Mientras en Bogotá se debate la posesión de Abelardo De la Espriella en el Cauca, en el desierto de la Alta Guajira se sigue consolidando una ‘alcaldía de facto’ que ya administra millonarios recursos del Estado.
EL COLOMBIANO investigó y encontró cómo la asociación familiar del clan Wouyurí Valbuena, vinculada al expromotor de la Constituyente de Petro, habría cooptado la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para favorecer a quienes respaldan su liderazgo y la creación de la Entidad Territorial Indígena (ETI) Wuinpumüin, en el extremo norte de La Guajira.
Aunque la figura política es Armando Wouyurí Valbuena, expresidente de la ONIC y cercano al mandatario saliente, las denuncias documentadas por autoridades tradicionales de Uribia apuntan principalmente a sus hermanos Custodio y Taidé.
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El primero está a cargo de la Asociación Wayuu Araurayu, que administra la ETI, mientras la segunda coordinaría la ejecución de los recursos y, según los testimonios recogidos por este diario, decide la entrega de ayudas del ICBF, presuntamente excluyendo a las comunidades que los han criticado.
La ETI Wuinpumüin, cuya creación habría carecido de una consulta previa amplia, asumió el control de una tercera parte del territorio de Uribia: 257.408 hectáreas y nueve corregimientos estratégicos.
Con ello, el clan aspira a administrar directamente un presupuesto proyectado de $64.512 millones en 2026, sin intermediación de la Alcaldía ni la Gobernación. Sin embargo, ese escenario podría cambiar, pues el presidente electo De la Espriella anunció que derogará los decretos que dieron origen a las 21 ETI creadas en el país, como lo reveló este diario.
En ese contexto, los Wouyurí Valbuena buscan mantener el control del Modelo de Atención Integral (MAI), el programa del ICBF para la atención del pueblo Wayúu basado en sus costumbres.
Así operan
Este periódico accedió en exclusiva a chats de un grupo de WhatsApp llamado “OPERADORES 2026”, que se ha convertido en una pieza clave de la denuncia sobre la presunta coordinación directa entre el ICBF y las organizaciones aliadas a la ETI de los Valbuena.
“Se estarán realizando unas reuniones por municipios y las autoridades que deseen para entregarle el mandato a la doctora Astrid (directora del ICBF) de la mano de las autoridades para que se pueda hacer el acto administrativo de la modalidad MAI, dice el mensaje.
Y continúa: “Estos dos fines de semana se darán las reuniones a la que haya lugar. Y el día 28 (de julio) será en Riohacha, donde la doctora Astrid y su equipo harán la entrega formal de la resolución de la modalidad MAI. En Uribia, con las autoridades y líderes que deseen asistir, una de las reuniones con la doctora Astrid y su equipo será en el colegio Nortechón a las 8:00 a. m. Bendiciones”.
Las fuentes consultadas, que hacen parte del grupo, cuentan que por ahí se imparten directrices claras que evidencian cómo se estarían saltando los protocolos de concertación con las autoridades ancestrales para favorecer el nuevo modelo administrativo de los todopoderosos Wouyurí Valbuena.
Frente a esta denuncia, este diario habló con tres líderes en territorio que cuentan que bajo la dirección de Astrid Cáceres se ha priorizado un decreto administrativo por encima de la autonomía de los clanes tradicionales arraigados por años en la región, forzándolos a someterse a la ETI de los Valbuena al exigir a las comunidades un aval firmado por Custodio Valbuena para permitir que cualquier operador ingrese a sus territorios.
Quienes defienden la autonomía de sus clanes y critican la gestión de Taidé Valbuena y sus hermanos están pagando un precio muy alto. Yelice García, en el corregimiento de Taroa, denuncia que más de 3.000 niños en su zona quedaron sin atención alimentaria por el “capricho” de la ETI y señala al ICBF de imponer trabas administrativas insalvables para los operadores independientes.
A esta voz se suma la de María González en Guarepá, quien asegura que hay cerca de 1.200 niños en su zona sin recibir alimentos y denuncia que llevan siete meses “castigando a niños inocentes que no tienen nada que ver con política”, advirtiendo además que la directora del ICBF ignora sus mensajes.
Por su parte, Ronaire González desde Tahuaira advierte que ya van para el octavo mes sin atención para aproximadamente 1.400 niños en varios corregimientos, y explica que la imposición de un mando unificado viola la estructura tradicional Wayuu, basada en clanes completamente autónomos.
Este diario conoció que el ICBF desde esta semana estaría acelerando todos los procesos para garantizar que las raciones de comida sean entregadas.
¿Modifican los documentos?
Mientras miles de niños enfrentan la desnutrición, la maquinaria financiera de los Valbuena opera a toda marcha. Entre 2023 y 2026, la asociación Wayúu–Araurayú ha suscrito contratos por más de 20.038 millones de pesos.
Tan solo el pasado 16 de febrero, la asociación de los Wouyurí Valbuena, representada por una persona llamada Rafael Iguarán, firmó un contrato con el ICBF para la atención en Manaure del pueblo Wayúu por un valor inicial cercano a los 409 millones de pesos.
Aunque quien firma es Rafael Ángel Iguarán Montiel, el Registro Único Tributario confirma que Custodio Valbuena es el representante legal suplente desde 2015. Los documentos de supervisión a cargo del ICBF muestran un alarmante divorcio entre los reportes de Bogotá y la realidad en el desierto.
La supervisora del contrato, Gloria María Barliza Uriana, certifica mes a mes que el operador cumple con la nutrición basándose exclusivamente en fotos y listados alojados en un archivo de SharePoint, omitiendo registrar las denuncias de la comunidad.
A pesar de los informes positivos, el ICBF se vio obligado a aplicar un descuento de más de 22 millones de pesos en el pago de julio de 2026 admitiendo que no hubo ejecuciones del servicio de agua potable y un inicio tardío de la atención por parte de la Asociación de los Wouyurí Valbuena, firmantes del contrato.
Pese a fallar en el suministro de un servicio tan vital como el agua en plena Alta Guajira, hasta la fecha el ICBF ha efectuado tres desembolsos a la asociación “Wayuu Araurayu”, sumando un total pagado de $180.567.679, recursos que han sido transferidos a una cuenta de ahorros, según constató este diario con soportes.
El desglose de los pagos realizados es: un primer desembolso de $41.883.168 certificado el 17 de abril de 2026 por la etapa de alistamiento; un segundo pago de $59.486.567 autorizado el 22 de junio de 2026 correspondiente a la ejecución de marzo; y un tercer desembolso de $79.197.944 certificado el 10 de julio de 2026 por el periodo de abril-mayo. Este último pago contempló un descuento de $22.558.424 debido a inejecuciones en el suministro de agua potable e inicio tardío del servicio.
Las denuncias apuntan a que los recursos destinados a la infancia están siendo utilizados como herramientas de control político y clientelismo por parte de los hermanos Valbuena.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Custodio Valbuena recurre a diversas “maromas” argumentativas para evitar dar detalles concretos sobre la contratación de la asociación Wayuu Araurayu. Al ser cuestionado específicamente por el contrato de más de 400 millones de pesos en Manaure, asegura desconocer la situación en dicho municipio afirmando que en La Guajira existen entre 240 y 260 asociaciones, y que solo en Manaure hay al menos 30.
Custodio justifica el incumplimiento diciendo que “ese es un tema de política de estado que desde 30 años no se ha podido”. Además, niega que su hermana Taidé sea parte de la asociación.
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