Los casos más visibles y mediáticos de los últimos meses han sido los del menor Kevin Acosta (paciente con hemofilia que murió tras completar dos meses sin medicamentos) y de la adulta mayor Cecilia Quintero (murió esperando sus medicinas en un dispensario en Cúcuta). Ambos, en situaciones distintas, murieron por hechos consecuentes de la crisis del sistema de salud. Sin embargo, sus casos son el reflejo de una ‘enfermedad’ que vive el sector, de la cual cada vez hay más evidencias y cifras aterradoras.
Pero los casos no paran. En Medellín, por ejemplo, Dioni Katerin Garcés (paciente diagnosticada con enfermedad huérfana llamada Fabruy) cada día se siente más débil y teme por su vida. Su aseguradora, la Nueva EPS, no le brinda sus tratamientos y controles con especialistas desde septiembre de 2024. Ni haber ganado una tutela le sirvió: completa nueve desacatos.
“Si yo no recibo la molécula, mi cuerpo empieza a deteriorarse, empieza a tener falla orgánica, hasta que finalmente llegamos a un deceso”, sostiene la paciente.
Al tiempo, más de 200 pacientes trasplantados en el país no saben dónde serán tratados. Según alertaron las fundaciones Retorno Vital y Asubim Pro, instituciones como la Clínica Shaio en Bogotá dejaron de atenderlos luego de que acabara el convenio con Nueva EPS ante la falta de pagos de la entidad.
Si una golondrina no hace verano, la cantidad que hay en el sistema de salud del país (como los nombrados en los anteriores párrafos) traduciría una sequía. Lo que Petro llamó el “chu, chu, chu” y la hoy senadora electa Carolina Corcho (Pacto Histórico) la “crisis explícita” está dejando cifras que sorprenden y dan miedo.
La Corte Constitucional dio a conocer estadísticas sobre las acciones de tutela que se presentaron ante los jueces de la República en 2025, entre las que destacan las interpuestas por temas que tienen que ver con la problemática que vive el sector sanitario.
Los datos de la alta corte advierten, en primer lugar, que en 2025 se presentó la mayor cifra de tutelas presentadas en la historia del país, con 923.397 acciones legales. Ese incremento se ha mantenido desde 2020, año en el que se ubicó en 292.555 y fue subiendo así: hubo 462.199 en 2021, 633.704 en 2022, 742.920 en 2023 y 912.614 en 2024.
Al respecto, esa corporación señaló que en lo que va corrido de 2026 “los despachos del país están remitiendo a la Corte Constitucional un promedio de 5.422 expedientes diarios”.
Ese incremento histórico trajo consigo cifras alarmantes sobre las acciones de tutela que se interpusieron por vulneraciones al derecho fundamental a la salud.
En ese sentido, las cifras evidencian que del total de tutelas de 2025, hubo 312.567 que se radicaron por temas de salud. Esa cifra subió en un 17,9 % en comparación con 2024, cuando se presentaron 265.173. Esto indica que hubo 47.394 expedientes más entre año y año.
Sin embargo, el incremento también dejó al descubierto que el 33 % de las tutelas presentadas en 2025 fueron por temas de salud. Lo anterior indica que una de cada tres de esas acciones legales que se presentaron ese año fueron por alguna dificultad en el acceso a servicios de salud.
Así mismo, esos números advierten que al día se interpusieron 856 tutelas por ese motivo: es decir, que los juzgados del país recibieron 35 de esas tutelas cada hora.
Los otros derechos más demandados vía acción de tutela fueron el habeas data (uso de datos personales), por el que se interpusieron 30.344, y el acceso a la administración de justicia, por el que se radicaron 33.932.
La Corte señaló que ese año de cada 100 expedientes de tutela radicados ante ese alto tribunal, 34 correspondieron a demandas por el derecho a la salud. Los departamentos con mayor tasa de tutelas por ese motivo son Amazonas (con 72), Arauca (con 66), San Andrés Islas (con 63), Caldas (con 59), Risaralda (con 54) y Vaupés (con 54).
Es tal la crisis en el sistema que la entidad más accionada en 2025 fue una aseguradora de salud. Y no cualquiera, sino la Nueva EPS, que desde abril de 2024 fue intervenida por la superintendencia del ramo y desde entonces está bajo administración del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esa EPS concentra el 12,6 % de las tutelas radicadas en todo el país durante ese año. A Nueva EPS le siguieron secretarías de movilidad, tránsito y transporte, con el 10,1 %, y los juzgados, con el 4,8 %.
No es en vano que organizaciones del sector civil —como Pacientes Colombia o la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer)— califican esa situación como una crisis humanitaria.
Fecoer contabiliza, hasta ahora, 2.563 (sí, dos mil quinientas sesenta y tres) personas fallecidas por enfermedades huérfanas que no fueron atendidas. Entre tanto, el vocero de Pacientes Colombia Antioquia, Gustavo Campillo, señala esto como un “homicidio hacia un volumen importante de pacientes” y como una “crisis social que vamos a tener que afrontar más temprano que tarde”.
La pregunta es cuándo y si será posible después del 7 de agosto de este año.
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