Cuatro guardianes de la cárcel El Pedregal, localizada en el occidente de Medellín, fueron capturados tras ser señalados de acceso carnal a varias reclusas y tráfico de estupefacientes.
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Los aprehendidos en un operativo coordinado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía y la Fiscalía General de la Nación son tres dragoneantes y un auxiliar de ese centro de alta y mediana seguridad.
La operación fue el desenlace de cuatro meses de una investigación en la cual se habría obtenido material probatorio acerca de las conductas punibles de los presuntos implicados.
Estos, según consta en el expediente, habrían aprovechado su rol institucional para ingresar drogas, teléfonos celulares y licor, los cuales utilizaban luego como moneda de cambio para que las privadas de la libertad accedieran a sostener con ellos encuentros sexuales.
También de acuerdo con la indagación y según informó la administración distrital, estos se habrían valido de una interna para contactar a las víctimas e incluso en algunos casos las habrían puesto bajo estado de indefensión suministrándoles sustancias.
La investigación incluyó 14 entrevistas, diligencias de reconocimiento y análisis articulados con otros procesos judiciales. Con esto los organismos de investigación lograron documentar por lo menos seis episodios asociados a delitos sexuales y nueve relacionados con tráfico de estupefacientes.
Las capturas de los funcionarios del establecimiento carcelario se verificaron en el mismo El Pedregal, lo mismo que en los barrios Caribe y Castilla.
En la audiencia de legalización de captura la juez del caso halló mérito para imponerles medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
También, el lunes pasado, la Veeduría Penitenciaria de Colombia pidió que el Inpec investigue otros actos de presunta corrupción en la penitenciaría El Pedregal, por los cuales habría guardianas y guardianes logrando ganancias millonarias.
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En enero hubo en ese centro carcelario una protesta por la presunta extorsión a las que miembros de la guardia estarían sometiendo a las familias para permitirles el ingreso de comida ante un cierre temporal del rancho.
Lo que ocurrió, según la denuncia, es que los guardianes del Inpec estarían cobrando hasta $500.000 a las familias para permitir el ingreso de kits alimentarios y de comida en general. O en pocas palabras, haciendo negocio con el hambre de las personas privadas de la libertad.
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