Una situación que genera inquietud en materia de control sanitario salió a la luz en el municipio de Zipaquirá, luego de que la Secretaría de Salud local reconociera no tener claridad sobre el funcionamiento de un consultorio médico ubicado dentro de un establecimiento de venta farmaceutica. El mismo que el presidente Petro hace un mes celebró.
Sobre esto, por medio de una petición ciudadana, se conocieron las declaraciones en las que se afirma textualmente que “la Secretaría de Salud de Zipaquirá reconoció que NO tiene claridad sobre cómo opera el consultorio médico dentro de Drogas La Rebaja CRA 10 # 7B-08”.
La información la dio a conocer el exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X (antes Twitter).
Sobre esto, Bravo cuestiona la acción, sobre todo por la legalidad del servicio prestado en ese punto. “¿Entonces quién autorizó consultas médicas en ese punto? ¿Bajo qué habilitación? ¿Quién responde ante un posible riesgo para los pacientes?”, dijo.
Los cuestionamientos apuntan directamente a la responsabilidad institucional y a los mecanismos de control que deberían garantizar la adecuada prestación de servicios de salud. Además, se señala que se irá a hacer una visita al centro.
Específicamente en la notificación presentada por la Secretaría de Salud, se señala que “teniendo en cuenta, que al corte 29/04/2026 la Secretaría de Salud de Zipaquirá desconoce de manera oficial el modelo implementado para la atención de los pacientes en la sede Drogas La Rebaja CRA 10 # 7B-08, por parte de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, se da traslado por competencia para que se emita respuesta a las solicitudes concretas y se informa que desde el municipio se visitará y enviará el resultado de la visita por concepto sanitario”.
La solicitud
Por otro lado, Bravo solicitó que se haga una “intervención inmediata de @Supersalud y de la Secretaría de Salud de Cundinamarca para verificar la legalidad sanitaria, habilitación real y condiciones de operación de ese consultorio”.
Esta visita sería clave para determinar si realmente el “consultorio” cumple con los requisitos exigidos por la normatividad vigente o si, por el contrario, se están vulnerando disposiciones legales que podrían poner en riesgo a los pacientes.
El cierre de centros de salud
En paralelo a esta denuncia, durante la última semana se han dado a conocer distintos casos de centros médicos en el país que atraviesan una grave situación que compromete la continuidad de sus servicios.
En la mañana del 5 de mayo, la Liga Colombiana Contra el Cáncer anunció la suspensión del servicio en Bogotá; la semana pasada, el Instituto de Cancerología y Nueva EPS tuvieron que llegar a un acuerdo de emergencia para garantizar tanto los pagos pendientes de una millonaria deuda como la atención de los afiliados.
Ayer, la Clínica Medical en Bogotá anunció el cierre de sus operaciones en centros de atención: “Sede Santa Juliana, Sede Norte, Sede Américas y Sede Toberín”. En estas ubicaciones será donde se dejarán de prestar los servicios de atención a los pacientes.
En un comunicado, la institución aseguró que esta determinación se debe a problemas de caja. “Debido a las dificultades en el flujo de recursos y a la cartera pendiente por parte de los aseguradores, la institución se ha visto en la necesidad de adoptar medidas operativas relacionadas con la prestación de servicios en algunas de sus sedes”, señaló.
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