El próximo presidente de Colombia no solo recibirá las llaves de la Casa de Nariño, sino la administración de una crisis fiscal de proporciones históricas que marcará el destino del país durante la próxima década.
Según advierten análisis recientes de Corficolombiana y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el país llega a 2026 con un deterioro de sus finanzas públicas comparable con las crisis económicas de finales de los años 90 o el choque extraordinario de la pandemia.
La gravedad radica en que el déficit ha estado impulsado por una expansión del gasto estatal que ha superado sistemáticamente la capacidad de generación de ingresos de la economía nacional, y por un nivel de endeudamiento alarmante.
Con un déficit fiscal que alcanzó el 6,4% del PIB en 2025 y un gasto público récord del 22,1%, el margen de maniobra para el nuevo mandatario es peligrosamente estrecho. Economistas de la talla del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, coinciden en que el ajuste necesario para estabilizar la deuda y recuperar la senda de la Regla Fiscal.
El panorama plantea un dilema: el próximo gobierno deberá decidir entre una reforma tributaria estructural que incremente la carga sobre las personas naturales, la ejecución de recortes drásticos a la burocracia estatal o una apuesta agresiva por sectores extractivos y productivos que generen liquidez inmediata para evitar que el sector público termine “asfixiando” al sector privado.
En este escenario, el debate electoral se ha decantado hacia propuestas que intentan equilibrar la urgencia de caja con la promesa de desarrollo. EL COLOMBIANO analizó los planes económicos de cuatro figuras que lideran la intención de voto según la encuesta de Atlas Intel divulgada esta semana: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.
Mientras Cepeda enfoca su modelo en la justicia agraria y la transición ambiental, De la Espriella plantea un “choque” de austeridad y expansión petrolera. Por su parte, Valencia apuesta por austeridad y crédito popular, mientras Fajardo prioriza el orden técnico de las cuentas y una transformación logística de largo aliento.
Las propuestas se consolidaron a partir de sus programas oficiales de gobierno y declaraciones públicas recientes. Esta recopilación ofrece una hoja de ruta sobre cómo cada candidato pretende navegar la tormenta fiscal de 2026, reactivando la inversión privada y prometiendo una “lucha” contra la corrupción y el desbordado gasto público.
Iván Cepeda: redistribución de la riqueza
El plan económico de Iván Cepeda propone una transformación estructural basada en la “austeridad republicana” y la redistribución de la riqueza. Su plan incluye una ley de urgencia para eliminar gastos suntuarios y reducir, “desde el primer segundo”, el salario del presidente y sus ministros.
Con esto busca liberar recursos para un Sistema Nacional del Cuidado y garantizar derechos económicos con perspectiva de género. Cepeda plantea que el Estado debe liderar una redistribución estructural de la riqueza, acompañada de un incremento del salario vital y reformas sociales que aseguren una verdadera progresividad en el ingreso de las familias más vulnerables.
El motor productivo será la “Revolución Agraria”, centrada en la restitución y democratización de tierras fértiles subutilizadas. El objetivo es entregar activos productivos a campesinos y comunidades étnicas, eliminando la intermediación para garantizar precios justos en productos como el arroz, la leche y el café.
Para consolidar esta soberanía alimentaria, propone activar la jurisdicción agraria y fortalecer el crédito y la asistencia técnica estatal en todos los territorios rurales.
En lo ambiental, ratifica la prohibición del fracking y de cualquier explotación en yacimientos no convencionales por su impacto en el agua.
Su meta es acelerar la transición hacia energías renovables para reducir en un 51% las emisiones al 2030, sustituyendo la ganadería extensiva por modelos sostenibles. Este enfoque busca desvincular la economía de los combustibles fósiles, priorizando la inversión social sobre el extractivismo.
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Abelardo De La Espriella: bajar impuestos y explotar el subsuelo
La hoja de ruta económica de Abelardo De la Espriella se fundamenta en un modelo que prioriza la reducción del gasto estatal en un 40% y la eliminación de la carga tributaria sobre el sector privado.
Su estrategia rechaza nuevas reformas tributarias, proponiendo en su lugar la eliminación de impuestos que considera “repelentes”, como el 4x1.000 y los gravámenes a la gasolina. El candidato señala que el 52% del costo por galón de combustible en Colombia corresponde a impuestos, por lo que su desmonte busca aliviar el bolsillo ciudadano.
El eje central de su financiación es la explotación intensiva del subsuelo. De la Espriella propone una política de hidrocarburos que incluya la firma inmediata de nuevos contratos y la implementación del fracking, argumentando que es una obra civil ejecutable con técnica moderna.
Plantea que se podría elevar la producción nacional a 1.300.000 barriles de petróleo diarios, utilizando estos recursos como el gran motor de divisas. Asimismo, ha hablado de la titularización de deudas para buscar liquidez inmediata y un saneamiento de las finanzas mediante la persecución de la “macrocorrupción” y el uso de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF).
Su visión incluye la reactivación del comercio con Venezuela como socio estratégico, supeditada a un cambio de régimen que convierta a Colombia en su principal proveedor de bienes y servicios.
En lo monetario, propone despolitizar el ajuste del salario mínimo, entregando esta responsabilidad técnica a la junta directiva del Banco de la República para garantizar que los incrementos sean coherentes con la productividad y la realidad macroeconómica.
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Paloma Valencia: un estado más pequeño y austero
La estrategia económica de Paloma Valencia se centra en la premisa de “menos impuestos y mejores salarios”, fundamentada en una política de austeridad. Denuncia un exceso de burocracia en el actual Gobierno que consume el 45% del PIB y propone recortar $7,9 billones anuales en cargos públicos para redirigirlos a inversión social y bienes públicos.
Su modelo busca un Estado pequeño y eficiente que elimine el 30% de los trámites y aplique una lucha implacable contra la corrupción, mediante la extinción de dominio exprés y brigadas de búsqueda financiera para recuperar hasta el último peso robado.
Para dinamizar la economía desde la base, propone el Crédito Popular Subsidiado como alternativa al “gota a gota”, beneficiando directamente a jóvenes emprendedores, tenderos y campesinos. Su plan de formalización busca que los micronegocios operen sin trabas ni costos iniciales excesivos, reactivando la inversión privada para generar empleo formal y crecimiento.
En el sector agrario, plantea un Plan Vial Campesino de 10.000 kilómetros de vías terciarias financiado con regalías, junto a alianzas estratégicas entre pequeños y grandes empresarios para fomentar la transformación productiva con valor agregado y vocación exportadora.
En el ámbito de la protección social, Valencia propone el “Ahorro pensional desde la cuna”, un sistema donde los colombianos puedan elegir al final de su vida laboral entre una pensión mensual o el acceso a vivienda propia para asegurar su vejez.
Su política de subsidios está dirigida exclusivamente a sectores vulnerables: adultos mayores pobres (garantizando el pago sin expropiar ahorros ajenos), madres cabeza de hogar y jóvenes en programas de educación de ciclo corto.
El objetivo final –ha dicho– es devolverle la capacidad de elección al ciudadano y garantizar que la riqueza generada por la inteligencia artificial y las energías renovables se traduzca en plata real en el bolsillo de los hogares.
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Sergio Fajardo apuesta por un millón de empleos
El modelo económico de Sergio Fajardo se fundamenta en la recuperación de la confianza mediante un ajuste fiscal responsable y un manejo técnico de los recursos, bajo la premisa de que los fondos públicos son “sagrados”.
Su estrategia busca reducir el déficit y estabilizar la deuda pública a través de una modernización de la Dian y el cierre del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, lo cual liberaría hasta 2 puntos del PIB para inversión social.
Además, propone una ley para flexibilizar el gasto y definir competencias claras entre niveles de gobierno, garantizando que cada peso ejecutado tenga trazabilidad total mediante presupuestos por programas y sistemas de datos abiertos.
En materia de competitividad, Fajardo proyecta reducir el costo logístico del país, que actualmente es del 15,6%, a un solo dígito mediante una reducción anual del 1,5%. Para lograrlo, busca que el sector infraestructura represente entre el 3% y 4% del PIB, apalancándose en corredores integrales y el esquema de obras por impuestos.
Esta visión se complementa con la meta de crear un millón de nuevos empleos formales y formalizar a cuatro millones de trabajadores. Para el sector empresarial, impulsa el fondo “Colombia Coinvierte” para movilizar US$1.000 millones en capital, mientras reduce en un 50% los tiempos para crear empresas y elimina el 30% de los trámites actuales.
Finalmente, el programa apuesta por un campo climáticamente inteligente que vincule al 50% de los pequeños productores a cadenas de valor. En energía, propone una transición que instale 1.000 MW anuales de renovables, manteniendo la seguridad energética con gas y pilotos de fracking bajo estricta supervisión ambiental.
Esta visión se cierra con un impulso a la internacionalización y la diplomacia sanitaria para abrir mercados, preparando al país para la reapertura económica con Venezuela y consolidando a Colombia como un destino confiable para la inversión extranjera con reglas claras y seguridad jurídica.
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