En 1971, uno de los años más convulsos en la historia del movimiento estudiantil, la Universidad de Antioquia (U. de A.) se cerró a la ciudad. En menos de cuatro años, el que fuera uno de los campus más modernos del país dejó de ser un espacio público y se resguardó en un cerco de metal y piedra que sigue en pie 55 años después.
La idea de regresar la ciudadela universitaria al espíritu con el que fue diseñada renació esta semana, en medio del encendido debate abierto por el presidente Abelardo de la Espriella a raíz de un protocolo en construcción para que la Fuerza Pública pueda entrar a las universidades cuando se presenten actos vandálicos y de terrorismo.
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Si bien la letra menuda de ese protocolo no se conoce, el debate sirvió para que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, diera un paso más allá y propusiera que la sede principal de la U. de A. volviera a abrirse como en 1968.
La discusión ha sido larga y compleja. En 2020, luego de otra serie de choques entre estudiantes y la Policía, el entonces gobernador Aníbal Gaviria también había propuesto lo mismo, pero la idea se quedó en el tintero.
Mientras quienes la defendían argumentaban que la ciudad carecía de espacio público y que en las grandes urbes del mundo las universidades son espacios abiertos a la ciudadanía, otros expresaban su preocupación porque la situación de seguridad se saliera de las manos.
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Temores a robos de equipos de alto costo, la presencia de habitantes en situación de calle en la avenida Regional y La Minorista, además de los costos que implicaría el cambio, terminaron diluyendo la iniciativa. Sin embargo, cuatro años después, el debate está otra vez sobre la mesa.
El inicio de las obras del cerramiento de la U. de A. quedó registrado así en una breve nota publicada por este diario el lunes 14 de junio de 1971: “Se inició la construcción de un cerco en la Ciudad Universitaria del Alma Mater, el cual había sido solicitado en días pasados por el Consejo Estudiantil. La obra, que fue autorizada por el Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia, obviará el problema de la inseguridad en los alrededores del plantel”.
El contexto de aquel año fue muy complejo. Luego de que una manifestación de estudiantes en Cali resultara con 20 muertos, por todo el país se replicaron fuertes choques entre jóvenes y la Fuerza Pública. Al igual que en años recientes, en los enfrentamientos hubo retenciones y heridos en ambos lados y muchas universidades suspendieron sus labores.
En la Universidad de Antioquia, la protesta más grande dejó un saldo de 600 detenidos que fueron llevados a la Plaza de Toros La Macarena, tres policías retenidos ilegalmente por los estudiantes y finalmente una orden de militarizar la universidad que terminó por calmar las aguas.
Además de ese contexto —en el que muchos vieron el cerramiento como una herramienta para que los manifestantes no se escabulleran por los barrios Chagualo y Sevilla— la medida también se vio influenciada por la cercanía de la universidad con zonas como Lovaina —entonces uno de los nodos de la prostitución— y varios barrios de invasión considerados peligrosos.
En años recientes, otro de los que ha liderado el debate es el exrector de esa universidad y exsecretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alviar, quien considera que la iniciativa va mucho más allá de los problemas de orden público y se trata más de una gran apuesta de ciudad.
“A mí me tocó de niño, cuando iba al conservatorio de música, cuando no había mallas. Uno entraba por la calle Barranquilla perfectamente, por esa zona verde tan bonita, hasta donde lo que hoy es la Facultad de Artes”, dice.
Es con la óptica de la seguridad que el exrector plantea que la reapertura cobra sentido, ya que la idea busca que la comunidad vecina se apropie del espacio público y así haya más ojos en el alma máter.
Si bien por la coyuntura de los últimos días el debate se ha enfocado sobre todo en el tema de choques entre encapuchados y la Policía, Alviar insiste en que el proyecto tiene un enfoque más amplio.
“La Policía puede entrar con mallas o sin mallas. La universidad no es un extraterritorio”, señala, recordando que, en muchas ocasiones, la Fuerza Pública ya ha entrado al campus a hacer operativos.
Alviar acota que incluso existen planos ya formulados, en los que hay opciones que van desde una apertura total, a un cerramiento parcial que pueda habilitarse en el día y restringir el paso en la noche, como por ejemplo ya ocurre en la plazoleta de la Universidad Pontificia Bolivariana sobre la carrera 70.
“Obviamente habría que reforzar la seguridad y eso tiene un costo. Habría que diseñar sistemas modernos de acceso con huella digital o con registro facial, pero todo eso está inventado. Lo que realmente vale la pena es el asunto de la convivencia ciudadana y del aprovechamiento de ese patrimonio para beneficio de la comunidad”, propone.
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