Cuando apenas faltan tres días para la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en Cali, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que cuestiona el traslado de la sede del Congreso a la capital del Valle del Cauca y ordenó a varias autoridades entregar información urgente antes de decidir si decreta una medida cautelar.
Se trata de una acción popular presentada por el ciudadano David Fernando Cano, quien considera que el cambio de sede podría vulnerar derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la transparencia, la legalidad del gasto y la seguridad pública.
“Las autoridades accionadas amenazan dichos derechos colectivos al ejecutar o permitir la ejecución del traslado de sede del Congreso para la posesión presidencial en Cali sin que exista información pública, completa, verificable y certificada sobre el acuerdo formal entre cámaras, costos, seguridad, logística, gestión del riesgo y soporte presupuestal”, sostiene el demandante.
Aunque el Tribunal aún no suspende el acto, sí requirió al Congreso y a las demás entidades involucradas para que remitan documentos y explicaciones antes de resolver la solicitud de medida cautelar de urgencia.
En la demanda, piden que se ordene la publicación de los acuerdos mediante los cuales se decidió el traslado de la sede del Congreso, que se certifiquen los costos del evento y que se abstengan de ejecutar recursos públicos adicionales mientras no se demuestre la necesidad, proporcionalidad y legalidad del gasto.
Logística de la posesión
Abelardo de la Espriella defendió la elección de Cali como sede de la ceremonia del próximo 7 de agosto e insistió en que se tratará de una investidura austera.
Según dijo, tendrá un costo “inferior a la mitad” del que tuvo la posesión presidencial de hace cuatro años. Sin embargo, la información pública en Secop disponible hasta el momento muestra que el Gobierno saliente ya dejó en firme los contratos, el pasado 25 de julio, para la organización del evento y su transmisión, cuyo valor conjunto asciende más o menos a 5.950 millones de pesos.
En términos exactos, será cerca de 950 millones más que lo que costó la posesión de Gustavo Petro en 2022. Pero, esta cifra, ajustada a la inflación, costaría en total un 12 % menos.
Sobre el tema, De la Espriella sostuvo que esos contratos fueron estructurados por la administración saliente, ya que todavía no ejerce funciones como presidente. “Si por mí fuera, tampoco me gastaría esa plata (...). En todo caso, le di instrucciones al secretario general de la Presidencia para que se ahorrara la mayor cantidad de recursos posibles y no se ejecutara la totalidad del presupuesto”, manifestó.
Entre esos costos no se cuentan los gastos adicionales que conlleva, por ejemplo, los tiquetes aéreos de los congresistas. El propio Congreso informó que esos desplazamientos serán cubiertos con recursos públicos.
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Las cuentas indican que podrían representar un gasto de entre 300 y 600 millones de pesos, aunque la cifra podría reducirse debido a que la bancada del Pacto Histórico no asistirá a la ceremonia, mientras que congresistas del Centro Democrático señalaron que asumirán con recursos propios sus pasajes y demás gastos.
Por su parte, De la Espriella afirmó que la ceremonia generará un impacto económico cercano a 10.000 millones de pesos para Cali gracias al aumento de la actividad en sectores como el hotelero, gastronómico, turístico, comercial, logístico y de servicios.
Según las proyecciones del mandatario electo, a la capital del Valle del Cauca llegarán alrededor de 6.000 visitantes, entre jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, empresarios, autoridades y representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales.
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