El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la demanda de la Procuraduría que pide la nulidad de los convenios entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción del nuevo modelo de pasaportes colombianos.
Uno de los primeros en reaccionar a esta decisión judicial fue el presidente Gustavo Petro, quien este miércoles dijo en X: “Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales”.
Añadió que sabía cuál sería la reacción ante sus palabras, pero que la intención de censurarlo era permitir que se adjudicara el contrato de pasaportes. Señaló que la empresa beneficiaria, Thomas Greg, buscaría devolver el favor en el escrutinio. Según él, los pasaportes no volverían a Thomas Greg & Sons, ni siquiera si se regresaran los tiempos de Ordoñez.
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Los argumentos de la Procuraduría
La demanda presentada por la Procuraduría cuestiona un acuerdo firmado entre las partes por más de $1,3 billones, que, según el organismo de control, presenta serias inconsistencias relacionadas con su financiación.
Por esa razón, ese Ministerio Público pidió que los recursos que ya se hayan desembolsado regresen al país y que el Gobierno evalúe otras alternativas para la expedición de pasaportes.
En la pretensión principal de la demanda, la Procuraduría solicita la nulidad absoluta del convenio firmado el 28 de julio de 2025 con una persona extranjera de derecho público, celebrado entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Imprenta Nacional Casa da Moneda de Portugal, para efectos de cooperación y participación.
Entre lo considerado por el Tribunal, en la decisión de no aceptar el recurso de reposición radicado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, “está que la nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no es susceptible de ser ratificada por las partes”.
Uno de los principales reparos del ente de control es que el convenio no tendría garantizados los recursos para su ejecución. De acuerdo con el numeral quinto del acuerdo, este “no cuenta con recursos para su ejecución”, y establece que las entidades deberán apropiar los fondos necesarios en cada vigencia fiscal para poder suscribir los contratos derivados de la prestación del servicio.
La Procuraduría también señaló que, aunque el acuerdo se tramitó bajo las reglas de contratación con organismos internacionales, estas no se habrían cumplido plenamente.
Según el análisis del Ministerio Público, los aportes de la Imprenta Casa da Moneda de Portugal representarían apenas el 21 % del valor total del convenio, lo que incumpliría el requisito legal que exige una financiación mínima del 50 % por parte del organismo internacional.
Además, el órgano de control sostuvo que se habría omitido realizar un proceso competitivo de selección, lo que, a su juicio, vulneraría principios fundamentales de la contratación pública como la selección objetiva, la transparencia, la libre concurrencia y la igualdad.
Otro de los puntos señalados es que la Imprenta Nacional de Colombia no tendría la capacidad técnica ni operativa para ejecutar el contrato. Según la Procuraduría, su papel se limitaría principalmente a recibir capacitaciones y gestionar pagos, lo que implicaría subcontratar la mayor parte de la operación con la entidad portuguesa.
Con base en estos argumentos, el Ministerio Público solicitó al Tribunal que declare la nulidad absoluta del convenio de cooperación y participación firmado el 28 de julio de 2025, cuyo valor fiscal asciende a más de $1.3 billones.
También pidió que se ordene a la empresa extranjera contratista devolver en su totalidad los recursos que haya recibido como contraprestación por la ejecución del acuerdo.
Petro mintió: los pasaportes nuevos no se producen en Colombia
Los primeros pasaportes del nuevo modelo no se imprimen en Colombia: llegaron directamente desde Europa.
Así lo reveló en exclusiva EL COLOMBIANO, el pasado domingo 8 de marzo, al encontrar que dos días antes de que el presidente Gustavo Petro presentara el rediseño del documento, aterrizaron en Bogotá 2.000 libretas elaboradas y enviadas desde la Imprenta Nacional Casa de la Moneda de Portugal, como parte de un paquete de 193.000 unidades previsto para ser entregado antes del 1 de abril.
Esta información contrasta con lo afirmado públicamente por Petro, quien aseguró que “ya están los pasaportes aquí, están las máquinas y los producimos. Habrá 50.000 entregados hasta abril y seguirá, por siempre, con una base de datos cuidada por la Imprenta Nacional”.
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Los documentos obtenidos por EL COLOMBIANO muestran que esas declaraciones no reflejan la realidad del proceso de producción. El hallazgo de estos documentos ocurre en el marco de la demanda que analiza la legalidad del convenio entre Colombia y Portugal para la producción de pasaportes.
La acción, promovida por el abogado Nicolás Dupont, cuestiona el acuerdo interadministrativo firmado entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, así como también entre Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, argumentando que excluyó al sector privado y carece de estudios técnicos previos, verificación de costos y comprobación de capacidad operativa.
EL COLOMBIANO obtuvo documentos en primicia que evidencian cómo el presidente Petro habría mentido con la información del polémico nuevo modelo de pasaportes que produjo la salida de la excanciller Laura Sarabia hace unos meses y antes la del polémico exministro Álvaro Leyva.
Un documento del 17 de febrero de este año, firmado por la canciller Rosa Villavicencio, fue enviado al despacho del magistrado Moisés Mazabel, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La comunicación hace parte del expediente de una demanda que examina la legalidad del convenio para producir pasaportes entre Colombia y Portugal.
Se trata del proceso originado por el abogado Nicolás Dupont, quien busca tumbar el acuerdo firmado con Portugal, argumentando que el proyecto para la producción y personalización de pasaportes excluyó al sector privado mediante un convenio interadministrativo entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.
El demandante, quien habló con este diario, también ha argumentado ausencia de estudios técnicos previos, falta de documentos que acrediten capacidad técnica, costos indeterminados y sin verificación de cumplimiento del cronograma.
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