El representante de la Procuraduría, José Luis Ochoa, apoyó ayer la petición de que Miguel Quintero —hermano del exalcalde Daniel Quintero— y Sebastián Ortega vayan a la cárcel mientras avanza el proceso que se sigue en su contra por presunta corrupción.
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El delegado del Ministerio Público abrió este lunes la audiencia en la que el Juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías deberá decidir al respecto.
En una corta exposición que duró poco más de media hora, Ochoa hizo un repaso de los argumentos que esgrimieron en sesiones previas la delegada de la Fiscalía y el representante del Área Metropolitana, Mayer Abushihab, y concluyó con la petición de que “se acoja la solicitud del representante de las víctimas”, reiterando que este está facultado legalmente para realizar ese requerimiento. Lo mismo, en resumidas palabras, había conceptuado también con relación a la delegada del organismo acusador.
Hace poco más de dos semanas, Quintero fue imputado por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, en tanto que Ortega responde por el segundo de estos cargos.
Ambos delitos estarían relacionados con la contratación por $17.656 millones que hicieron el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2022. Según la Fiscalía, ellos dos, más el ex subdirector administrativo y financiero del Área, Álvaro Villada, se habrían apropiado de $2.481 millones obtenidos de coimas y habrían sido coadyuvados por la entonces asesora jurídica Vanesa Álvarez (responde por presunto interés indebido en contratos).
En este caso judicial hay en total once personas comprometidas, entre ellos el exdirector de la entidad Juan David Palacio y el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid.
La semana pasada la fiscal 40 anticorrupción y el abogado Abushihab presentaron su argumentación acerca de por qué Quintero y Ortega deben estar entre rejas. Es más Abushihab llegó a decir que “ni la cárcel sería suficiente, pero sí es urgente”.
Estos dos penalistas hicieron cada uno largas disertaciones defendiendo su hipótesis de que Miguel Quintero y Ortega cumplen varios de los patrones para pedir el aseguramiento intramural, pues, en su concepto, representan un riesgo para la sociedad, existe la posibilidad de que obstruyan la justicia y ostentan condiciones económicas y de movilidad como para temer que se evada de sus compromisos con la justicia.
Según ellos, existiría una campaña orquestada por ambos indiciados para amedrentar a los testigos, la cual se ha puesto de manifiesto específicamente con Misael Cadavid (exgerente de los bomberos) y otra testigo que se han convertido en piezas claves por la información que han suministrado sobre la forma como operó el presunto tinglado corrupto que controló no solo el AMVA sino entidades como Metroparques, el Instituto de Recreación y Deportes (Inder) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), pero que también se habría aplicado en otras instancias del Distrito durante el periodo de Daniel Quintero.
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Citaron que con Cadavid habían usado una estratagema para disuadirlo de colaborar con la investigación mediante visitas de abogados a la cárcel y la presión a familiares, y que cuando vieron que esta no surtió efecto, la habrían combinado con el desprestigio de su estado mental y su comportamiento con el fin de desvirtuar sus declaraciones.
“La entidad (Procuraduría) analizó el cumplimiento de los requisitos legales, incluyendo la gravedad de los delitos, la pena superior a cuatro años y la existencia de elementos materiales probatorios como declaraciones y documentos que evidencian un esquema de corrupción. Asimismo, se justificó la necesidad de restringir la libertad basándose en el riesgo de obstrucción a la justicia, la posible intimidación a testigos y la probabilidad de no comparecencia al proceso. Tras verificar que las medidas menos invasivas resultan insuficientes para proteger los fines constitucionales, el delegado respaldó la petición para garantizar el desarrollo adecuado de la investigación”, resaltó Ochoa este 28 de septiembre.
Después de esto, comenzó su disertación el abogado Santiago Trespalacios, quien defiende a Miguel Quintero y partió de aceptar que la Fiscalía ha hecho un trabajo juicioso e impecable frente a la presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero. Adelantó que por esa razón decidió no cuestionar en esta etapa la “inferencia razonable” de la participación de Miguel Quintero en el presunto delito que le imputaron, un elemento que es esencial para pedir la medida de aseguramiento.
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