En las últimas horas se conoció que el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, acudió a la Fiscalía General de la Nación para informar que evalúa la posibilidad de suscribir un preacuerdo o acogerse a un principio de oportunidad dentro del proceso que enfrenta por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Justamente, esta decisión se conoce un día después de su salida de Ecopetrol.
El 30 de julio, en su último día al frente de la compañía, Roa Barragán se despidió del cargo con una rueda de prensa en la que defendió su gestión, marcada por cuestionamientos sobre los resultados financieros de la estatal y por los procesos judiciales que enfrenta. Allí aseguró que dará la cara ante la justicia y que no tiene previsto salir del país tras dejar la presidencia de la petrolera.
La Fiscalía le imputó en mayo el delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales, luego de varios aplazamientos de la audiencia. La diligencia conocida este jueves se produjo en medio de ese proceso.
Su defensa, según información de Caracol Radio, precisó que, por el momento, no habría un acuerdo para acceder a beneficios judiciales.
El abogado Juan David León señaló que continúan trabajando en la estrategia de defensa del expresidente de Ecopetrol en el caso por la presunta violación de topes electorales.
¿Qué se sabe?
En mayo de este año, la Fiscalía General de la Nación imputó a Ricardo Roa luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que concluyó —por seis votos contra tres— que la campaña Petro Presidente 2022 ocultó gastos y superó los topes establecidos por la ley en una suma superior a los $3.000 millones.
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Según el CNE, en la primera vuelta presidencial del 29 de mayo de 2022, la campaña excedió los límites de ingresos y gastos en $2.459 millones y omitió reportar operaciones por $2.611 millones, por lo que se ordenó la devolución de $2.447 millones al Estado.
En la segunda vuelta, celebrada el 19 de junio de ese año, el exceso en los gastos fue de $583 millones, mientras que la omisión de reportes ascendió a $1.087 millones. En total, las irregularidades detectadas superaron los $3.500 millones.
Entre los gastos no reportados figuran pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas y costos de transporte aéreo. El CNE también concluyó que parte de los recursos provinieron de fuentes prohibidas y que algunos aportes no fueron debidamente declarados.
Esta imputación se produjo al momento, justamente, en que Roa inició un periodo de vacaciones autorizado por la junta directiva de Ecopetrol. Durante ese tiempo, el ingeniero Juan Carlos Hurtado, primer suplente de la presidencia de la compañía, asumió temporalmente sus funciones.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué Ricardo Roa busca un preacuerdo o principio de oportunidad con la Fiscalía?
- Tras su salida de la presidencia de Ecopetrol, Ricardo Roa acudió a la Fiscalía General de la Nación para evaluar la posibilidad de negociar un preacuerdo o acogerse a un principio de oportunidad dentro del proceso judicial que enfrenta por la presunta violación de los límites de gastos en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Su defensa aclaró que, por ahora, se trata de una exploración estratégica y que no se ha cerrado un pacto formal con la justicia.
- ¿De qué delito se le acusa a Ricardo Roa y cuáles fueron los hallazgos en la campaña de Gustavo Petro?
- La Fiscalía imputó a Ricardo Roa el delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales. La investigación surge del fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual determinó que la campaña Petro Presidente 2022 ocultó gastos y violó los topes legales por una suma superior a los $3.500 millones de pesos en ambas vueltas presidenciales, omitiendo reportes de transporte aéreo, pagos a testigos electorales y donaciones no autorizadas.
- ¿Cuáles fueron las irregularidades y montos específicos que detectó el CNE en la campaña de 2022?
- Según el CNE, en la primera vuelta la campaña superó los límites en $2.459 millones y omitió $2.611 millones (ordenando la devolución de $2.447 millones al Estado). En la segunda vuelta, el exceso registrado fue de $583 millones con una omisión de reportes por $1.087 millones. Entre las irregularidades figuran aportes de fuentes prohibidas, costos aéreos no declarados y giros directos a testigos electorales.
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