Se conoció una presunta denuncia sobre que Ecopetrol, la empresa más grande del país, habría frenado una licitación del Invías para la vía Puerto Gaitán–Rubiales y terminaron repartiendo $213.000 millones entre entidades locales, con contratos a empresas cercanas a políticos del Meta, posibles sobrecostos y falta de competencia, mientras la carretera —clave para el petróleo del país— sigue inconclusa, con solo ocho kilómetros pavimentados y un tramo sin recursos a corte de noviembre del año pasado.
La información corresponde a una investigación adelantada por la Unidad Investigativa de La Silla Vacía. En el artículo se lee que La carretera Puerto Gaitán–Rubiales, una arteria de 157 kilómetros por donde transita cerca del 30% del crudo que produce Colombia, sigue siendo en gran parte una trocha. Recorrerla puede tomar entre tres y cuatro horas en verano y hasta diez en invierno.
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Su precariedad contrasta con la riqueza que conecta: cinco petroleras —Frontera Energía, Tecpetrol, Cepsa (hoy Cedco), Hocol y Ecopetrol— operan en esa zona del Meta.
Tras un paro de comunidades en junio de 2021, que bloqueó la vía durante una semana y puso en riesgo la producción petrolera, se acordó pavimentarla. Sin embargo, cuatro años después, apenas hay ocho kilómetros terminados y el proyecto quedó envuelto en denuncias de corrupción, según una investigación de la Unidad Investigativa de La Silla Vacía, medio al que se da crédito por las revelaciones.
El acuerdo millonario y la licitación que nunca fue
Los acuerdos se formalizaron en agosto de 2022. La bolsa de recursos alcanzó los 512.000 millones de pesos, suficientes para pavimentar cerca de 80 kilómetros. De ese monto, 284.000 millones provenían de las petroleras —250.000 millones de Ecopetrol—, 28.000 millones de Puerto Gaitán y 200.000 millones de la Gobernación del Meta.
En junio de 2023 se definió que el Invías ejecutaría la obra. La entidad publicó una licitación por 232.000 millones para pavimentar 43 kilómetros, con el objetivo de adjudicarla antes de finalizar el año y arrancar obras en 2024.
Pero el proceso se frenó. El 26 de diciembre de 2023, Ecopetrol envió un correo al Invías solicitando que no se publicaran los pliegos definitivos. La empresa explicó luego que buscaba “generar el espacio para consultar a los demás firmantes del Acuerdo de Cooperación”. Sin embargo, correos obtenidos por el medio de comunicación muestran que las demás petroleras fueron tomadas por sorpresa.
En un mensaje, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) alertó que la decisión implicaba “un altísimo riesgo social” y reclamó que no fue concertada con Hocol, Frontera, Cepsa y Tecpetrol.
El giro de Ecopetrol y la repartición de la plata
Con la licitación del Invías archivada, Ecopetrol decidió repartir la ejecución de los recursos entre el Invías, la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM) y la Alcaldía de Puerto Gaitán. La decisión, tomada bajo la presidencia de Ricardo Roa, terminó convirtiendo 213.000 millones de pesos en un botín que quedó en manos de contratistas ligados a políticos regionales.
La pavimentación quedó dividida así:
Invías: $48.000 millones para pavimentar 8 kilómetros (los únicos ya terminados).
AIM: $147.000 millones (96.600 millones de Ecopetrol y 50.000 millones de regalías) para 24,6 kilómetros.
Puerto Gaitán: $140.000 millones (117.000 millones de Ecopetrol y 22.000 millones de regalías) para 18,8 kilómetros.
El resultado: un tramo de 27 kilómetros quedó sin presupuesto, y seguirá siendo una trocha.
La AIM y los contratistas cercanos al poder en el Meta
En 2024 llegó a la Gobernación del Meta Rafaela Cortés, candidata del exgobernador y hoy precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga. Uno de sus primeros movimientos fue nombrar a Sergio Muñoz Yañez, exsecretario privado de Zuluaga, como director de la AIM.
La AIM adjudicó el contrato a la Unión Temporal Primera Vía, integrada por Coinar (25 %), OIE SAS (10 %), Discep (1 %) y Vías 330 (64 %). Varias de estas empresas han tenido vínculos recurrentes con la contratación pública en el Meta.
Vías 330 fue creada en 2022 por el diputado Julio Mario Rey y su hermano Juan Sebastián Rey, ambos cercanos a Zuluaga. Luego vendieron sus acciones a Víctor Raúl Rodríguez Amaya y Martha Trujillo, esposa del contratista Joaquín Patarroyo, a quien en el Meta señalan como “socio” político de Zuluaga, según testimonios recogidos en esa investigación.
La interventoría también quedó en manos de empresas con relaciones previas con los contratistas. Aunque los contratos estuvieron listos a inicios de 2025 y ya se entregaron casi 29.000 millones en anticipos, las obras apenas comenzaron la semana pasada.
Puerto Gaitán, Asosupro y los sobrecostos detectados
La segunda gran tajada quedó en manos del alcalde de Puerto Gaitán, César Pérez, quien en lugar de abrir una licitación delegó los 140.000 millones a la Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso (Asosupro), creada en 2020 y de la cual el municipio no hace parte.
Asosupro adjudicó el contrato por 130.000 millones a un único oferente: la Unión Temporal Vía Rubiales, integrada por Incodeequipos (98 %), Ingecones (1 %) y Discep (1 %). La intervención, por 8.709 millones, también quedó en manos de un consorcio con vínculos previos con esos contratistas.
Se habla de potenciales sobrecostos en el contrato. El artículo de “mezcla densa caliente”, clave para la pavimentación, se tasó 20 % por encima del precio de referencia de la AIM, lo que habría encarecido el contrato en 7.900 millones de pesos. Asosupro argumentó que el precio se fijó así porque “el valor de la mezcla densa en caliente es inestable”, aunque los registros oficiales muestran variaciones menores al 9 %.
Mientras tanto, el Invías es el único que ya terminó su tramo. Los segmentos en manos de la AIM y de Puerto Gaitán apenas empiezan, y no hay recursos asignados para pavimentar el bache de 27 kilómetros que quedó en la mitad.
A este escándalo, se suman los rumores de malos manejos en la empresa. Para tener una idea, Ecopetrol observará una disminución significativa en sus ingresos durante el tercer trimestre del 2025, presionada por menores volúmenes vendidos, precios más bajos del crudo y un efecto cambiario desfavorable. La compañía también reportó retrocesos en ventas nacionales e internacionales, así como ajustes en su canasta de precios.
Los ingresos totalizaron $29,8 billones entre julio y septiembre, lo que representó una caída del 13,8% frente al mismo trimestre de 2024.
La disminución se explica por el menor volumen de ventas, que restó $2,2 billones debido al aumento de inventarios, menor disponibilidad de crudo por mayores requerimientos de las refinerías y una caída en la comercialización de gas nacional.
Además, se redujo el precio promedio de crudos y productos, con un retroceso de US$4,3 por barril que impactó las ventas en $1,9 billones, en línea con un Brent más débil.
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