Estaba previsto que este 14 de agosto volvieran a los estrados judiciales el exalcalde Daniel Quintero y otros 12 procesados, con el fin de definir si el caso polémico por el megalote Aguas Vivas continúa o no; sin embargo, un percance de última hora truncó ese propósito.
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Este caso había evolucionado más allá de la imputación de cargos a los trece presuntos implicados, pero el pasado 14 de julio la juez de conocimiento asignada declaró la nulidad de las imputaciones, el 6 de agosto se esperaba que la misma funcionaria resolviera una apelación que la Fiscalía y la Alcaldía interpusieron ante esa decisión, pero fue aplazada para el 20 de agosto, fecha en la cual la Fiscalía y el representante de las víctimas (un abogado de la Alcaldía de Medellín) expusieron sus argumentos; no obstante, fue puesta en stand-by de nuevo la diligencia porque los abogados defensores de los imputados pidieron tiempo para preparar su argumentación.
La nueva cita era este lunes a partir de las 8:30 a.m. en el Juzgado 20 Penal de Medellín; no obstante, a la hora prevista, un funcionario del despacho judicial hizo apertura en la sesión virtual informando que esta quedaba aplazada. La razón era que uno de los defensores no podía asistir por razones de salud.
En efecto, según explicó, el abogado Jhohesiash Ben Emmanuel Goldstein Summers, apoderado de Carlos Mario Montoya Serna, había enviado en las últimas horas una incapacidad por una dificultad de salud correspondiente al fin de semana y la constancia de una cita médica que tenía prevista para este mismo 14 de septiembre, fecha en la que estaba citada la audiencia.
Tras un llamado de asistencia en el que no se presentó el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, el oficial del Juzgado 20 Penal informó que la nueva fecha será el jueves 15 de octubre a partir de la 1:30 p.m.
En este caso, el exalcalde Quintero ha estado respondiendo por presunto peculado por apropiación y prevaricato, mientras que su exsecretario general, Fabio Andrés García, lo hace por prevaricato.
Por presunto interés indebido están siendo juzgados Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.
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Además, hay tres particulares, dueños de Aguas Vivas, como posibles autores de peculado: Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas.
No obstante, en su audiencia de hace tres semanas, la juez 22 Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento concluyó que la Fiscalía no fue clara con la manera en que cada uno de ellos habría participado en los supuestos ilícitos. Y justamente la exposición del representante de la Fiscalía este jueves se centró en argumentar por qué la operadora judicial, a su parecer, se equivoca.
Se centró en recordar los apartes concretos del texto de imputación en los que se refirió a cada uno y cómo desde su función como funcionarios habrían accionado para que particulares obtuvieran un beneficio.
Si esta acepta la alegación, el caso pasa al Tribunal Superior de Medellín para que este falle de fondo acerca de si hay o no lugar a la nulidad y, en caso de ser aprobada, esa nulidad no significa que los presuntos implicados se declaren automáticamente inocentes, sino que la Fiscalía debe ajustar la imputación de cargos de acuerdo con los requerimientos formales de los jueces.
Es importante recordar que el escándalo de Aguas Vivas tiene que ver con la entrega que inicialmente le hicieron al Distrito de un predio inmenso en la parte alta de El Poblado como reconocimiento de obligaciones urbanísticas futuras (un requisito que tienen los constructores de dejar espacio público para la ciudad por cada proyecto que ejecuten) y después gestionaron para que les reconocieran más de $40.000 millones.
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