El Consejo de Estado abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la salud menstrual en Colombia. Admitió una demanda que solicita eliminar las toallas higiénicas del listado de tecnologías y servicios que actualmente no pueden financiarse con recursos del sistema de salud. La decisión marca el inicio de un proceso judicial que analizará si estos productos, en determinadas circunstancias, deben ser considerados parte de la atención integral.
La acción fue presentada por el concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque (Alianza Verde) contra el Ministerio de Salud, con el propósito de revisar la legalidad de la Resolución 695 de 2026, expedida el pasado 16 de abril. En esa norma, las toallas higiénicas aparecen entre los elementos excluidos de la financiación estatal.
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Tras admitir la demanda, el alto tribunal ordenó notificar al Minsalud, que contará con un plazo de 30 días para presentar su defensa, aportar pruebas o formular las excepciones que considere pertinentes. Mientras avanza el proceso, la resolución continuará vigente y las reglas actuales no sufrirán modificaciones.
La demanda busca específicamente que se elimine la referencia a las toallas higiénicas incluida en la casilla 117 del listado de exclusiones. De prosperar la solicitud, estos productos podrían ser cubiertos con recursos públicos en los casos en que exista una justificación médica o social.
Uno de los principales argumentos de la acción judicial es que la menstruación no puede entenderse únicamente como un asunto de higiene personal, sino que, en determinadas condiciones, forma parte del derecho a la salud. Según el documento, existen pacientes con enfermedades como endometriosis, alteraciones hormonales o hemorragias uterinas que requieren un mayor consumo de productos menstruales, lo que incrementa significativamente sus gastos.
El demandante sostiene que esta situación afecta con mayor fuerza a mujeres de bajos ingresos, quienes en ocasiones deben destinar recursos limitados a la compra de estos insumos o prescindir de ellos para cubrir otras necesidades básicas. A su juicio, esa realidad evidencia la necesidad de revisar la política pública desde una perspectiva de equidad y atención integral.
Rodríguez Sastoque aseguró que el acceso a productos para la gestión menstrual no debería considerarse un lujo, sino una necesidad vinculada al bienestar y a la dignidad de las mujeres. El concejal recordó además que en 2024 promovió un proyecto de acuerdo mediante el cual Bogotá implementó la entrega de insumos de cuidado menstrual en instituciones educativas oficiales.
Como respaldo a la demanda, se incluyeron estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) correspondientes al periodo comprendido entre 2021 y 2023. De acuerdo con esas cifras, cerca del 11 % de las mujeres manifestó haber enfrentado dificultades económicas para adquirir productos menstruales, mientras que un 1,8 % indicó haber recurrido a materiales improvisados, como telas o papel higiénico, debido a la falta de recursos.
Los datos también muestran que las barreras económicas son más frecuentes entre mujeres en condiciones de vulnerabilidad y en quienes, por razones médicas, requieren utilizar una mayor cantidad de productos durante sus ciclos menstruales. Esta situación, según la demanda, puede afectar la asistencia a clases, el desempeño laboral y la participación en otras actividades cotidianas.
Con la admisión del caso, el Consejo de Estado deberá determinar si la exclusión de las toallas higiénicas se ajusta al marco constitucional y a los principios que orientan el derecho fundamental a la salud. En ese análisis también tendrá que valorar aspectos relacionados con la sostenibilidad financiera del sistema y los criterios que permitirían definir en qué casos podría aplicarse una eventual cobertura.
El proceso plantea una discusión de fondo sobre el lugar que ocupa la salud menstrual dentro de las políticas públicas. Más allá de la decisión final, el caso podría sentar un precedente respecto al reconocimiento de necesidades que durante años han permanecido al margen de la atención sanitaria, especialmente para mujeres con enfermedades que incrementan el sangrado o para quienes enfrentan mayores dificultades económicas para acceder a estos productos.
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- ¿Las toallas higiénicas las cubre el sistema de salud en Colombia?
- Actualmente no. Las toallas higiénicas continúan excluidas de la financiación con recursos públicos del sistema de salud, mientras el Consejo de Estado estudia una demanda que busca revisar esa decisión y definir si la norma debe modificarse.
- ¿Por qué el Consejo de Estado analiza si las toallas higiénicas deben financiarse con recursos públicos?
- El tribunal revisa una demanda que plantea que, en algunos casos médicos y sociales, las toallas higiénicas podrían formar parte del derecho a la salud. El análisis evaluará criterios constitucionales, sanitarios y financieros antes de emitir una decisión.
- ¿Quiénes podrían beneficiarse si las toallas higiénicas llegan a ser cubiertas por el sistema de salud?
- Si la demanda prospera, una eventual cobertura podría aplicarse bajo criterios definidos por las autoridades, especialmente para mujeres con condiciones médicas que aumentan el sangrado o que enfrentan dificultades económicas para acceder a estos productos.
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