La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta se presentó este martes 26 de mayo a las 2:00 p.m. ante el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso por injuria y calumnia que le instauró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, después de que la senadora afirmara que el alcalde tenía relaciones con grupos criminales. Afirmaciones que después del proceso penal tuvo que aclarar diciendo: “No me consta de manera directa que el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga tenga vínculos o alianzas con criminales.”
Este martes, frente al despacho judicial, tuvo que tomar su teléfono celular y borrar, uno a uno, los trinos en los que había emitido esas afirmaciones.
Los trinos que debió borrar
Los tres trinos eliminados fueron publicados entre el 21 y el 25 de junio de 2025, en el marco del llamado “tarimazo”, el polémico evento político realizado en la Plaza de la Alpujarra de Medellín, donde el presidente Gustavo Petro compartió tarima con 23 cabecillas y voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá beneficiados con la suspensión de sus órdenes de captura gracias a la política de Paz Total que buscaba entablar negociaciones con estos grupos. Durante ese álgido momento político, Zuleta señaló supuestos vínculos del alcalde con organizaciones delincuenciales de la ciudad.
El primero, del 21 de junio, fue publicado durante el evento mismo, en el que sugería que el alcalde tenía relaciones con la Oficina de Envigado, uno de los grupos delincuenciales más temidos del Valle de Aburrá que también participó de la Paz Total. El segundo, del 23 de junio, fue en respuesta a la reacción pública del alcalde. En ese trino, Zuleta escribió: “El verdadero Pacto de la Picota lo hizo @FicoGutierrez en 2019, cuando movió a los voceros a La Picota para apaciguar la guerra que desangraba la ciudad. Solo que le faltó valentía para hacerlo público. Hoy, en vez de construir paz, prefiere hacer politiquería.” El tercero fue publicado el 25 de junio, profundizando los señalamientos.
En noviembre de 2025, Zuleta se retractó públicamente de afirmaciones en las que había vinculado al alcalde con grupos delincuenciales, en el marco del proceso por injuria iniciado por el alcalde.
La primera retractación
La retractación fue publicada según lo acordado en una diligencia de conciliación convocada por el magistrado de la Sala Especial de Instrucción, Misael Fernando Rodríguez Castellanos. El pronunciamiento fue divulgado mediante un video de 59 segundos publicado en sus redes sociales.
Sin embargo, la senadora matizó su retractación desde el principio. Respondió a Gutiérrez argumentando que también lo había denunciado penalmente por injuria y calumnia ante la Fiscalía, y que no aceptó retractarse porque supuestamente posee elementos de juicio para asegurar lo que dijo. Eso fue lo que la llevó de los términos del acuerdo fue lo que la llevó a comparecer nuevamente este martes.
Tras la primera retractación, el alcalde Gutiérrez aseguró que la congresista ha tenido un comportamiento reiterado de difamar a sus opositores. “Todo lo dicho por ella en el Tarimazo del lado de los peores criminales y muchos mensajes en redes y en otros medios de comunicación, solo fueron calumnias. Confiamos en la justicia”, afirmó el alcalde.
Otros casos contra la senadora
No es la primera vez que Zuleta enfrenta una orden judicial de borrar publicaciones en redes sociales. En junio de 2025, una jueza le ordenó retractarse y borrar de redes sociales las imágenes y datos que difundió sobre Juan Diego Riaño Garzón, asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Angélica Lozano.
Los datos fueron revelados en medio de las polémicas que se suscitaron durante el trámite de la reforma laboral. En las publicaciones aparecían nombres, números de teléfono y conversaciones de un chat privado. El asesor Riaño afirmó que desde ese día recibió amenazas, hostigamientos y llamadas de teléfonos ocultos advirtiéndole que no podía volver a pisar el Congreso.
El fenómeno se repite en la política colombiana
Las últimas semanas han sido marcadas por políticos retractándose de declaraciones emitidas en redes sociales o medios de comunicación. Estos dos casos también sacudieron el debate público.
El 20 de mayo, el presidente Gustavo Petro se retractó públicamente por haber llamado “muñecas de la mafia” a varias periodistas colombianas, en cumplimiento de una decisión de la Corte Constitucional que le ordenó ofrecer disculpas públicas y reconocer que sus declaraciones afectaron la dignidad y la seguridad de las comunicadoras. Sin embargo, la retractación fue en medio de un Consejo de Ministros y no una alocución presidencial exclusiva para tal fin, como fue ordenado en la Sentencia SU-432 de 2025.
Solo tres días después, el 23 de mayo, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal publicó un video cumpliendo con un fallo judicial que la obligaba a rectificar sus declaraciones sobre el exterminio de la Unión Patriótica.
Aunque acató la orden, dejó constancia expresa de que el acto no obedecía a cambio alguno en sus convicciones: “Lo hago porque creo en el Estado de derecho y en la democracia constitucional”, afirmó. El fallo respondía a declaraciones que hizo el 29 de octubre de 2025 en una entrevista con La Silla Vacía, en las que afirmó que la Unión Patriótica fue “el brazo político de las Farc” y que “a la UP los exterminaron las Farc”, desconociendo la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le impuso al Estado colombiano en 2022 por el exterminio sistemático del partido.
Los tres casos, ocurridos en un lapso de menos de dos semanas, ponen en evidencia una tensión creciente entre la libertad de expresión política y los límites que la justicia colombiana ha comenzado a trazar frente a declaraciones que los tribunales consideran falsas, estigmatizantes o lesivas para la honra y la memoria de las víctimas.
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