La investigación por el escándalo de corrupción en la UNGRD sigue escalando y ya alcanza a las más altas esferas del Gobierno Petro. César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública durante esta administración, fue imputado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, de los cuales se declaró inocente.
De acuerdo con la investigación, Manrique Soacha habría hecho parte de una organización criminal conformada entre 2023 y 2024 por funcionarios, contratistas y particulares, que se dedicó al direccionamiento ilegal de contratos de la UNGRD, especialmente en La Guajira.
Según el ente acusador, Manrique no fue un actor marginal, sino presuntamente uno de los líderes de la organización delictiva conformada para saquear los recursos públicos.
“Entre enero y marzo de 2024, usted obtuvo un provecho ilícito de 3.000 millones de pesos, producto de las coimas solicitadas y derivadas del contrato celebrado por la UNGRD con la Corporación Yapurutú, cuyo objeto consistió en adquirir 40 carrotanques pequeños”, informó la fiscal del caso, Maria Cristina Patiño.
El contrato con la corporación mencionada es uno de los ejes de la investigación y habría sido utilizado, según la Fiscalía, para encubrir pagos ilícitos a través de una red de intermediarios, entre los que figura Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado y empresario que también fue imputado durante la diligencia. Riveros habría servido como puente clave entre los intereses privados y los funcionarios que manipulaban los procesos contractuales desde adentro.
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La Fiscalía además acusó a Manrique de haber movido sus influencias para la modificación de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras por 100 mil millones de pesos.
“La investigación estableció que, entre marzo de 2023 y mayo de 2025, Manrique Soacha facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó el direccionamiento de los contratos que surgieran de estos recursos y una coima del 7%”, leyó la delegada.
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La imputación en su contra inició hace algunos días pero solo se pudo materializar este miércoles después de que la Corte Suprema de Justicia concluyó que el proceso penal contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, debía continuar en el Juzgado 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, tras descartar que las conductas que se le atribuyen tengan relación funcional con el cargo que ocupaba.
La defensa del exfuncionario había impugnado la competencia del juez argumentando que como ocupó el cargo de director de Función Pública, entre agosto de 2022 y noviembre de 2024, y dado que las imputaciones se relacionaban —según dijo— con su labor institucional, el proceso debía ser asumido por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, en virtud del fuero constitucional que lo cobijaba.
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