Al cierre de noviembre de 2025, la deuda externa del país se ubicó en US$238.721 millones, equivalente al 54,8% del PIB.
El salto frente al boletín anterior
La cifra es superior a la reportada en el boletín previo (con corte a septiembre de 2025), cuando el saldo era de US$211.584 millones, equivalente al 48,6% del PIB.
No obstante, el propio Emisor aclaró que el aumento responde en buena medida a ajustes metodológicos y no exclusivamente a nueva deuda contraída por el país.
Entre los principales cambios está la inclusión dentro de la deuda externa de los títulos de deuda pública en pesos —como los TES— que estén en manos de inversionistas extranjeros. Es decir, aunque estén denominados en moneda local, si el acreedor es externo, ahora se contabilizan como deuda externa.
Al mismo tiempo, el nuevo esquema deja de contar como deuda externa aquellos títulos emitidos en el exterior por el Gobierno o empresas nacionales que hoy estén en manos de entidades residentes del sector financiero.
Según el Banco de la República, estos ajustes buscan armonizar la estadística con la balanza de pagos y ofrecer una medición más consistente frente a las obligaciones reales del país con acreedores externos.
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Tendencia al alza durante 2025
Más allá del cambio metodológico, la tendencia del año muestra un aumento en el peso de la deuda sobre la economía.
Si bien frente a octubre de 2025 hubo una leve reducción mensual de US$433 millones, al comparar noviembre con enero del mismo año, el incremento es claro: la deuda aumentó US$15.792 millones.
En términos del PIB, pasó de representar 53,2% en enero de 2025 a 54,8% en noviembre, es decir, un aumento de 1,6 puntos porcentuales en menos de un año.
¡Cómo está compuesta la deuda externa?
Del total de US$238.721 millones, US$34.375 millones corresponden a deuda de corto plazo (cerca del 14%) y US$204.346 millones son obligaciones de largo plazo (alrededor del 86%).
Categorizándolo por sectores: US$144.546 millones (60%) corresponden al sector público y US$94.175 millones (40%) pertenecen al sector privado.
La alta concentración en deuda de largo plazo reduce riesgos inmediatos de liquidez, pero el volumen total sigue siendo un factor de atención en medio de presiones fiscales crecientes.
Presiones fiscales y advertencia del Gobierno
El panorama se vuelve más complejo si se tiene en cuenta la situación de las finanzas públicas. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió que “la suspensión de decretos de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional podría obligar al Gobierno a evaluar nuevas alternativas de financiamiento”.
Aunque insistió en que el endeudamiento no es la vía prioritaria, reconoció que sigue siendo una posibilidad para garantizar el Presupuesto General de la Nación.
El funcionario señaló que el Ejecutivo ha procurado evitar nueva deuda y que la apuesta del Gobierno es financiar el déficit con mayores y mejores ingresos tributarios. Sin embargo, admitió que, de ser necesario, el endeudamiento podría utilizarse como herramienta para cubrir faltantes fiscales.
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Un 2026 con alta carga de vencimientos
El desafío no se limita a la deuda externa. El perfil de deuda interna también muestra presiones significativas.
De acuerdo con la más reciente actualización del Ministerio de Hacienda, el Gobierno enfrentará en 2026 un servicio de deuda interna cercano a $130 billones, el nivel más alto de los últimos años.
Además, entre 2026 y 2033 se mantendrá una concentración elevada de vencimientos, lo que implica necesidades constantes de refinanciamiento en un contexto de tasas de interés aún relativamente altas y menor margen fiscal.
¿Se encienden las alarmas?
- ¿Por qué los TES ahora cuentan como deuda externa?
- Bajo los nuevos estándares del FMI, si un inversionista extranjero compra bonos en pesos (TES), el país tiene una obligación con el exterior. Por ello, el Banco de la República ahora los incluye para mayor transparencia.
- ¿Qué pasará con la economía colombiana en 2026?
- Se prevé un año de “apretón” fiscal debido a que coinciden vencimientos de deuda interna por $130 billones, lo que exigirá al Gobierno una gestión eficiente del recaudo tributario para evitar un mayor endeudamiento.
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