Corte Constitucional decidirá el 9 de abril sobre decreto que busca recaudar $11 billones, suspendido desde enero por posible violación a la Constitución Política.
Los magistrados de la Corte Constitucional se reunirán este jueves 9 de abril a las 9:00 a.m. para emitir el fallo definitivo sobre el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno declaró el estado de emergencia económica para recaudar billones de pesos.
La decisión es clave porque desde el 29 de enero el decreto permanece suspendido provisionalmente, tras una votación inédita de seis magistrados a favor de frenar sus efectos y solo dos en contra.
El pronunciamiento definirá si el Ejecutivo actuó dentro del marco constitucional o si se extralimitó en el uso de facultades excepcionales.
El fallo tendrá implicaciones directas sobre un paquete fiscal con el que el Gobierno buscaba recaudar cerca de $11 billones.
Entre las medidas más relevantes se encuentra el aumento del IVA del 5% al 19% para licores. Si la Corte declara inexequible el decreto, estos cambios tributarios se caerán, lo que pondría en aprietos las finanzas públicas.
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El Gobierno argumenta que dejar sin efectos ese decreto desconocería la magnitud de la crisis fiscal y social que enfrenta el país. Eso porque la emergencia no obedecía únicamente a un desbalance entre ingresos y gastos del Estado, sino a un “déficit de riesgo”, relacionado con la capacidad del Gobierno para cumplir sus obligaciones, especialmente el pago de la deuda pública, estrechamente vinculada al sostenimiento del sistema de seguridad social.
En esa línea, planteó que el debate de fondo gira en torno a quién debe asumir el costo del ajuste: si los sectores de mayores ingresos, como lo proponía el Gobierno mediante el paquete tributario, o los sectores más vulnerables, que —advirtió— terminarían afectados ante la imposibilidad de financiar políticas económicas y sociales.
El panorama no parece favorable para el Gobierno. Solo dos magistrados se apartaron: Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade, ambos nominados por el presidente. Ellos respaldaron la constitucionalidad de la emergencia, mientras seis ya expresaron reparos.
Si se mantiene esa correlación, es altamente probable que el decreto sea declarado inconstitucional, lo que anularía el paquete tributario y obligaría al Ejecutivo a replantear su estrategia fiscal.
La decisión también tiene un alcance estructural sobre sectores clave de la economía. De mantenerse el decreto, el sector financiero enfrentaría una carga tributaria histórica, con un aumento de 15 puntos en el impuesto de renta que lo llevaría al 50%.
Por su parte, el sector minero-energético quedaría sujeto a un esquema de triple tributación: un impuesto del 1% sobre la comercialización o exportación de carbón y petróleo, una contribución del 2,5% sobre utilidades para financiar a la Superservicios y la entrega del 12% de la energía transada en bolsa.
El paquete también incluye gravámenes directos al consumo. El impuesto a los cigarrillos subiría a $11.200 por cada paquete de 20 unidades, mientras que los vapeadores tendrían un incremento del 30% adicional sobre su precio.
Los bienes de lujo, como yates y motocicletas de alto cilindraje, enfrentarían un IVA del 19%, el mismo porcentaje que se aplicaría a los ingresos de apuestas en línea.
Otro punto central es la continuidad del impuesto al patrimonio, que plantea tarifas progresivas entre el 0,5% y el 5%.
Este gravamen afectaría a personas con activos líquidos superiores a $2.094 millones al inicio de 2026, ampliando la base de contribuyentes de altos ingresos.
La suspensión provisional se sustentó en argumentos jurídicos de fondo. La mayoría de la Corte respaldó la ponencia del magistrado Carlos Camargo, quien concluyó que el decreto no cumplía con los requisitos de hechos “sobrevinientes” e imprevistos.
Entre las principales razones se destacan el exceso en las facultades presidenciales, la falta de una justificación clara sobre la urgencia de la crisis y la necesidad de proteger la separación de poderes.
La Corte consideró que permitir la vigencia del decreto podría generar efectos irreversibles, lo que justificó una intervención excepcional, incluso modificando un precedente de 1994 que impedía suspensiones provisionales en estados de excepción.
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