Uno de los nombres que aún siguen sonando en la política es el de Daniel Quintero Calle, el exalcalde de Medellín que, pese a quedar con varias investigaciones pendientes luego de su mandato, busca llegar a la Casa de Nariño a manejar el presupuesto del país.
Su período bajo el mando de la Alcaldía de Medellín fue hasta el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, desde el 1 de octubre dejó de figurar como alcalde del distrito tras renunciar a su cargo con la intención de apoyar públicamente a Juan Carlos Upegui, candidato para el período 2024-2027 y quien fue su secretario de la No Violencia.
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Al renunciar como mandatario, Quintero Calle se libraba de la prohibición que tienen los alcaldes y gobernadores de participar públicamente en política manifestando su apoyo u oposición a algún candidato, algo que ya le había traído sanciones durante la campaña de Gustavo Petro cuando publicó un video con la frase “el cambio en primera”, haciendo alusión a su afinidad con el entonces candidato del Pacto Histórico.
Justamente, esa participación en política, aparte de que lo separó transitoriamente del cargo, le dio al final de su mandato una inhabilidad de seis meses.
En medio de su lista de investigaciones y procesos judiciales, este es el caso disciplinario más leve, pues en total el exalcalde y su círculo completan un total de 43 señalamientos por diferentes casos, algunos aún materia de investigación.
Metroparques, una de las entidades más cuestionadas en la administración Quintero Calle
El primer caso es acerca del mantenimiento de jardines y zonas verdes, pues la Procuraduría puso la lupa en el retiro de contratos al Jardín Botánico para entregarlos a Metroparques, que luego los subcontrató con empresas vinculadas entre sí.
Para las autoridades, luego de que Metroparques recibiera el contrato interadministrativo, subcontrató las labores de mantenimiento con la empresa Reforestadora El Líbano, haciendo que se generara un plan para direccionar los contratos hacia un grupo de empresas pertenecientes a una misma familia, las cuales estaban relacionadas entre sí.
La Procuraduría ya impuso inhabilidades por este direccionamiento ilegal de recursos. Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura, y Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, fueron sancionados con nueve años sin poder ejercer cargos públicos.
En el período de Daniel Quintero Calle, una de las entidades más cuestionadas fue Metroparques, que estuvo implicada en la entrega de varios contratos de forma irregular.
Otro de los casos ocurrió con el Parque de las Aguas, pues este fue escenario de un presunto entramado de corrupción que ya ha tenido varias consecuencias judiciales.
De acuerdo con las investigaciones, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) suscribió al menos tres contratos interadministrativos con Metroparques por un valor total de $17.450 millones para el mantenimiento del Parque de las Aguas.
La entidad encargada de los parques de diversión tercerizó estas labores con empresas privadas como Comercializadora JPino SAS, 1 Soluciones SAS y Estructuras Zafiro SAS. Para la Fiscalía, estos contratos fueron adjudicados a dedo para favorecer a aliados específicos.
En la investigación se detectaron sobrecostos estimados en $1.500 millones en la compra de insumos básicos como cloro, reflectores y elementos de bioseguridad.
En el listado de contratos, uno de los que llama la atención es el de la construcción de un “hangar” innecesario en el parque por $7.000 millones, el cual se realizó sin un requerimiento real, con el único fin de beneficiar al contratista.
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Sobre este proceso, las autoridades iniciaron procesos de extinción de dominio sobre 23 bienes pertenecientes a implicados, con un valor superior a los $3.000 millones.
Además, en enero de este año un juez avaló que un exfuncionario del AMVA colabore con la justicia bajo un principio de oportunidad, entregando información sobre cómo operaba el esquema y el nivel de responsabilidad de los directivos.
En el proceso, la Fiscalía ha solicitado que este entramado sea catalogado como un Grupo Delincuencial Organizado (GDO), argumentando que no se trató de errores aislados, sino de un plan sistemático para saquear las arcas públicas. Los implicados en este caso son Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del AMVA, los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez y la exjefa de compras, Viviana del Valle Velásquez, además de los representantes legales de varias empresas subcontratistas.
El escándalo de Buen Comienzo
Una de las cosas quizás más indignantes en medio de las investigaciones fueron los presuntos casos de corrupción con el programa Buen Comienzo, que es el encargado de la atención integral de la primera infancia en Medellín.
Este fue uno de los escándalos más emblemáticos de la alcaldía de Quintero Calle y ha estado centrado en el presunto manejo irregular de recursos destinados a la alimentación y atención de la primera infancia.
La Fiscalía General de la Nación señala a la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, y a la exdirectora del programa, Lina Gil, como las principales responsables de direccionar ilegalmente contratos hacia la Corporación Colombia Avanza.
Este grupo habría utilizado su influencia para asegurar que dicha entidad privada recibiera millonarios recursos públicos sin cumplir con los criterios de transparencia necesarios. De acuerdo con los entes de control, las irregularidades detectadas provocaron un detrimento patrimonial estimado en $2.333 millones para las arcas de la ciudad.
Los implicados en este escándalo enfrentan cargos penales por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Inclusive, ya la Fiscalía ha radicado el escrito de acusación formal, lo que indica que el proceso ha avanzado hacia etapas definitivas de juicio.
Pese a que aún no ha finalizado el proceso penal, la Procuraduría General de la Nación ya dictó una sanción contra Alexandra Agudelo, imponiéndole una inhabilidad de ocho años para contratar con entidades públicas o ejercer cargos del Estado.
El manejo de la Caja Menor en la alcaldía de Daniel Quintero
El manejo irregular de recursos no fue solo a través de entidades, pues en medio del mandato de quien llegó a través del movimiento Independientes se presentaron presuntas irregularidades en el uso y destinación de los recursos asignados al despacho del exalcalde a través de la “Caja Menor”.
Sobre estas irregularidades, las autoridades indagan el uso de estos fondos públicos para cubrir cuentas en restaurantes de lujo ubicados en sectores exclusivos de Medellín, con facturas que incluían cortes de carne costosos, pulpo y vinos, gastos que no cumplirían con los criterios legales de necesidad y urgencia.
La Contraloría ha alertado sobre gastos por cerca de $117 millones relacionados con viajes oficiales del exmandatario. La entidad sospecha que hubo un doble reporte de gastos, donde algunos cobros por viáticos y viajes habrían sido cargados simultáneamente a la caja menor sin cumplir los trámites exigidos por la ley.
Respecto al caso, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General adelantan investigaciones formales contra Daniel Quintero Calle y su exsecretaria privada, María Camila Villamizar, además de otros funcionarios administrativos del período.
El caso de Aguas Vivas que complica a Quintero Calle
Junto a Buen Comienzo, otra de las investigaciones graves contra la administración de Quintero Calle es el caso Aguas Vivas, la cual está centrada en un presunto entramado para favorecer a particulares con un lote de propiedad pública.
El caso gira en torno a un predio de 147.000 metros cuadrados ubicado en la zona alta de El Poblado y Las Palmas. Este lote había sido cedido gratuitamente al municipio de Medellín en 2019 como parte de una obligación urbanística para la creación de un parque.
Sin embargo, la administración de Quintero presuntamente intentó revertir esa cesión para transformar el contrato en una compraventa, lo que obligaría a la ciudad a pagar más de $40.500 millones de pesos a favor de privados.
En esta investigación, la clave radica en el Decreto 412 de 2023, firmado por el exalcalde Daniel Quintero y su secretario general, Fabio Andrés García Trujillo.
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Para la Fiscalía y la Procuraduría, este acto administrativo modificó parcialmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sin la autorización obligatoria del Concejo Distrital; además, se habilitaron nuevos usos del suelo y se permitieron construcciones en áreas protegidas, lo que habría valorizado el lote hasta en un 2.000%.
El ente acusador sustenta su caso en un arsenal de 4.000 elementos de prueba, que incluyen actas de reuniones donde se omitieron conceptos jurídicos clave para forzar la conciliación económica sobre el bien que ya era público.
Sobre la investigación, ya la Fiscalía radicó un escrito de acusación contra 13 personas que incluyen a otros ocho secretarios y subsecretarios de carteras como Gestión Humana, Movilidad, Suministros y Planeación, vinculados principalmente por su participación en el Comité de Conciliación que avaló el millonario desembolso. El exsecretario general, Fabio Andrés García Trujillo, y Daniel Quintero Calle, también hacen parte del escrito de acusación.
Así va la lista de implicados asociados a Daniel Quintero Calle
Las diferentes investigaciones en contra de Daniel Quintero Calle también ha salpicado a su círculo familiar, como su hermano Miguel Quintero, quien es señalado por múltiples testigos ante la Fiscalía como el presunto coordinador de una red para el cobro de coimas a cambio de contratos en entidades como el AMVA, el Inder, Metroparques y la EDU.
Su esposa Diana Osorio, quien en algún momento sonó para reemplazarlo en la carrera a la Presidencia, también ha sido mencionada en investigaciones sobre la presunta ocultación de activos a través de sociedades creadas a nombre de terceros (como su prima Laura Upegui) para gestionar propiedades como un apartamento en Bogotá.
De su gabinete en la Alcaldía, aparte de los ya mencionados en los diferentes casos, ya fue inhabilitado quien fuera el secretario de Inclusión y Participación, Juan Pablo Ramírez, que fue destituido e inhabilitado por 14 años en primera instancia por presionar a contratistas para aportar dinero a la ONG “El Futuro se Parece a Nosotros”.
Esa oenegé, que habría servido para que los funcionarios de la Alcaldía hicieran presunta participación en política, ya también ha dejado como investigados por la Personería a Ana María Valle, exsecretaria de las Mujeres; Jennifer Andree Uribe, exsecretaria de Salud y Sergio Andrés López, exsecretario de Planeación.
51 investigados, de los cuales 37 son directamente exfuncionarios o contratistas, fue el saldo de la administración de Daniel Quintero Calle, quien ha minimizado las investigaciones pese a que en algunas se le acusa de delitos como presunto peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
Estos escándalos lo convierten en uno de los aspirantes a la presidencia más cuestionados, previendo esto que, en caso de que llegara a ocupar la Casa de Nariño, tendría que estar más enfocado en responder ante la justicia por los procesos pendientes que en administrar un país.
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