Las autoridades venezolanas anunciaron la excarcelación de 88 detenidos por las protestas tras las presidenciales de 2024, aunque oenegés advierten que no se trata de libertades plenas y cuestionan la falta de transparencia.
Las autoridades venezolanas anunciaron la excarcelación de 88 personas detenidas en manifestaciones luego de la reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, que la oposición denunció como fraudulentas.
Las comicios de hace 2 años desataron protestas que dejaron 28 muertes y 2.400 arrestos por el recrudecimiento de la represión policial después de que la oposición venezolana denunciara un fraude y ratificara la victoria de Edmundo González Urrutia, candidato apadrinado por la líder opositora María Corina Machado.
La justicia venezolana ha excarcelado a más de 2.000 detenidos desde entonces, según registros oficiales.
“Se han producido en las últimas horas 88 nuevas excarcelaciones, a personas privadas de libertad por delitos cometidos en el marco de acciones violentas, de sectores extremistas tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024”, informó el Ministerio del Servicio Penitenciario.
El texto detalla que el presidente Nicolás Maduro instruyó evaluar “de manera individual cada situación y adopta, conforme a la ley, medidas cautelares”.
Horas antes, diversas oenegés habían informado sobre la excarcelación de al menos 87 personas, una menos que lo dicho por las autoridades, la mayoría procedentes de la cárcel de Tocorón, estado Aragua (norte).
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad detalló que no cuentan con libertades plenas, porque “continúan en juicio y con medidas cautelares”.
La oenegé insiste en que “el país necesita una Amnistía General que otorgue libertad plena de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”.
Estas excarcelaciones coinciden con un aumento de la presión contra el gobierno de Maduro por parte de Estados Unidos, que desde agosto movilizó tropas al Caribe, determinó un cierre informal del espacio aéreo venezolano y ahora incauta buques petroleros sancionados cerca de Venezuela.
“Pese al contexto de permanente asedio contra la Nación, el Estado venezolano garantiza a las personas privadas de libertad un trato digno, el respeto a sus derechos humanos y la atención integral”, alega el comunicado del ministerio.
El 25 de diciembre se anunció la excarcelación de un grupo de 99 personas, aunque oenegés como Foro Penal solo lograron verificar 61 casos en ese momento. Se estima que aún hay más de 700 detenidos por motivos políticos en el país.
Tocorón era un centro de operaciones de la pandilla venezolana Tren de Aragua, que fue clausurada en 2023 y reabierta en 2024 específicamente para albergar a cientos de detenidos en las protestas poselectorales.
Foro Penal, oenegé que lidera la defensa judicial de muchos de los detenidos, destaca que la medida de este 1 de enero incluye también a dos “presos políticos” de la cárcel Rodeo I, ubicada en el estado Miranda. De acuerdo con testimonios, fueron trasladados en autobuses.
En las últimas semanas se registró un repunte de arrestos por motivos políticos, que contrastan con las excarcelaciones recientes.
El Servicio de Inteligencia (Sebin) detuvo a José Elías Torres, líder de la principal central sindical del país, y a Nicmer Evans, director de un portal de noticias. Las familias de ambos denuncian sus casos como desapariciones forzadas.
También fueron detenidos José Patines, dirigente sindical, y Melquíades Pulido, integrante del partido Vente Venezuela de Machado, aunque ambos fueron liberados poco tiempo después.
Un equipo de expertos de la ONU advirtió en septiembre un recrudecimiento de la persecución por motivos políticos en los últimos meses en Venezuela.
La oposición venezolana sostiene que estas liberaciones funcionan como una estrategia de “puerta giratoria”, mediante la cual salen unos presos e ingresan otros. También considera que los detenidos son utilizados con fines políticas.
“¡Son rehenes!, personas detenidas arbitrariamente, utilizadas para enviar mensajes, ejercer presión, disciplinar a la sociedad y luego liberadas de forma selectiva, sin verdad ni garantías, cuando conviene al poder”, denunció la semana pasada González Urrutia, quien desde 2024 vive en el exilio en España.
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