Richard Aguilar y Edwin Ballesteros están en juicio y, a la vez, en campaña. Mientras tanto, los testigos en su contra están en el exilio y, según dicen, “abandonados por la justicia”, según reveló Noticias Caracol.
El “clan Aguilar” y el poder en Santander
El llamado “Clan Aguilar” se ha dado el lujo de poner tres gobernadores en Santander: el coronel (r) Hugo Aguilar y sus hijos Mauricio y Richard. Este último es quien hoy busca volver al Senado a pesar de que en la Justicia se lleva un proceso en su contra.
De hecho, no es la única sombra que llevan. El propio coronel Aguilar tuvo un pasado como parapolítico, pero aun así pudo acumular poder a nivel regional para que sus hijos pudieran continuar con su proyecto de poder.
Los testigos exiliados
Claudia Yaneth Toledo fue secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander durante la administración de Richard Aguilar. Junto con su esposo, Lenin Darío Pardo, son testigos clave para la Fiscalía. Incluso, ambos confesaron haber formado parte de la estructura que habría direccionado contratos millonarios a cambio de coimas.
Con respecto a la aspiración de Aguilar, Toledo aseguró a Noticias Caracol que le parece “una actitud que es reprochable porque lo que están haciendo más bien es una fosa de mentiras”.
Por su parte, Pardo describió la mecánica delictiva que habría operado en la administración: “Cuando Richard Aguilar fue gobernador tenía todo un esquema de contratación corrupto en la gobernación y en algunas entidades... finalmente lo que tenían era un sistema corrupto de asignar las obras a las personas que ellos querían por un porcentaje de esa obra”.
La pareja huyó de Colombia junto a sus hijas. Como aseguraron, recibieron amenazas de muerte constantemente: “Fue una decisión forzada que nos vimos en la obligación de tomar por la seguridad, sobre todo de nuestras hijas y pues obviamente, por la seguridad nuestra. Ha sido un camino difícil”, contó Toledo.
Pardo calificó su situación actual como una forma de abandono por parte del Estado colombiano: “Otra cosa es la orfandad o lo que la justicia (...) termina haciendo con los testigos en el país”.
Lea también: “Cómo la ven”: ¿Es posible que una persona ciega sea jurado de votación? Esta es la historia de Juan David Pérez
¿Por qué Richard Aguilar y Edwin Ballesteros se enfrentan a la justicia?
Contra Richard Aguilar se lleva un proceso penal en Fiscalía por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por hechos que habrían ocurrido durante su mandato como gobernador entre 2012 y 2015.
“El entonces mandatario habría ordenado a algunos funcionarios de la Gobernación favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcio previamente señalados por él”, determinó en su momento la Corte Suprema de Justicia.
Aunque se reitera que el caso pasó a la Fiscalía, a finales de 2022, Aguilar recobró la libertad por vencimiento de términos.
Los documentos de la Fiscalía a los que se hace alusión dirían que Aguilar habría liderado un “concierto criminal”, y además habría impartido órdenes precisas para el cobro de coimas del 10% sobre el valor de cada contrato.
Este dinero, presuntamente, terminaba financiando campañas políticas de sus aliados, como la de Edwin Ballesteros, exdirector de la Empresa Santandereana de Servicios Públicos, quien también busca regresar al Congreso tras haber renunciado a su curul al ser vinculado al proceso.
Julio Acelas, director del Observatorio Ciudadano de Santander, calificó el retorno de estos políticos como un desafío a la ética pública: “Es absolutamente condenable y vergonzoso que políticos procesados y cuestionados (...) regresen como si nada después de casi burlar la justicia, a pedir el favor popular posando de víctimas, simulando ser hombres de luz”.
Lea también: Exclusivo | Alertas y líos del contrato por $10 mil millones para defender a Petro que firmó el hijo de un ministro
¿Qué dicen las defensas de Aguilar y Ballesteros?
La defensa de Richard Aguilar apuntó que el proceso avanza con normalidad y que contarían con más de dos mil pruebas documentales para controvertir a la pareja de exiliados, a quienes señalan de buscar “beneficios judiciales”.
Entretanto, el abogado de Edwin Ballesteros defendió la presunción de inocencia del excongresista y aseguró que “no cometió ningún delito y en el juicio demostraremos que no conoció a las personas que lo mencionan.