Luego de seis días de su nombramiento como nuevo superintendente de Salud, el exalcalde Daniel Quintero enfrentará este miércoles el primer compromiso judicial, dentro de un proceso que trae pendiente de su paso por la administración de Medellín, relacionado con el escándalo de Aguas Vivas.
Este caso tiene que ver con un presunto esquema de corrupción urbanística en el que la Fiscalía investiga si desde la Alcaldía de Medellín, en el periodo en que gobernó Quintero, se tomaron decisiones para inflar el valor de un lote que lleva ese nombre con el fin de beneficiar a sus propietarios.
El proceso ha logrado avanzar a etapa de juicio, lo cual significa que los operadores judiciales han considerado que hay elementos probatorios suficientes para sustentar la acusación.
Acá Quintero está acusado por los presuntos cargos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, en tanto que su exsecretario general Fabio Andrés García está acusado de haber incurrido en presunto prevaricato por apropiación en favor de terceros y ocho altos exfuncionarios están respondiendo por presunto interés indebido.
Estos son Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.
Igualmente, tres particulares están respondiendo como posibles autores de peculado: Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas.
El caso de Aguas Vivas tiene que ver con el presunto negociado con un megaterreno de 147.000 metros cuadrados ubicado entre el sector de El Poblado y Las Palmas, en el oriente de la capital antioqueña.
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En diciembre de 2019 este fue traspasado sin costo a la Alcaldía con el fin de cumplir con obligaciones urbanísticas -así se llama a un compromiso de los urbanistas de generar espacio público por cada proyecto que emprenden- pero luego, en la administración de Quintero, intentaron que del erario pagaran más de $40.500 millones a las firmas IDC, Técnicas Constructivas y a Villegas; posteriormente esa misma administración devolvió el predio a sabiendas de que ya era un bien fiscal.
Y la tramoya se habría completado cuando, al haber fracasado los intentos previos por presuntamente favorecer a los particulares —que dicho sea de paso han tenido conexión con el exgobernador aliado de Quintero, Luis Pérez—, Quintero y García expidieron el decreto 412 de 2023, en el que ampliaban la posibilidad de uso del predio Aguas Vivas, lo que valorizaba el terreno. Esa es justamente la actuación que más tiene comprometido al exmandatario local, que lleva ya seis días fungiendo como superintendente.
La audiencia de este miércoles ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín fue citada a partir de las 8:30 a.m. En ella espera que el representante de las víctimas, Alfonso Cadavid, defienda esa condición que detenta la alcaldía como perjudicada por los presuntos actos de corrupción con el fin de que pueda seguir participando activamente en el proceso.
Luego, si el tiempo lo permite pues el límite de duración de la diligencia es el mediodía, los abogados de los acusados defenderían la petición de nulidad del proceso.
Una de las muchas razones para que el nombramiento de Quintero por parte del presidente Gustavo Petro fuera criticado es que tendrá que dividir su tiempo entre la vigilancia al sistema de salud, el cual está en una crisis continua y estructural, con la atención de sus líos legales.
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