La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento, declaró responsable disciplinariamente a Juan Pablo Ramírez, exfuncionario de la pasada alcaldía de Daniel Quintero, por el caso de presuntas presiones a personal de la Secretaría de Inclusión Social para que hicieran donaciones con el fin de apoyar el proyecto político de Independientes.
La sanción del Ministerio Público para Ramírez, uno de los hombres más cercanos del círculo de Quintero, incluye su destitución e inhabilidad por 14 años para ocupar cargos públicos.
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El fallo, en primera instancia, también declara responsables a Juan Daniel Pulgarín, esxsubsecretario de Grupos Poblacionales, dependencia de la Secretaría de Inclusión, y a Fredy Alonso Agudelo, exsubsecretario de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios. Ambos fueron sancionados también con destitución y con inhabilidad por 12 años.
¿Por qué destituyeron e inhabilitaron a Juan Pablo Ramírez?
Este escándalo estalló luego de que María del Pilar Rodríguez, quien ejercía como directora de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión, denunciara en 2021 que la habían citado a ella y a otros subalternos a una reunión en un apartamento antes de la cual les quitaron los celulares. Inicialmente, Rodríguez presentó esta queja ante la Personería de Medellín.
En dicha reunión, que tuvo lugar el domingo 8 agosto de 2021 y a la que fueron convocados por WhatsApp, según indicó Rodríguez, les solicitaron hacer aportes de sus honorarios para apoyar el proyecto político de Daniel Quintero, por medio del movimiento Independientes, para lo cual hasta les entregaron un número de cuenta bancaria. Todo esto, a través de una corporación llamada “El futuro se parece a nosotros”.
Rodríguez ha sostenido que fueron alrededor de 20 directivos los convocados a esa reunión, que les dijeron que era un almuerzo y que se realizó en El Poblado. Cuando llegaron, al pedirles que entregaran los celulares, quedaron incomunicados por completo.
La exdirectora también denunció que les habrían dicho, de acuerdo con el relato que aún sostiene Rodríguez, fue que debían convertirse en miembros de la fundación “El futuro se parece a nosotros” y pagar cuotas mensuales de mantenimiento desde $20.000 hasta $200.000 dependiendo del monto de sus contratos. Esto, para apoyar el proyecto de Independientes, con el que Quintero se volvió alcalde y que pretendían extender a largo plazo con apuestas en las presidenciales.
Rodríguez asegura que se tomó esa reunión como una presión indebida para conservar su trabajo como directora de la Unidad de Niñez, el cual dejó casi dos meses después del encuentro y luego puso en evidencia las denuncias, con soportes como mensajes de WhatsApp, audios y la carta de afiliación a la ONG que les habrían dado el día del almuerzo, en la que incluso les habrían escrito la cuenta a la que debían consignar.
Tras conocer la queja de la exfuncionaria, en noviembre de 2021, la Personería inició indagación preliminar por estos hechos contra Ramírez y Pulgarín y en septiembre de 2022 abrió la investigación disciplinaria en contra de ambos, al tiempo que vinculó a Agudelo al caso.
El 5 de mayo de 2023, la Personería de Medellín cerró la investigación y corrió traslado para presentación de alegatos precalificatorios, que fueron presentados por el apoderado de Ramírez y Pulgarín solicitando la terminación y archivo de las diligencias. Para el 22 de febrero de 2024, la Personería archivó la actuación disciplinaria, decisión que fue apelada por la exdirectora.
El 20 de marzo siguiente, con la llegada del nuevo personero de Medellín, se revocó el archivo del caso y en abril siguiente la Viceprocuraduría General de la Nación dispuso de oficio ejercer el poder disciplinario, desplazar del conocimiento de la actuación disciplinaria a la personería Distrital de Medellín y asignar su conocimiento a la Procuraduría Disciplinaria de Instrucción para la Contratación Estatal.
Este caso volvió a sonar con fuerza en mayo de 2024, luego de que salieran a la luz nuevos elementos, concretamente unos audios que la abogada Gloria Jaramillo publicó en sus redes sociales, en los que se escuchan llamadas entre María del Pilar Rodríguez y Juan Daniel Pulgarín que darían cuenta de las presiones para que deje su cargo posterior a la reunión del 8 de agosto.
Por todos estos hechos, a Ramírez se le formularon dos cargos: “Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista” y “ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante”, ambas calificadas provisionalmente bajo la imputación subjetiva de dolo. A Pulgarín y a Agudelo les formularon solamente este último cargo.
Aunque los investigados negaron en los descargos su responsabilidad en los hechos, el Ministerio Público falló en su contra en esta primera instancia ante las distintas pruebas que se recopilaron en el proceso, entre las que también se encuentran los testimonios de otros exfuncionarios que conocieron la situación.
Ahora, con el fallo de la Procuraduría, tanto Ramírez como Pulgarín y Agudelo no solo fueron declarados responsables disciplinariamente de los hechos, sino que el Ministerio Público también negó la pretensión que hizo el abogado de Ramírez de expedir copias para investigar disciplinaria y penalmente a Rodríguez. Asimismo negó la solicitud que se hizo en el proceso de reconocer personería para actuar en el mismo a la apoderada de Daniel Quintero, en tanto que no es un sujeto procesal en esta actuación disciplinaria.
Tras este fallo de primera instancia, los destituidos pueden apelar ante la ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
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