La Universidad de Antioquia anunció que denunciará ante el Tribunal de Ética Médica y ante la Fiscalía el caso de los 40 galenos que fueron sorprendidos haciendo fraude en las pruebas para optar a especializaciones quirúrgicas el pasado 10 de abril.
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Para ello, las directivas indicaron que están consolidando un informe apoyados en el equipo docente y logístico que acompañó la jornada de exámenes que se hicieron hace una semana.
La primera instancia podría tener como consecuencia la suspensión de la tarjeta profesional para quienes sean hallados responsables de la conducta irregular, mientras que el llevar el caso ante la justicia puede conllevar penas privativas de la libertad.
La intención de la alma máter, además, es que las autoridades investiguen no solo las posibles responsabilidades individuales, sino la posible identificación de redes o empresas que promuevan las prácticas ilícitas.
Según ha podido establecer la misma universidad, alrededor del pretendido fraude habría una red externa que les ofrece a los aspirantes a las apetecidas plazas de estudio el supuesto acceso a las respuestas del examen en tiempo real, a cambio de sumas millonarias.
Se ha podido establecer que algunos habrían pagado hasta 160 millones de pesos.
El modus operandi habría sido el siguiente, de acuerdo con el perfilamiento que ha podido hacer el equipo vinculado con el principal centro de estudios estatal del departamento:
• Una vez iniciada la prueba, a través del uso de cámaras y dispositivos inteligentes intentaron obtener imágenes de la misma para enviarlas en tiempo real a grupos de personas externas.
• Si obtienen estas imágenes, reconstruyen el examen e intentan resolver cada pregunta, incluso con ayuda de la inteligencia artificial.
• En los casos en que recibieron las imágenes, su propósito era intentar enviarles a los aspirantes que los habían contratado las respuestas presuntamente resueltas por ellos. Este envío lo habrían hecho a través de dispositivos de comunicación inalámbricos y microauriculares.
• En este proceso habrían intervenido personas expertas en resolución de pruebas y muy probablemente también médicos especialistas.
“Estas actuaciones no solo constituyen un fraude, sino que exponen a quienes participan en ellas a sanciones académicas, éticas y legales, como es este caso”, dijo la universidad, que ratificó que el contenido de las pruebas no fue filtrado con antelación, pues contaba con una cadena de custodia sólida y estrictos controles de seguridad en todas sus etapas, desde la elaboración de las preguntas hasta su distribución y aplicación.
Luego de detectar el presunto fraude, la universidad anuló las pruebas que hizo en siete de las ocho sedes que tenía habilitadas para hacerlas, donde se presentaron 3.700 aspirantes.
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“Si bien es posible que no todos los aspirantes con intentos de fraude hayan sido individualmente detectados —fueron sorprendidos 40—, la Universidad tiene la certeza de que ninguno logró consumar el fraude, en tanto las medidas implementadas permitieron desarticular, desde los primeros minutos de la prueba, la operación que pretendía vulnerar el proceso”, lo cual significa que ninguno de los participantes pudo recibir información externa y lograr su cometido, puntualizaron las directivas.
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