Este jueves 6 de agosto surgió una nueva controversia entre el Gobierno Nacional y la apps de domicilios a raíz de la expedición del Decreto 0991 del 2026. La queja de las plataforma se debe al cambió de las reglas de juego en materia de seguridad social establecidas en la reforma laboral (Ley 2466 de 2025).
La denuncia la hizo Alianza In Colombia, gremio que agrupa a las principales plataformas digitales de reparto del país como Rappi y DiDi Food.
Según el gremio, la nueva reglamentación de Presidencia “incumple lo establecido en la Ley 2466 de 2025” y rompe el consenso que durante la discusión de la reforma laboral alcanzaron el Gobierno, diferentes bancadas del Congreso, las plataformas digitales y sectores mayoritarios de los repartidores.
Entérese: Jornada laboral de 42 horas en Colombia: Abecé de los cambios para trabajadores y empresas
A su juicio, ese modelo había sido reconocido incluso como un referente internacional por buscar ampliar la protección social sin afectar las oportunidades de generación de ingresos.
José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, se quejó: “Es tan malo el cierre del gobierno Petro, que incluso está implosionando una de las pocas cosas buenas que logró. La protección con seguridad social de los repartidores fue el resultado de un proceso de concertación que había logrado reconocer nuevas formas de trabajo y distribuir responsabilidades entre plataformas y trabajadores”.
Añadió: “Con este decreto, el Gobierno borra con el codo lo que entre muchos escribimos con la mano. Por fortuna, el gobierno del presidente Abelardo de La Espriella tiene la oportunidad de revertir esta muy mala decisión”.
¿Qué establecía la Ley 2466 de 2025 y qué cambia el decreto?
De acuerdo con Alianza In, la Ley 2466 fijó que el ingreso base de cotización (IBC) para los repartidores independientes corresponde al 40 % de sus ingresos. Además, determinó que las plataformas asumirían el 60 % de los aportes a salud y pensión, mientras que los repartidores cubrirían el 40 %. En el caso de los riesgos laborales, el costo quedaría completamente a cargo de las empresas.
Lea igual: De la Espriella saca a Charles Chapman de su equipo tras polémica sobre el trabajo por horas
Sin embargo, el gremio sostiene que el Decreto 991 introduce reglas que hacen más complejo ese esquema. Argumenta que para quienes obtienen ingresos inferiores a un salario mínimo mensual se crean bases de cotización diferentes para salud, pensión y riesgos laborales, desconociendo el ingreso efectivo de cada trabajador.
Uno de los puntos más cuestionados es que, en riesgos laborales, las plataformas deberán cotizar sobre una base equivalente a un salario mínimo mensual, incluso cuando el repartidor haya obtenido ingresos iguales o inferiores a cerca de $76.000 en una plataforma.
Para Alianza In, esta obligación no refleja la realidad del trabajo en aplicaciones, donde una parte importante de los repartidores desarrolla la actividad durante algunas horas al día y la combina con otras plataformas o fuentes de ingresos.
¿Qué impacto tendría en salud y pensiones?
En materia de salud, el gremio asegura que la reglamentación traslada al régimen subsidiado a los repartidores que perciban menos de un salario mínimo, pese a que la ley había creado un esquema contributivo en el que plataformas y trabajadores compartían la financiación de los aportes.
Según Alianza In, esta modificación aumenta la presión financiera sobre un sistema de salud que ya enfrenta dificultades y elimina el principio de corresponsabilidad aprobado por el Congreso.
Respecto al sistema pensional, el decreto reemplaza el cálculo basado en el ingreso real por una metodología que utiliza cuartos de salario mínimo. Es decir, las cotizaciones se determinarían sobre una cuarta parte, la mitad, tres cuartas partes o un salario mínimo completo, lo que, según el gremio, puede incrementar artificialmente el valor de los aportes tanto para los repartidores como para las plataformas.
Alianza In advierte riesgos para el empleo y la formalización
Otro de los reparos planteados por el gremio es que la reglamentación podría desincentivar que los repartidores aumenten sus ingresos. Mientras la ley establecía que el IBC equivalía al 40 % del ingreso real, el decreto dispone que quienes obtengan un salario mínimo o más deberán cotizar, como mínimo, sobre un salario completo.
Para Alianza In, esta diferencia podría incentivar a algunos trabajadores a no superar ciertos niveles de ingresos en una sola plataforma o incluso a mantenerse en la informalidad para evitar mayores costos de cotización.
López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, pidió al nuevo gobierno revisar la medida. “Hacemos un llamado respetuoso al nuevo gobierno para que derogue este decreto con urgencia. De mantenerse, podrían destruirse decenas de miles de oportunidades de trabajo que benefician especialmente a jóvenes y migrantes. Esta reglamentación, como está, es antitécnica e impracticable e incentiva la informalidad que supuestamente pretende combatir”.
El gremio asegura que sus observaciones no fueron acogidas
Alianza In señaló que participó durante varios meses en reuniones con el Ministerio del Trabajo para discutir el proyecto de reglamentación y presentó nueve observaciones consideradas sustanciales por el sector.
No obstante, afirmó que ninguna de esas propuestas fue incorporada al texto definitivo del decreto. Según el gremio, aunque existió un proceso de diálogo, las preocupaciones planteadas por las plataformas fueron desestimadas.
¿Cuál es la justificación del proyecto?
El Decreto argumenta que las medidas tomadas obedecen a garantizar la protección social de los repartidores de plataformas digitales, en cumplimiento de la Ley 2466 de 2025.
La norma busca evitar la precarización de las nuevas formas de trabajo en la economía digital y asegurar el acceso a la seguridad social bajo los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y protección al trabajo.
Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.
El decreto también toma como referencia la Declaración del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2019, que recomienda adaptar los sistemas de protección social a las nuevas modalidades laborales.
Además, reconoce que los repartidores suelen tener ingresos variables y, en muchos casos, inferiores al salario mínimo, por lo que plantea un esquema de cotización diferenciado que, según el Gobierno, protege el mínimo vital y permite acumular semanas para pensión sin perder la cobertura en salud.
Le puede gustar: La maratónica radicación de proyectos del Mintrabajo ante el Congreso: 6 a 15 días de terminar el Gobierno
Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Qué cambia el Decreto 099 para los repartidores de plataformas digitales?
- El Decreto 099 reglamenta la seguridad social de los repartidores independientes de plataformas digitales. Según Alianza In Colombia, introduce nuevas reglas para las cotizaciones en salud, pensión y riesgos laborales que difieren de lo establecido en la Ley 2466 de 2025.
- ¿Por qué Alianza In Colombia pide derogar el Decreto 099?
- El gremio sostiene que la reglamentación encarece los aportes, hace más complejo el sistema de cotización e incentiva la informalidad. Además, afirma que podría poner en riesgo decenas de miles de oportunidades de trabajo para repartidores.
- ¿Cómo cambiarían los aportes a riesgos laborales con el nuevo decreto?
- El gremio asegura que las plataformas deberán cotizar sobre una base equivalente a un salario mínimo, incluso cuando el repartidor haya obtenido ingresos considerablemente menores en una aplicación. Esto, según Alianza In, incrementaría los costos para las empresas.
Regístrate al newsletter