Estaría próximo a cumplirse el plazo para saber por fin si Miguel Quintero y Sebastián Ortega van o no a la cárcel mientras concluye el proceso penal que se les sigue por su presunta participación en hechos de corrupción dentro de la pasada administración de la capital antioqueña.
Esto debido a que este martes terminaron de intervenir tanto la Fiscalía como el abogado de las víctimas, el Ministerio Público y los defensores del hermano del exalcalde Daniel Quintero y de Ortega, quien es hijo de un polémico político de Bello.
El Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías citó a la próxima audiencia con ese fin para el próximo viernes, 2 de octubre, a partir de las dos de la tarde.
Quintero y Ortega fueron imputados recientemente por la fiscal 40 de Delitos contra la Administración Pública: el primero por supuesto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, y el segundo por el último de estos cargos, que están relacionados con una contratación que habría sido espuria entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí; su valor total fue de 17.656 millones de pesos entre los años 2021 y 2022. De acuerdo con la delegada del ente acusador que lleva el caso, de ese monto habrían esquilmado 2.481 millones de pesos; a Miguel Quintero Calle le habrían correspondido $1.653,3 millones y a Ortega 133 millones, en tanto que al entonces subdirector administrativo y financiero del AMVA, Álvaro Villada (peculado e interés indebido de contratos), 693,7 millones; habrían sido coadyuvados, según el expediente, por la exasesora jurídica de la misma entidad, que fue imputada por interés indebido.
Esta es la tercera fase de un proceso que tenía ya siete imputados, como el director del AMVA para el periodo 2020-2023, Juan David Palacio, y el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid.
La Fiscalía solo pidió cárcel para Miguel Quintero mientras que avanza el proceso, pero el abogado del AMVA (acreditada como víctima), Mayer Abushihab, solicitó lo mismo para Ortega.
En ambos casos empezaron señalando que habría cómo demostrar una “inferencia razonable” de la presunta participación activa en el presunto ilícito.
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Otro motivo para pedir que estos estén entre rejas por lo pronto, es que existiría una estrategia para amedrentar a testigos fundamentales de la investigación, especialmente a Cadavid.
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Así mismo, Ortega y Miguel Quintero tendrían capacidad económica y facilidades para salir del país y evadir a la justicia, unido a un motivo como la posibilidad de enfrentar una pena de varios años de cárcel.
Los argumentos de la defensa
Entre este lunes y martes era el turno para que sus abogados desmontaran esa esa argumentación. Pero el delegado de la Procuraduría, José Luis Ochoa inauguró la sesión apoyando el pedido de la medida intramural.
“Se justificó la necesidad de restringir la libertad basándose en el riesgo de obstrucción a la justicia, la posible intimidación a testigos y la probabilidad de no comparecencia al proceso. Tras verificar que las medidas menos invasivas resultan insuficientes para proteger los fines constitucionales, el delegado respaldó la petición para garantizar el desarrollo adecuado de la investigación”, resaltó Ochoa.
El abogado Santiago Trespalacios, que defiende a Quintero, empezó en la primera jornada elogiando el trabajo juicioso e impecable de la Fiscalía frente a la presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero.
No obstante, sí se gastó más cerca de cinco horas buscando desmontar la presunta continuidad de la conducta punible, el peligro de obstrucción y el riesgo de no comparecencia y culminó pidiendo que las pruebas obtenidas desde noviembre pasado (como las minutas de visitas a la cárcel o informes migratorios), con las cuales se sustenta el requerimiento carcelario, sean excluidas, pues su cliente no fue convocado a las audiencias de control posterior que las validaron y en consecuencia se violó, en su concepto, el derecho a la defensa.
En el segundo día de esta semana, el abogado Billy Torres, a nombre de Ortega buscó igualmente que se excluyeran las alusiones a un presunto caso de intimidación en Ecopetrol en el que este es mencionado, lo mismo que su presunta participación en la venta de una franquicia ilegal para controlar la contratación en Afinia (la filial de EPM en la Costa Atlántica).
Así mismo, dijo que no hay cómo demostrar que Ortega tenga relación con intimidaciones a los testigos o presiones a la familia de Cadavid para que este dejara de colaborar con la justicia y mucho menos con la supuesta infiltración del expediente.
Una de sus estrategias fue tratar de evidenciar supuestas inconsistencias en las versiones que ha dado el exgrente de los bomberos de Itagüí.
Así mismo apuntó que no es cierto que este goce de condiciones especiales que hagan pensar en que no comparecerá a las citaciones. Según Torres, Ortega está encargado de cuidar a su padre enfermo (William Ortega) y es además padre de familia. Y justamente en uno de los viajes a Panamá que citó la fiscalía, en el que coincidió con Miguel Quintero, habría ido a conocer al recién nacido.
Después, la Fiscal 40 alegó que todos los elementos probatorios recogidos desde noviembre de 2025 son legales porque la inclusión de Miguel Quintero como indiciado partió del principio de oportunidad que un juez le aprobó a Cadavid el 24 de marzo y solo desde esa fecha era obligatorio citarlo a las audiencias para validar las pruebas.
Pero además, dijo que aún teniendo información de que se estaban obrando diligencias que mencionaban a Quintero, su defensa no elevó solicitudes para ser convocado.
Abushihab complementó que en todo caso ya hay jurispruduencia acerca de que si hubo algún vicio en este sentido, puede ser subsanado en etapas posteriores. Insistió igualmente en que no se descarten los elementos señalados con respecto a Ortega, que lo relacionan con los escándalos de Afinia y Ecopetrol, porque si bien no tienen que ver con el contrato que es investigado, no se trata de hechos aislados “sino que son absolutamente pertinentes” de citar en la petición de la medida de aseguramiento.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿De cuánto dinero se habría apropiado Sebastián Ortega en el caso de los Bomberos de Itagüí?
- Según los argumentos expuestos por el representante de las víctimas, Ortega se habría apropiado presuntamente de $133 millones para sí mismo y otros $266 millones para Miguel Quintero, para un total cercano a $400 millones. Estas cifras corresponden a señalamientos dentro de la investigación y no a una condena judicial.
- ¿Por qué el abogado del AMVA pidió cárcel para Sebastián Ortega?
- El abogado Mayer Abushihab pidió una medida de aseguramiento en prisión al señalar tres factores principales: la presunta participación de Ortega en los hechos investigados, un posible riesgo de intimidación de testigos y la posibilidad de que pueda evadir la justicia saliendo del país.
- ¿Qué testigos estarían en riesgo en el caso contra Sebastián Ortega?
- Los principales testigos mencionados son Misael Cadavid, exgerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y Laura Mejía, exfuncionaria del AMVA que colabora con la justicia. Según el representante de las víctimas, existiría una estrategia para amedrentarlos y Ortega tendría participación en ella.
