El Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, sostuvo en la mañana de este lunes una nueva reunión con gobernadores del país para analizar los efectos de la emergencia económica y responder a las preocupaciones planteadas por las regiones, en medio del creciente desacuerdo de varios mandatarios departamentales con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.
Al encuentro asistieron 17 gobernadores, entre ellos los de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Chocó, Guainía, Meta, La Guajira, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada. La reunión se dio como respuesta a la postura crítica que han asumido al menos 20 de los 32 mandatarios departamentales frente al decreto de emergencia económica impulsado por el presidente Gustavo Petro.
Las mayores inquietudes de los gobernadores se han concentrado en el impacto fiscal que podrían tener los cambios tributarios sobre productos como licores y cigarrillos, que representan una fuente clave de ingresos para los departamentos. Gobernadores como el de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y las mandatarias del Valle del Cauca y Tolima, han sido algunos de los más críticos frente a estas medidas, llegando incluso a plantear la eliminación del impoconsumo.
Principales conclusiones de la reunión
Tras la reunión, el ministro Ávila reiteró que la emergencia económica no recorta los ingresos de los departamentos.
Como conclusiones del encuentro, el ministro anunció tres líneas de acción: la instalación de mesas técnicas con las regiones para revisar los impactos de la emergencia económica, un monitoreo mensual de los posibles costos que las medidas puedan generar a los departamentos y la advertencia de que el Gobierno hará seguimiento estricto al cumplimiento de las disposiciones adoptadas.
Desde el Gobierno se recalcó que Colombia es un Estado central y que, en este marco, no existe autonomía territorial para desconocer la aplicación de los decretos expedidos durante la emergencia.
Finalmente, se hizo un llamado a los mandatarios que no apliquen las disposiciones a que los organismos de control, como la Procuraduría y las instancias competentes, ejerzan sus funciones conforme a la ley.
Por su parte, Antioquia sigue firme en solicitarle a la Corte Constitucional la intervención temprana. Lo hará esta semana y en la no aplicabilidad del decreto en lo relativo al impoconsumo
Mientras tanto, los gobernadores continuaron deliberando de manera independiente para unificar una posición frente al Ejecutivo y definir los pasos a seguir ante lo que consideran una afectación potencial a las finanzas regionales.
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Detalles de la reunión
Contexto previo antes de la reunión: “Ingresos departamentales no se reducen”
El ministro detalló que los ingresos actuales de los departamentos serán reconocidos mediante una metodología que busca dar estabilidad fiscal a las regiones. Esta fórmula parte de los recaudos de 2025 y los ajusta con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2026.
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“Los ingresos de los departamentos van a ser reconocidos... y solamente estos ingresos adicionales son los que van a ser percibidos por la Nación”, indicó Ávila, al reiterar que no habrá detrimento en las rentas territoriales.
Contrabando, la mayor preocupación de los gobernadores
En días recientes, al menos 20 gobernadores del país han expresado de manera pública su desacuerdo con el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional. Los mandatarios regionales alertan que las medidas tributarias adoptadas —en particular el incremento del IVA y del impuesto al consumo sobre licores, vinos, aperitivos y cigarrillos— podrían incentivar el contrabando y generar un impacto negativo significativo en las finanzas de los departamentos.
Frente a este riesgo de un incremento de ese comercio ilegal, el alto funcionario reconoció que “siempre hay que considerar que un incremento impositivo en cualquier producto tiene la posibilidad de la expectativa de que se incremente el consumo por las vías no legales”, pero subrayó que esa expectativa no puede ser la base para definir la política tributaria.
Argumento que el Gobierno avanza en el diseño de mecanismos de control más estrictos para evitar un aumento del contrabando. Estas acciones se están estructurando de manera conjunta con la Dian y la Policía Nacional.
“Vamos a implementar unas metodologías de control muy estricto de las rentas... con el fin de evitar cualquier incremento en el contrabando”, afirmó. Además, señaló que parte de los recursos obtenidos con la emergencia económica se destinarán al fortalecimiento de la infraestructura de la fuerza pública, como herramienta clave para combatir estas prácticas ilegales.
Confianza en el aval de la Corte Constitucional
Hay que precisar que dicho decreto ha sido demandado y se espera un eventual pronunciamiento de la Corte Constitucional que suspenda o tumbe el decreto de emergencia. Ante este escenario, Ávila afirmó que el Gobierno mantiene comunicación permanente con el alto tribunal.
“Hemos mantenido una comunicación con la Corte respondiendo las inquietudes que ellos han manifestado”, dijo, y agregó que el Ejecutivo confía en que la Corte entenderá “la importancia de la coyuntura” y la necesidad de los nuevos recursos, dados los hechos sobrevinientes desde finales de diciembre del año pasado.
Por ahora, el Gobierno trabaja bajo el escenario de que la emergencia económica será validada y que las medidas fiscales seguirán vigentes.
Antioquia no aplicará el decreto de emergencia económica
El enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y las regiones se intensificó luego de que la Gobernación de Antioquia anunciara que no acogerá las medidas tributarias del decreto de emergencia económica expedido por el Ministerio de Hacienda. Según conoció EL COLOMBIANO, el departamento considera que estas disposiciones son inconstitucionales y vulneran la autonomía fiscal de los entes territoriales.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que el decreto será inaplicado en su componente tributario al estimar que contraría la Constitución. Señaló que el mayor impacto recaería sobre la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), una de las principales fuentes de ingresos del departamento. La decisión se fundamenta en la excepción de inconstitucionalidad, figura que permite no aplicar la norma mientras la Corte Constitucional no emita un fallo de fondo.
Desde la Gobernación explicaron que esta medida busca evitar un perjuicio irremediable derivado de un cobro tributario que consideran contrario a la Carta Magna. “La Constitución es la norma de normas; ningún acto administrativo o ley está por encima de la Carta Magna”, sostuvo Rendón, al advertir que la aplicación inmediata del decreto tendría un impacto desproporcionado sobre las finanzas departamentales.
De acuerdo con los cálculos oficiales, el Decreto 1474 generaría pérdidas superiores a $40.000 millones para Antioquia. El gobernador advirtió que el Gobierno Nacional absorbería todo el crecimiento de la FLA, lo que implicaría que recursos tradicionalmente destinados a financiar salud y educación en los departamentos terminarían cubriendo el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación de 2026.
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