Pese a haber denunciado hace meses atrás amenazas de muerte, cuatro concejales de Medellín aún no contarían con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Desde el pasado mes de abril los corporados Alejandro de Bedout, Andrés Rodríguez, Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón están siendo objeto de intimidaciones al parecer derivadas de las tareas de control político que ejercen sobre distintos asuntos de ciudad. Tan grave es el asunto que en un asunto que no se veía hace años, el cabildo debió sesionar a puerta cerrada por seguridad.
Aún así, tan evidente es la parsimonia de la UNP que tuvo que ser la Procuraduría General de la Nación la que solicitara formalmente a la UNP adelantar prontamente las evaluaciones de riesgo correspondientes y adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los cabildantes.
De acuerdo con una carta emitida por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos a la Alcaldía de Medellín, el organismo tuvo conocimiento de las denuncias y, en ejercicio de sus funciones preventivas, solicitó a la UNP iniciar el proceso de evaluación de riesgo para los corporados, adoptar e implementar de manera inmediata las medidas de protección que sean necesarias y reportar las actuaciones realizadas para atender la situación.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la administración distrital había advertido oportunamente desde abril sobre los riesgos que enfrentan los concejales y cuestionó la ausencia de acciones concretas por parte de las autoridades nacionales.
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Según el mandatario, su administración elevó una comunicación al Ministerio del Interior alertando sobre las amenazas y solicitando la activación de mecanismos de protección. Sin embargo, afirmó que después de casi dos meses no se había recibido una respuesta formal.
“Al día de hoy, después de casi 2 meses de haber enviado la carta (Al Ministerio del Interior), no hemos recibido respuesta (...) Petro solo protege a sus amigos bandidos. ”, detalló.
Por ahora, se espera que la Unidad Nacional de Protección atienda la solicitud realizada por la Procuraduría, adelante las evaluaciones correspondientes y determine qué medidas deberán implementarse para garantizar la seguridad de los cuatro concejales mientras continúan ejerciendo sus funciones públicas.
Mientras tanto, los corporados amenazados citaron una rueda de prensa para este jueves 18 de junio para ahondar en las nuevas denuncias contra su vida.
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