Justo en medio de la crisis diplomática más severa entre Colombia y Estados Unidos, salieron a la luz pública delicados indicios de un controvertido proyecto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro estaría buscando venderle energía al régimen de Nicolás Maduro.
En una movida empresarial que ya contaría con la bendición del alto gobierno, dos pequeñas empresas creadas a finales del año pasado, manejadas por un empresario español salpicado en un escándalo de corrupción en ese país, estarían a las puertas de quedarse con un jugoso negocio.
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Más allá de los presuntos intereses particulares, el caso tiene bajo gran incertidumbre a varios pesos pesados del sector energético, desde donde se teme que transar con el régimen venezolano le termine saliendo caro a Colombia y se traduzca en sanciones económicas.
En días recientes, varias investigaciones periodísticas de medios como Blu Radio y Cambio destaparon varios detalles sensibles de la historia, sobre todo asociados a presuntos vasos comunicantes de la empresa que impulsa el proyecto con alfiles de la entraña del gobierno Petro.
Para comprender la denuncia hay que remontarse al 28 de enero de 2025, fecha en la que el Ministerio de Minas y Energía, entonces bajo la tutela de Andrés Camacho Morales, emitió la Resolución 40024, en la que se abrió la puerta para que se reactivara el intercambio de energía entre Colombia y Venezuela.
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En dicho momento, pese a que algunos expertos consideraron que esa cartera estaría asumiendo funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la iniciativa fue presentada como una medida temporal y solo con el objetivo de “garantizar una mayor disponibilidad de energía”.
“Se permitirá la implementación de interconexiones internacionales para niveles de tensión superiores o iguales a 110 kV, por un periodo máximo de doce (12) meses, que podrán ser prorrogables por el MME a través de circular, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución”, quedó estipulado en la norma.
Aunque décadas atrás el intercambio de energía entre ambos países fue significativo -realizándose sobre todo entre las estatales Isagen (Colombia) y Edelca (Venezuela)-, desde hace por lo menos diez años esa operación cesó y las líneas de transmisión quedaron abandonadas y obsoletas.
Las dos interconexiones más importantes eran Cuestecita-Cuatricentenario y Corozo-San Mateo, esta última la que al parecer se buscaría revivir.
Luego de ese primer empujón, el Ministerio de Minas continuó adelante con la operación y el 4 de junio de 2025, ya bajo la tutela del hoy ministro Edwin Palma, allanó el camino para una convocatoria pública para materializar el proyecto.
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A finales de ese mismo mes, el día 28, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) aprobó vía resolución un proyecto presentado por una empresa identificada como Activa. Aquí es donde la historia se pone interesante.
Según reveló la emisora Blu Radio el pasado miércoles, dicha empresa Activa fue constituida apenas el pasado 13 de noviembre de 2024, con su domicilio principal en un apartamento del norte de Bogotá y un capital suscrito de tan solo $25 millones.
No obstante, el detalle más llamativo de la constitución de la compañía fue que su representante legal aparecía identificado como Antonio Blasco Muñoz, un polémico empresario español involucrado en ese país en un escándalo conocido como el Caso Castellnou.
En resumidas palabras, dicho escándalo consistió en una denuncia por presuntos malos manejos del club de fútbol C.D. Castellón, en el que sus dirigentes fueron señalados de enriquecerse personalmente y desviar los fondos del club con facturas falsas, contratos inflados y presuntas operaciones financieras fraudulentas.
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Blasco Muñoz, dirigente del club, fue uno de los principales implicados y señalados de ser el cerebro de la trama, siendo uno de los que se declaró culpable en 2024 de los delitos de “falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida; un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales; administración desleal; alzamiento de bienes, y malversación de caudales públicos”, según reseñó el diario As.
A toda máquina, dicha empresa Activa comenzó a instar a ISA y Cens (filial del Grupo EPM) a negociar un posible uso de la línea Corozo-San Mateo.
Según publicó la revista Cambio este fin de semana, el atranque para Activa estaría precisamente en ISA y Cens, ambas empresas consientes de los riesgos de ser sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos en caso de embarcarse en el negocio.
Otro atranque para Activa, según señaló ese medio, ha sido su imposibilidad de registrarse como prestador ante la Superintendencia de Servicios Públicos, así como en XM.
En su investigación, Cambio reveló además la existencia de una segunda sociedad también creada por el empresario Blasco en noviembre de 2024, identificada como HT Industries Colombia S.A.S. E.S.P.
Esta segunda empresa abriría todavía más interrogantes que Activa, dado que habría sido apoyada por un abogado que, a su vez, integra un bufete propiedad de un miembro de la junta directiva de Ecopetrol.
“HT Industries tiene como representante legal suplente a Luis Alejandro Roa Caballero quien es líder de litigios de Moreno Servicios Legales, el bufete de abogados de Luis Ferney Moreno Castillo, actual miembro de la Junta Directiva de ISA (nombrado en febrero de 2024) y amigo personal del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien meses después de posicionarse lo nombró en el cargo”, denunció la revista, que sostuvo además que la controvertida firma HT no solo comparte edificio con el bufete sino hasta número telefónico en sus registros.
Más allá de esos presuntos vasos comunicantes, dicho entramado empresarial ha despertado preocupación por la posibilidad de que entes como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionen a las compañías colombianas que resulten involucradas en la transacción.
Cabe recordar que por cuenta de las sanciones que se han impuesto contra el régimen venezolano, negociar con empresas sancionadas solo sería posible con un permiso de la OFAC, escenario improbable tratándose de un proyecto de esta naturaleza y más en la actual escalada de tensiones entre las administraciones de Gustavo Petro y Donald Trump.
En medio de este panorama, ahora la preocupación para empresas como Cens sería la de salirse cuanto antes del manejo de la línea de transmisión en caso de que quienes mueven el negocio encuentren una forma de que el Gobierno Nacional ordene darle acceso a la red.
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