La participación de distintos actores políticos en la contienda electoral comienza a generar alertas por una posible intervención indebida de funcionarios públicos en política, una práctica prohibida por la ley. Frente a este panorama, el procurador Gregorio Eljach advirtió que varios ministros del Gobierno ya se encuentran bajo la lupa de la entidad.
Según el procurador, las quejas han transitado ya por diversas fases, desde la calificación hasta la apertura de investigaciones formales que buscan determinar si el aparato estatal ha sido utilizado para favorecer causas partidistas.
La información la dio a conocer en medio de una entrevista radial en Caracol Radio, donde aseguró que ya avanzan 89 expedientes contra funcionarios por su supuesta intervención en política; incluso, advirtió que algunos casos están a punto de formalizarse con un pliego de cargos.
“Tengo la aspiración de que eso sea rápido y que Colombia se entere de esos resultados, no sé si positivos o negativos, pero habrá”, dijo.
¿De quiénes se trata?
Según información publicada por Semana, uno de los nombres más recurrentes en este expediente es el del ministro del Interior, Armando Benedetti.
Uno de los episodios centrales que nutren las dos indagaciones previas en su contra se remonta a una publicación en la red social X el pasado 17 de enero.
En dicho mensaje, el alto funcionario afirmó con contundencia que “ningún candidato a la presidencia le ganaría a Gustavo Petro si hubiera reelección”.
De igual manera, el historial de Benedetti incluye pronunciamientos realizados en marzo de 2025, donde instó a la creación de un “frente amplio progresista” para derrotar a las candidaturas de derecha.
Por otro lado, la cartera de Transporte también se encuentra bajo escrutinio. La ministra María Fernanda Rojas enfrenta un proceso disciplinario derivado de su participación en un foro académico en la Universidad Nacional, sede Manizales, durante agosto de 2025.
Según lo que encontró la Procuraduría, la funcionaria habría sostenido una pancarta en apoyo al partido Alianza Verde mientras se discutía el futuro de la Autopista del Café. Este gesto es analizado por la Procuraduría como una posible participación en política de la funcionaria.
Involucrado en estas investigaciones también se encuentra el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Su indagación se desprende de un polémico mensaje publicado en sus redes sociales en respuesta a la alianza entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria a finales del año pasado.
El ministro calificó dicho acuerdo político como “la alianza de la parapolítica y el neoliberalismo”, lo que inmediatamente activó las alertas de la Sala Disciplinaria de Instrucción.
Por último, está el exministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, quien también dejó procesos abiertos tras su renuncia en octubre de 2025.
En una entrevista concedida antes de dejar su cargo, Montealegre expresó unas palabras que dejaban ver sus afinidades políticas, afirmando: “me identifico más con el proyecto político y la concepción del mundo que tiene Iván Cepeda”, al tiempo que lanzaba dardos contra la candidatura de Abelardo De la Espriella.
Esos son los cuatro nombres que estarían bajo el escrutinio de la Procuraduría General de la Nación, luego de que en determinados momentos hayan presuntamente incurrido en participación de política siendo funcionarios públicos.
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