decisión que se vaya a tomar.
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