Sandra Ortiz comienza a consolidarse como una testigo clave en el caso de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque aún no ha logrado cerrar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, ha venido asistiendo a las citaciones judiciales para declarar en procesos contra otros implicados.
Uno de esos procesos involucra a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle. La Corte Suprema de Justicia la citó a rendir testimonio el próximo 26 de mayo a las 9:00 a.m., en el marco de la investigación por presuntos sobornos relacionados con la aprobación de reformas promovidas por el Gobierno.
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La citación fue ordenada por el despacho del magistrado Francisco Farfán, luego de que la propia Ortiz solicitara ser escuchada como testigo, tras la ruptura de las negociaciones que adelantaba con la Fiscalía General. En un oficio firmado por ella misma, manifestó su voluntad de colaborar con la justicia y aportar información sobre el entramado de corrupción.
Según el expediente de la Corte Suprema, Ortiz habría entregado en octubre de 2023 un total de $3.000 millones en efectivo a Iván Name, en el edificio donde reside el senador. Estos pagos, de acuerdo con las investigaciones, habrían sido ordenados por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien habría desviado fondos de un contrato de suministro de carrotanques para La Guajira.
Iván Name y Andrés Calle fueron enviados a prisión preventiva y permanecen recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá. Sin embargo, sus abogados presentaron recursos solicitando la revocatoria de la medida de aseguramiento, argumentando que se trata de una decisión desproporcionada.
La defensa de Calle sostiene que no hay riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia, ya que ha comparecido a todos los llamados judiciales y no ocupa cargos públicos desde hace varios meses. Además, aseguran que no existe evidencia de apropiación de recursos estatales, pues, según la magistrada disidente Cristina Lombana, el supuesto soborno habría provenido de un préstamo privado del exsenador Pedro Castro, y no directamente del erario.
