El 11 de noviembre de 2007, de una casa ubicada en la vereda El Cuchillón de Dabeiba, Occidente antioqueño, sacaron a la fuerza a Gabriel Eberto Pérez Nieto, un campesino con discapacidad. Según relata su hermana Jaquelina, Gabriel estaba acostado en su cama cuando de repente tres militares entraron a la propiedad y se lo llevaron. Ese día, dice ella, lo desaparecieron y luego lo mataron.
Casi 20 años después, sus parientes, quienes aún tienen la esperanza de recuperar sus restos, llegaron ayer al Museo Casa de la Memoria de Medellín para participar de la audiencia pública de verificación que adelanta la JEP, correspondiente a los casos que abordan los crímenes cometidos en el noroccidente del departamento vinculados al cementerio Las Mercedes de Dabeiba, donde se destaca el caso de Gabriel y de decenas de personas asesinadas en este municipio y en Ituango entre 1997 y 2007, presentadas como falsos positivos y sepultadas sistemáticamente en diferentes puntos de ese cementerio.
El propósito central de esta diligencia, que culmina hoy, es verificar que se hayan cumplido los compromisos y las exigencias institucionales previas a la emisión de una sentencia definitiva para siete antiguos integrantes del Ejército, quienes asumieron su responsabilidad en 35 casos de asesinatos y desapariciones forzadas y aportaron a la construcción de la verdad al revelar detalles de los crímenes.
“Gracias a esos aportes de verdad de los comparecientes logramos llegar al cementerio Las Mercedes en Dabeiba y recuperar 77 cuerpos, de los cuales ya 15 han sido identificados y entregados. En Ituango se entregaron 2 y en Carepa, uno. Esos avances no los podríamos tener con la justicia ordinaria”, dijo el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP.
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Dentro de un mes aproximadamente se conocerá la sentencia de sanción propia para los implicados, es decir, no irán a prisión, pero sí deberán cumplir con una serie de acciones restaurativas con las víctimas y en los territorios que ellos mismos afectaron.
Los comparecientes involucrados en esta etapa de juicio son el coronel retirado Edie Pinzón Turcios, los mayores retirados Efraín Enrique Prada Correa, Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y Yair Leandro Rodríguez Giraldo, el sargento primero retirado Jaime Coral Trujillo, el sargento viceprimero retirado Fidel Iván Ochoa Blanco, y el sargento segundo retirado William Andrés Capera Vargas.
“Cuando me contactaron desde la JEP, sentí una especie de liberación a la angustia que me había acompañado todos estos años. La conciencia no me dejaba descansar. Me había llegado la hora de confrontarme a mí mismo, y para abordar mi historia personal y mi pasado era necesario afrontar la situación”, dijo Rodríguez Giraldo con la voz entrecortada en medio de la primera audiencia.
Si bien había un octavo uniformado implicado en el caso, el sargento retirado Levis de Jesús Contreras Salgado, tras la investigación de la JEP se determinó que este no reunía las condiciones jurídicas específicas para ser catalogado como uno de los máximos responsables de los crímenes cometidos, por ende su expediente se desvinculó de la sección y se remitió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
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